Vecinos de Saucelito, contra los desmontes del bosque nativo

Campesinos criollos e indígenas que viven en el paraje Saucelito del departamento Orán denunciaron el reinicio de desmontes en la Finca El Cadillal. Se trata de un espacio de bosque próximo a la ruta nacional 34, y a esa altura vincula a las localidades de Urundel y Colonia Santa Rosa. El catastro donde comenzó el desmonte se encuentra cerca de las vías férreas y del curso del río San Francisco. 

En ese espacio habitan alrededor de 35 familias que viven de los recursos de la naturaleza. "El domingo comenzaron a desmontar con topadoras", denunció ayer en un video que circuló por redes sociales Pedro Ortiz, vecino cercano al paraje salteño de Saucelito. "Nunca en mi vida viví la destrucción del bosque", lamentó, mientras su cámara de video celular documentaba un campamento destinado a proveer combustible a los maquinistas encargados de realizar la tarea de destrucción de una porción del ambiente.

"La gente de la muncipalidad vino (ayer) y nos dijeron que esta gente (por la empresa encargada del desmonte) no tiene autorización", explicó Ortiz a este diario. "Han volteado alrededor de 5 a 8 hectáreas de los últimos bosques. Esta comunidad no esta conforme con el desmonte", reflexionó. "Están desmontando con topadoras y cadenas, y van a volver apenas deje de llover, y dicen que tienen un permiso de 2014", señaló.

Sobre esa habilitación y el año en que fue otorgado, el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa, Facundo  Domínguez (Partido de la Victoria), explicó que "se trata de un permiso que, hasta donde entiendo, no tiene vencimiento" y fue otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. 

"Hace una semana se comunicaron vecinos de Saucelito para advertirnos que estaban bajado máquinas desde los camiones para desmontar", detalló el edil. Domínguez visitó ayer el lugar señalado por vecinos, campesinos y originarios del Pueblo Ava Guaraní, acompañado por el también concejal Martín Rangeón (Partido Conservador Popular). "Quedamos con los vecinos en presentar una nota ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable". 

Según indicó Pedro Ortiz, esa nota lleva la firma de 34 de las 35 familias perjudicadas por el desmonte, y en ella solicitan la intervención del Estado salteño para mediar con los propietarios del catastro y alcanzar un acuerdo de convivencia. "Nosotros pedimos que las autoridades intervengan", insistió Ortiz. "Sabemos razonar, pero queremos que nos den una solución. Mi familia vive aquí desde 1920, yo nací aquí", repasó. "Queremos que nos dejen vivir con nuestro modo de vida", dijo.

En ese mismo sentido, la mburuvicha (cacica) de la comunidad Algarrobo Grande, Remigia Sixta Flores, publicó un video solicitando a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que frenen los desmontes. "Esto es lo único que nos queda. Nosotros vivimos de la naturaleza, de la leña, de los animales, porque no hay trabajo", sostuvo. 

Ortiz insistió en que "lo más importante para las familias es alcanzar un acuerdo de convivencia", porque tienen ganado que acostumbra seguir un camino por el monte y "una vez que comienzan los cultivos, si cruzan un alambre, los matan de un tiro", indicó. "Ya frenamos un desmonte antes", recordó sobre el final de la charla con este medio, "el secretario de Ambiente está al tanto", indicó en referencia a Alejandro Aldazábal.

El nuevo OTBN ya es ley 

La noticia del inicio del desmonte en Saucelito trascendió dos días después de que el gobiernode Salta promulgara en el Boletín Oficial de la provincia el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). "La elaboración del nuevo mapa (cumplió) con los 10 criterios establecidos en la Ley Nacional 26.331, más un onceavo vinculado a la protección de las comunidades nativas", destacó el Ejecutivo provincial. Y si bien repasó que la provincia cuenta "con más de 7 millones y medio de hectáreas" de bosques nativos, también remarcó  que "las áreas en el esquema aprobado incluyen el 70 por ciento en amarillo, el 20 por ciento en rojo y menos del 10 por ciento en un posible verde". La última cifra representa alrededor de 720 mil hectáreas sobre las que el gobierno puede habilitar nuevos permisos de desmontes.

Para el gobierno salteño "la actualización del OTBN (fue) el resultado de un proceso de todos y para todos". Destacó también que durante los talleres previos al nuevo ordenamiento se priorizó un balance en el que primó la protección de las cuencas y su biodiversidad, "bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo".

Sin embargo, la experiencia de campesinos y comunidades va por un camino opuesto. "Nosotros estamos en total desacuerdo con el desmonte", insistió Pedro Ortiz en un video que se viralizó ayer. "Vamos a presentarnos ante la Fiscalía de Orán", adelantó por su parte el cantaautor oranense y activista de derechos humanos Riqui Zarra. Presentarán la misma nota firmada por los vecinos, campesinos e indígenas, en la que solicitan que paren los desmontes para abrir una instancia de negociación con el propietario de la Finca El Cadillal.