El primo de "Pitito" Martínez fue imputado ayer y quedó detenido en el marco de la investigación por el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo. Marcelo Sebastián Martínez, primo del segundo de la barra de Central Martín Leopoldo “Pitito” Martínez, terminó preso por noventa días acusado de robar y ocultar el teléfono celular del acompañante de Pillín, tras auxiliarlo a éste último llevándolo al Hospital Centenario, luego de la brutal balacera de Avellaneda y Reconquista, la noche del pasado 9 de noviembre.
La fiscal Georgina Pairola, en suplencia de Alejandro Ferlazzo, afirmó que los primos sustrajeron el celular marca Xiaomi de la Chevrolet S10 de Attardo, cuando la camioneta estaba en la rampa del Hospital Centenario, donde tanto “Rana” como Bracamonte llegaron sin vida tras haber sido acribillados en Avellaneda al 700 bis. El teléfono estaba dentro de una campera marca gris, y los primos Martínez también sustrajeron una riñonera con llaves personales y cadenas de oro propiedad de Attardo, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, Marcelo Martínez también brindó declaraciones falsas tanto a personal policial como en sede judicial. Por todo eso la Fiscalía le atribuyó encubrimiento y hurto agravados, y falso testimonio. La misma imputación que pesa sobre “Pitito”.
A su vez, la Fiscalía sostiene que –al igual que su primo– Marcelo Martínez realizó maniobras tendientes a entorpecer la investigación al dar una versión falsa del hecho cuando declaró la misma noche del doble crimen y al día siguiente en sede judicial.
Para la acusación, Martínez se colocó “a distancia de la camioneta cuando comenzaron a disparar, siendo que al momento del hecho se encontraba hablando con Andrés Bracamonte apoyado en la ventanilla del lado del acompañante de la camioneta Chevrolet S10 en el momento en que un sujeto armado comenzó a disparar a ambas víctimas”, dijo la fiscal Pairola.
La Fiscalía expuso además que el primo de “Pitito” sabía que en el celular de Attardo había “elementos probatorios de relevancia, por haber recibido el llamado para acudir a la esquina de Avellaneda y Reconquista en el momento en que lo hicieron”. También manifestó al personal policial que él no tenía teléfono celular, un dato luego constatado como falso.
El juez de Primera Instancia Carlos Leiva dio por admitida la audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva del acusado por 90 días.
Por su parte el diputado provincial Carlos Del Frade, presente en la audiencia de ayer advirtió públicamente que " en la audiencia quedó la sensación que más allá de los testimonios que se vienen tomando, la resolución del doble homicidio, desde lo estrictamente material, todavía parece lejana. Pero además, la identidad de los titiriteros, de los asesinos intelectuales, es hoy un problema de otro planeta. Por ahora se escucha hablar de los primos Martínez y 'Los Menores' y nada de las conexiones del propio 'Pitito' y otros detenidos con integrantes de bandas regionales latinoamericanas como el Primer Comando Capital. Al suponer que esta idea ni siquiera se habla en voz alta y de manera pública, también existe la certeza que esas hipótesis derivarían en la investigación de lo hecho por integrantes de la comisaría novena y el inexplicable corte de luz durante el doble asesinato de 'Pillín' y el 'Rana'".
Finalmente del Frade pidió "echar luz no sólo sobre los negocios de la cancha chica del fútbol, sino también sobre los flujos de dinero en la cancha grande de la realidad y los límites que parecen encorsetar las investigaciones más allá de la profesionalidad y el esmero del cuerpo de fiscales y demás integrantes del MPA".
En tanto, ayer la justicia decidió demoler una propiedad que está vinculada a hechos violentos en la zona sur de Rosario. La construcción está ubicada en Río Ayui al 3800, en el barrio Villa Manuelita, a pocos metros de la casa de Leopoldo “Pitito” Martínez. La novedad judicial surgió este martes de una audiencia con imputación del fiscal Franco Carbone e investigación del equipo de trabajo sobre microtráfico de la Fiscalía General del MPA. La inactivación se concretará en los próximos días.
De acuerdo a lo informado por el MPA, la Jueza de Primera Instancia Silvia Castelli ordenó disponer el cese de estado antijurídico, tras escuchar los argumentos de Fiscalía. Se realizaron informes ambientales, registros fílmicos, vistas fotográficas y demás medidas que fueron llevadas adelante por personal policial y personal de la PDI, en el marco de esta causa. El último 19 de diciembre, en la vivienda que será demolida se había producido un allanamiento y ese día se había secuestrado droga, celulares y dinero en efectivo. En esa oportunidad, se había detenido a dos personas, a las que se le formó causa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Con la demolición, se busca evitar que estos lugares se sigan utilizando a los fines de cometer hechos ilícitos. Cabe recordar que esta misma semana se produjo un homicidio en barrio Gráfico, frente a una casa que en 2021 había sido denunciada como bunker y allanada.
