El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, cuestionó por la 750 la decisión del Gobierno de Javier Milei disolver la Administración General de Puertos, que gestionaba la Vía Navegable Troncal (la también llamada hidrovía), punto clave para el transporte marítimo internacional.

Para Domínguez, esta decisión marca el “colonialismo cultural” y muestra cómo, a pesar de que pasan los años, la discusión en Argentina en siempre la misma: quién se queda con los beneficios de los recursos naturales que tiene el país.

En este caso, quien goza la explotación de esta vía que comienza en el estado del Mato Grosso en Brasil y pasa por Bolivia, Paraguay y culmina al final del Río de la Plata, en Argentina. Un lugar por donde pasa gran parte de la exportación e importación de la región con más de 3.600 km.

“Lo que hay es una entrega de los resortes nacionales. El Paraná es un río argentino, no una hidrovía del mercado internacional. Desde los 90 hay una visión de entrega absoluta de lo que es el río Paraná”, se lamentó el exministro.

Pero añadió que la discusión es mucho más vieja: “Acordate lo que fue la Vuelta de Obligado (de 1845), para evitar que los ríos interiores sean parte del tráfico internacional sin ningún tipo de beneficio. Hoy la discusión es la misma. No se puede desarrollar una nación si no puede gobernar su propio tráfico interno”.

En este punto, añadió: “Esto forma parte de una cultura colonial donde todo el mundo aceptó que nosotros seamos parte del tráfico internacional. Es parte de una entrega conceptual de los resortes de Argentina. Forma parte de un colonialismo cultural, incluso de nuestra dirigencia”.

“El río es soberanía. Y todos los que lo usen deben dejar beneficios al pueblo, no a los grandes grupos de renta globales. Los resortes de la nación son del pueblo argentino, como pasó cuando se nacionalizó YPF”, afirmó quien entonces era presidente de la Cámara de Diputados al momento de la estatización.

Más críticas a la privatización

Por su lado, el presidente del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko, también se manifestó crítico de esta decisión. Para él, “el Gobierno está desmantelando todas las herramientas del Estado para producir una posibilidad de fortalecer la soberanía”.

“Los últimos dos años, cuando la AGP tomó la administración del canal de navegación troncal, debido a que había fracasado la licitación de la mal llamada hidrovía, posibilitó que se viera que hubo superávit”, recordó.

Y puso blanco sobre negro: “Un organismo del Estado, donde uno podrá mirar cómo funciona o no, pero durante 30 años no produjo un solo peso, y en dos años produjo un resultado positivo de 30 millones de dólares”.

“Imaginemos lo que significa 30 millones de dólares por 30 años. Eso se podría haber usado para hacer el Canal Magdalena, mejorar los accesos, hacer obras. Lo único que plantearon algunos sectores que respaldan la privatización, como la Bolsa de Rosario, lo hicieron por una cuestión ideológica”, se lamentó.

Luego, finalizó: “Ahora, poner de vuelta la posibilidad de que vaya renovable a 30 años es, desde el punto de vista económico y técnico, una barbaridad. Es una entrega absoluta a manos privadas de algo que quedó demostrado cómo se puede mejorar desde la administración pública”.