Preocupación por los consumos problemáticos en jóvenes indígenas

Representantes de los pueblos Wichí, Qom (Toba) y Guaraní de la localidad de Embarcación, en el norte de la provincia de Salta, se reunieron este fin de semana para manifestar su preocupación por la situación de vulnerabilidad que sufren adolescentes y jóvenes debido al incremento de los consumos problemáticas.

Además, expresaron su descontento con el sistema de seguridad en la zona. Referentes aseguraron que observaron casos de deficiencia y abuso de autoridad. Como alternativa, propusieron que se forme una mesa técnica para tratar las problemáticas que se viven en las comunidades de esa localidad del departamento San Martín. 

La referente Mónica Navamuel, de la Comunidad Misión Franciscana, contó a Salta/12 que el llamado a esta primera reunión del año en la Comunidad Cherenta Lareta se debió principalmente a la preocupación que tienen por el incremento de consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes indígenas: “Sobre todo, los más jovencitos, entre los 18 y 20 años, a quienes les está afectando el sistema de drogas”, aseguró.

Navamuel dijo que la situación es alarmante ya que se presenta en todo el Chaco salteño, lo que incluye a otras localidades de este departamento y de los departamentos de Orán y Rivadavia.

Al difícil contexto, la referente sumó la situación de los operadores del sistema de seguridad en la zona, dijo que hay maltrato policial a integrantes de las comunidades. Contó que es frecuente presenciar abusos de autoridad de parte de la Policía. Por otro lado, recordó que hace años piden mejoras en el acceso a la salud y a la educación pública.

En ese sentido, los referentes plantearon la conformación inmediata de una mesa técnica entre las comunidades, organizaciones sociales, la intendencia, organismos provinciales y nacionales con presencia en la zona. La demanda provocó que ayer mantuvieran una reunión con el intendente Carlos Hugo Funes junto a su equipo y funcionarios provinciales. Acordaron reunirse nuevamente este miércoles 8, sumando a representantes de otros organismos.

“Nosotros conocemos las comunidades así que vemos cómo actúan (los jóvenes), vemos la situación de cada familia. Ya la veníamos estudiando desde hace mucho y vemos muchos factores, sobre todo que ahora los padres perdieron la autoridad. Entonces nosotros acá tenemos que trabajar más comunalmente con todos los organismos, tenemos que hacer algo”, manifestó Navamuel.

Las comunidades proponen que además de la mesa técnica se construya un centro de rehabilitación en Embarcación, dado que los espacios de Orán y Tartagal no les resultan suficientes. “Ahora es muy poco lo que se hace, es muy raro (...). Creo que todo el municipio tiene la capacidad para gestionar, por lo que creemos que sí se puede (construir un centro propio)”, a pesar de que constantemente el Ejecutivo provincial y nacional  insisten en la ausencia de fondos, expresó la referente.

Dijo que también hay pedidos para que se les brinde información sobre los procesos judiciales. "Tenemos que entender qué es robo y qué es hurto. Entonces tenemos que estar más o menos al tanto como para poder manifestar y ayudar”, explicó. Puo énfasis en que intentan que obtener respuestas a sus pedidos, "porque va pasando el tiempo, los jóvenes siempre terminan siendo las principales víctimas de consumos problemáticos”.

Defensa de las leyes indígenas

En el encuentro con funcionarios municipales las comunidades también entregaron una nota que pide la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas en Embarcación. En el escrito expresaron su profunda preocupación ante el “retroceso sin precedentes en materia de derechos indígenas tanto a nivel Nacional como Provincial”.

Específicamente, por la aprobación a nivel nacional del DNU 70/23, la adhesión de Salta al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación de la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, y la aprobación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, que ya fue promulgado por el gobernador Gustavo Sáenz.

“Este paquete jurídico está dictando sentencia de muerte a las comunidades indígenas. Nos encontramos en crítica situación de emergencia y no solo territorial sino en todas las esferas. Estas nuevas normas dictadas agravarán nuestra situación”, manifestaron. Ratificaron los problemas de maltrato y discriminación que sufren diariamente como habitantes originarios. “Se nos niega el acceso a servicios básicos, se nos habla en un tono despectivo y se ignoran nuestras necesidades y derechos”, afirmaron.

Destacaron que no son consultadas, dejándalas "sin voz ni voto en la toma de decisiones que impactan en nuestra vida y futuro”. Por ello, reiteraron el pedido de la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, para que se encargue de promover y proteger los derechos indígenas, así como de mejorar nuestra calidad de vida.

Asimismo, expresaron que esta Dirección debería ser liderada por un representante de cada pueblo, priorizando la promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las comunidades. En ese sentido, recordaron que en su campaña electoral el intendente asumió el compromiso de crear esta Dirección: “Nos pidió apoyo a las comunidades indígenas de Embarcación. Cumplimos con nuestro compromiso y ahora esperamos que usted cumpla con el suyo”, recordaron.

También insistieron en que es fundamental que se establezcan políticas públicas efectivas que pongan el eje en las necesidades y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Embarcación. "(Es) inaceptable que en pleno siglo XXI, las comunidades sigamos sufriendo atropellos, discriminación y exclusión”, subrayaron.

Para estas comunidades, la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas una deuda histórica que pesa sobre la conciencia de la ciudad. “Es hora de que se tomen medidas concretas para saldar esta deuda y garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social en Embarcación”, sostuvieron.