El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta condenó a penas de entre tres y ocho años de prisión a cuatro hombres por el transporte de 314 kilos de cocaína que estaban ocultos en la caja de un móvil del cuartel de bomberos voluntarios de Aguas Blancas. En cambio, el jefe del destacamento, que también llegó a juicio, fue absuelto y se ordenó la devolución de la camioneta utilizada para el delito.

El juez Domingo Batule y las juezas Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi condenaron el 30 de diciembre último a Julio Armando Araníbal y a Andrés Florentín Salto -integrante del cuerpo de bomberos- a siete y ocho años de prisión como coautores del "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes". En tanto que Nahuen Galarza, que también integraba el cuartel y era hijo del jefe, Fredi Galarza, fue condenado a cuatro años y seis meses, dado que se le aplicó el instituto de reducción de pena previsto para el imputado colaborador. 

Finalmente, Federico Gastón Reyes, recibió tres años de prisión en suspenso, como partícipe secundario del mismo delito, por lo que quedó en libertad con medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país.

Este caso fue llevado adelante por la fiscal interina de San Ramón de la Nueva Orán, María del Carmen Núñez.

El 15 de marzo de 2024 una patrulla del Puesto 28 de Julio de la Gendarmería Nacional realizaba un control vial sobre la ruta nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, detuvo la camioneta Volkswagen Amarok del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas, que era manejada por Nahuen Galarza e iba en compañía de Reyes.

Al revisar el vehículo los gendarmes advirtieron en la parte trasera doce cajas medianas, envueltas con cinta de embalar marrón, con apariencia de encomiendas. Al abrir las cajas hallaron 300 paquetes tipo “ladrillos” apilados. La prueba de campo determinó que se trataba de 314 kilos de cocaína, con un 88% de pureza y con capacidad para producir 2.675.118,96 dosis.

Además, en la requisa también se incautaron los teléfonos celulares de Galarza y Reyes, una pistola 9 milímetros y un cargador con 14 balas, sin documentación que avalara su tenencia o portación.

A partir del aporte de uno de los detenidos -en calidad de arrepentido- la fiscalía pudo establecer que las maniobras para el transporte de la droga se habían iniciado el 5 de marzo, cuando la cocaína ingresó al país desde el Estado Plurinacional de Bolivia. La carga estuvo oculta en la vivienda de Araníbal, ubicada en el asentamiento El Paltar de Aguas Blancas y a 500 metros del límite fronterizo.

Con la cocaína en su poder, los  ahora condenados simularon asistir a un automovilista que casualmente tuvo un desperfecto cerca de la vivienda de Araníbal. De acuerdo a la fiscalía, fue una pantalla desplegada por Salto para trasladar la droga hasta el cuartel de bomberos, de donde luego Galarza y Reyes la trasladaron con destino a Orán.

A instancias de la fiscalía, entre el 15 y el 17 de marzo, se llevaron a cabo una serie de diligencias en la sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas y en las viviendas particulares de los involucrados, que culminaron con las detenciones de los condenados y también del jefe de bomberos, Fredi Galarza. Además, en los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la investigación y se realizaron peritajes en los que se destacó el hallazgo de “olores muertos” en uno de los móviles del cuartel. Esta medida, realizada con perros antinarcóticos, permitió verificar el derrotero de la droga.

Tambiénse pudo identificar al líder de la banda, quien se encuentra prófugo y sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional.

En los alegatos, la fiscal Núñez resaltó la coordinación exacta de los movimientos realizados por el grupo, desde el 5 de marzo, cuando comenzaron los preparativos para el transporte de la droga, que fue provista por el prófugo, quien cruzó numerosos mensajes con Nahuen Galarza para que fuera hasta las inmediaciones del paraje Solazuti, por donde preparaba el ingreso de la droga.

Se usó una camioneta del cuartel de bomberos para trasladar el cargamento hasta la casa de Araníbal, donde fue almacenada hasta el 14 de marzo, cuando nuevamente se fraguó otra supuesta asistencia a un vehículo con desperfectos mecánicos, para trasladar la droga a Orán.

La fiscalía describió toda esta actividad basándose en chats y audios extraídos de los teléfonos de los acusados y el testimonio de una recluta que el 14 de marzo fue hasta el cuartel y fue echada por Galarza, de mala manera, dado que esa noche tenían programado el traslado de la droga en el móvil que luego fue interceptado por la Gendarmería Nacional.

La fiscalía también consideró responsable a Fredi Galarza, por entender que en su calidad de jefe del cuartel fue el responsable de proporcionar los automóviles para el traslado de la cocaína.

A su turno, si bien reconoció su participación en el hecho, el abogado de Nahuen Galarza lo situó como el eslabón más bajo en la cadena. En cuanto a Reyes, su abogado sostuvo que solo acompañó a Galarza, por pedido de éste, y que desconocía el contenido de las cajas.

Las defensas de Salto y Araníbal negaron su vinculación al hecho, mientras que el defensor de Fredi Galarza rechazó la acusación.

Al resolver, el Tribunal coincidió con la acusación expuesta por la fiscalía, con excepción de la situación de Fredi Galarza, a quien absolvieron, y de Reyes, respecto de quien aceptaron la postura de su defensa en cuanto a que tuvo una participación secundaria.

En cuanto al resto de los acusados, la jueza Cataldi ratificó su rol como coautores del hecho, ya que de las pruebas expuestas surge “una ejecución conjunta, y esto es importante, hay un reparto horizontal de tareas, hay una actuación en paralelo de todos los que configuran el suceso durante la etapa ejecutiva y nada impide que se sucedan unos a otros, tampoco es necesario que se requiera, se puedan conocer o deban conocerse personalmente, puede serlo, como se infiere de las pruebas reseñadas, aunque no es necesario”.