"En la provincia hay 800 mil viviendas vacías"

"Hay que derogar el decreto ley 8912 de 1976 porque antes de la dictadura, la vivienda no era un problema", dice Tamara Lescano en diálogo con Buenos Aires/12. Con el objetivo de explicar y "hacer hablar" los datos del "Informe socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina. Alquilar en la era Milei", recientemente difundido por Inquilinos Agrupados. 

Abogada, de 40 años, graduada en Universidad Nacional de Avellaneda, Lescano reparte su tiempo entre la especialización en derecho de la vivienda y el asesoramiento jurídico a los inquilinos, a través de la organización.

Su trayectoria personal se asemeja a la de muchos integrantes de ese colectivo que ella misma integra. Hace 15 años dejó la casa familiar de Villa Celina, partido de La Matanza, para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires. 

Aunque, como explica Lescano, el problema viene de lejos, la derogación de la ley de alquileres incluida en el DNU 70/23, agravó la situación, generando una indefensión mayor, que se expresa en montos mayores, plazos menores y actualizaciones cada vez más frecuentes. 

Un gráfico de la encuesta muestra que, en la provincia de Buenos Aires, la diferencia del monto de alquiler entre contratos celebrados antes y después de esa fecha es de 180 y 220 mil pesos para monoambientes, 240 y 290 mil pesos para departamento de 2 ambientes y de 300 y 370 mil pesos para los de 3 ambientes.

--¿Cuál es el diagnóstico de Inquilinos Agrupados sobre el acceso a la vivienda?

--Este siglo se produjeron en paralelo un proceso de inquilinización de la población y otro de concentración de las viviendas en pocas manos, como consecuencia de su financierización. La vivienda se convirtió en un negocio, porque se construye en pesos  pero se vende en dólares, y esto no es natural ni fue así siempre. Comenzó con la dictadura. De hecho, sigue vigente el decreto ley nro. 8912/76, que regula el acceso a la vivienda.

--¿Hay números que avalen esto?

--Claro. en 2001, el 74 por ciento de los bonaerenses eran propietarios de su vivienda. En 2022, según el censo, ese porcentaje había caído 20 puntos, hasta 54. En 2001 había 9,5 por ciento de inquilinos y en 2022 había 19 por ciento. Cayó un tercio el porcentaje de propietarios y se duplicó el de inquilinos. 

--Pero no suma 100.

--No, porque la diferencia son los que viven en alguna situación irregular o de hacinamiento. Jóvenes que vuelven con sus padres, jubilados que van con sus hijos. Este modelo produce una especie de efecto dominó de empobrecimiento. Por eso este último año se multiplicó la oferta de alquiler de habitaciones en casas de familia o viviendas compartidas.

--Justo coincide con muchos años de distribución del ingreso y de políticas públicas como el Procrear.

--Lamentablemente, no alcanzaron para modificar esta situación estructural que, insisto, viene de la dictadura. La dictadura desreguló los alquileres antes que nadie, no hay nada nuevo en lo que hizo Milei a través del DNU 70.  En este período se construyeron 2 millones de viviendas en toda la provincia, pero hoy hay 800 mil propiedades vacías, sin habitar, porque se produjo un fenómeno de concentración. Compra vivienda el que ya tiene, porque se convirtió en un negocio, pero para el que no tiene es inaccesible. Antes de la dictadura, la vivienda tenía valor de uso, no era reserva de valor, se vendía en pesos. La dictadura la dolarizó.

--Los municipios del PRO se caracterizan por hacer excepciones constantes al código urbano para permitir desarrollos inmobiliarios. ¿Eso influyó?

--El PRO es la máxima expresión política de defensa de estos intereses. Lo que se consolidó es un modelo, que nosotros llamamos "el gobierno del negocio inmobiliario", que va expulsando gente: propietarios empujados a vender, inquilinos en riesgo de desalojo constante y así sucesivamente. 

--Por un lado, el gobierno nacional deroga la ley de alquileres, por otro hay municipios muy permeables a los intereses del negocio. ¿Qué puede hacer el gobierno provincial?

--Mucho.  En primer lugar, eliminar el cargo por sellado de contratos, puede eliminar también la comisión a la inmobiliaria y dejarla a cargo del propietario, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, puede implementar algún tipo de tasa a la vivienda ociosa, podría hacer un relevamiento más profundo y sistemático, porque hoy sólo contamos con la información que proveen los censos y la que nosotros podemos generar, con nuestros limitados recursos. 

--¿Y los municipios?

--Algo que funciona muy bien en algunos distritos son las Oficinas Municipales de Atención a Inquilinos (OMAI). Ya hay en Tandil, Berazategui, Bahía Blanca y La Plata, esta última existía antes, la cerró Julio Garro y la reabrió Julio Alak. La municipalidad provee abogados gratuitos y cumplen una función de asesoramiento o defensoría, para evitar abusos de las inmobiliarias. Ahora estamos trabajando en la redacción de una ordenanza modelo, para que sea más fácil replicarla en los demás municipios.

Más datos

- El 25% de los encuestados (1 de cada 4 inquilinos/as) indicó que tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo el 94% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. Bajo ley de alquileres sólo el 6% respondió haber tenido que mudarse por no poder hacer frente al pago del alquiler.

- Sólo el 10% hoy está bajo las condiciones de la ley de alquileres: plazo de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación.

- Las principales preocupaciones de los inquilinos son: Vivienda, Ingresos y Tarifas

- El 42,2% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 46,7% respondió que tal vez las tenga. Solo el 12% respondió que no tendrá dificultades.

 - El 64,6% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente.

- Entre las respuestas relevadas, el 5% de los inquilinos se encuentra desempleado. La enorme mayoría (80,3%) afirma tener un vínculo cercano en búsqueda laboral.