Un edificio abandonado a medio hacer, una constructora quebrada, un proyecto de viviendas sociales y, 60 años después, la expulsión de 45 personas que se quedan sin hogar. Todo eso resume la historia del inmueble de Olazábal al 3400, barrio de Belgrano, del que este lunes fueron desalojadas por orden de la Justicia unas 20 familias que, en algunos casos, vivían allí desde hace unos 40 años. Por ahora, las familias con sus niños y niñas fueron derivadas a paradores u hoteles porteños sin soluciones habitacionales concretas a la vista.
La mole abandonada de quince pisos y tres cuerpos se levanta a metros del cruce de Olazábal y el viaducto del ferrocarril Mitre. Es una pincelada extraña para un paisaje rodeado de otros cotizados edificios, estos sí finalizados, o coquetas casas bajas residenciales del límite entre Belgrano R. y Coghlan. Los ladrillos a la vista, los balcones sin terminar, los grafitis en los muros contrastan con el panorama de la cuadra, aunque no es una novedad: el edificio está así desde el año 1965.
Según pudo reconstruir Página 12, ese año la constructora Promobra, a cargo del proyecto, quebró y dejó el inmueble en el estado actual. Luna Miguens, directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, que intervino en el caso para intentar frenar el desalojo, cuenta que tras la quiebra de la empresa, "el Estado nacional compró el edificio siete años después para construir viviendas sociales, pero llamativamente nunca lo inscribió en el registro de la propiedad y quedó en un limbo".
Así se inicia lo que Miguens describe como un derrotero de "desidia estatal" en torno al edificio. "Es muy preocupante que en todos estos años no haya habido ninguna actividad para encontrar una solución a esta situación, y en particular en estos últimos dos años desde que se presentó la denuncia. No hubo ninguna iniciativa para sentar en una mesa a las distintas partes con las 18 familias que hicieron del edificio un lugar de vida y merecen no ser echados de un dia para el otro, sino encontrar una solución", sostiene.
Un conflicto intensificado
Es que el conflicto por el lugar se intensificó a fines de 2022, cuando una nueva constructora, que habría comprado el edificio ese mismo año, inició una demanda por usurpación contra las personas que vivían allí y pidió el desalojo. La versión de las familias es que las primeras en llegar al lugar lo hicieron por un acuerdo legal firmado a mediados de los '70. Tras el quiebre de la empresa, sostienen, la liquidadora ordenó asignar a una persona para realizar tareas de mantenimiento, permitiéndole sumar familiares y allegados que comenzaron a vivir allí construyendo sus espacios de vida.
En la presentación del Cels ante la Justicia se detalla que todavía quedan miembros de esas familias originarias y que son ellos "quienes con sus ingresos realizaron el pago de los servicios, costearon las mejoras necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de las unidades propias y las áreas comunes". También se advierte que el proceso judicial "no ha tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias desalojadas, quienes quedarán en la calle".
El desalojo concretado por la Policía porteña este lunes fue ordenado el jueves pasado por el Juzgado Penal N°13 de la Ciudad, a cargo de la jueza María Lorena Tula del Moral, en el marco de la investigación del fiscal Maximiliano Vence, de la Fiscalía N°8. Las familias no tuvieron tiempo para prepararse y a muchas les quedaron sus pertenencias dentro del lugar. Desde el GCBA se limitaron a informar que "el edificio es una propiedad privada que había sido usurpada y la Ciudad actuó conforme a lo que dictaminó la justicia para restituirla a sus dueños". También indicaron que por el momento quedará bajo custodia.
El Cels tiene propuestas
Las familias y el Cels, sin embargo, ponen el ojo sobre los intereses de la constructora. Miguens sostiene en este sentido que "el mercado inmobiliario claramente vio ahí una posibilidad de hacer un negocio y de hacerse de la tierra con una localización tan valiosa". Advierte que eso incluso podría haber sido una oportunidad para buscar soluciones "creativas" al problema: "Si la interesada es una desarrolladora que justamente busca construir viviendas, ¿por qué no pensar en un acuerdo que destine parte de lo que se construya para las familias que sostienen el lugar desde hace años?", se pregunta.
Ya desde antes del desalojo, desde el Cels advertían que el Gobierno porteño no mostraba iniciativa para intentar resolver el conflicto con soluciones para las familias: "No se observa que en el proceso se garantice de forma sustantiva, sea antes, durante o después del desalojo, el derecho a la vivienda adecuada de estas familias y especialmente para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad", advertían en el escrito en el que, además del freno al desalojo, pedían que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat elabore un informe socio-económico y habitacional de las familias afectadas para luego convocar a una audiencia con propuestas y alternativas habitacionales concretas.
Desde el Ministerio aseguran ahora que las personas fueron censadas en la previa del desalojo y "se les ofreció ir a un Centro de Inclusión y la posibilidad de acceder al subsidio habitacional". Una familia con cinco hijos fue derivada a un hotel, un adulto mayor a un hogar de ancianos y cuatro familias accedieron al subsidio. A futuro, ninguna solución concreta a la vista.
