El primer año de Gobierno de Javier Milei dejó a las provincias golpeadas dada la caída de las transferencias automáticas en un promedio del 10 por ciento, pero la de Buenos Aires fue la más perjudicada de todas las jurisdicciones, con casi 11 puntos de pérdidas. A ello se suman los recortes en las no automáticas o “discrecionales” que tuvieron su consecuencia en presentaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dio cuenta de que las transferencias que hizo la Nación a las diversas jurisdicciones culminaron el 2024 con una suba real interanual del 1 por ciento, aunque el balance del año expuso la baja real interanual del orden del 10 por ciento.

Asimismo, el documento marca que hubo una suba de la coparticipación neta en diciembre. Estaría explicada principalmente por el desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias, con un aumento del 13 por ciento real interanual y una suba de la recaudación de IVA, en un 2,6 puntos porcentuales reales interanual.

Pese a eso, al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas -la coparticipación más conceptos de compensaciones del Consenso Fiscal-, observaron que en todos los casos la variación real fue positiva, con la excepción de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, salió con los tapones de punta contra el Gobierno libertario al marcar que el año pasado los recursos coparticipados a la Provincia cayeron un 10,8 por ciento, lo que calificó como “una caída brutal e inédita producto de las políticas de ajuste nacionales”.

“Buenos Aires es la provincia más perjudicada por el mal desempeño tributario de la Nación, tanto en términos absolutos como relativos”, sentenció el funcionario de Axel Kicillof.

Para el ministro provincial, “a pesar de la fuerte caída de la coparticipación, la recaudación total tuvo un retroceso anual menor”, del orden del 5,5 por ciento real, porque los tributos no coparticipables no cayeron. “De esta manera, el perjuicio fue centralmente a las provincias y Nación aumentó su participación en la recaudación”, explicó López, quien además lamentó que esto sucede aún cuando la Provincia realiza la mayor contribución tributaria del país. En sus palabras, a lo largo de 2024 la provincia de Buenos Aires generó 54 billones de los 142 billones de pesos de recaudación nacional, es decir, el 38 por ciento.

En los números que maneja la Provincia, en 2024, el frente fiscal “estuvo signado por el ajuste, la recesión y la caída de la recaudación” y “por su perfil productivo y las políticas del Gobierno nacional, la Provincia es la más perjudicada”.

La Provincia denunció un "robo"

Por otro lado se ubican las transferencias no automáticas que, según Nadin Argañaraz, titular del IARAF, expresaron en 2024 una caída real del 76 por ciento. “En el total 2024, todas las jurisdicciones tuvieron una caída interanual real en el gasto pagado, salvo CABA, que recibió un 33,7 por ciento más que en 2023”, esto explicado por el cumplimiento de la medida cautelar que dictó la Corte.

Así, en diciembre de 2024 las provincias recibieron 340.042 millones de pesos, lo que implica una caída interanual nominal de 34,7 por ciento. “Resulta interesante cuantificar la caída del peso relativo de los transferencias no automáticas en el PBI. De un uno por ciento del PBI en 2023, se redujeron a 0,3 por ciento en 2024, constituyéndose en el año de menor peso relativo de este tipo de transferencias”, planteó el experto.

El presidente de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, denunció que el Gobierno nacional "se quedó" con un fondo de 679.898 millones de pesos de la coparticipación de impuestos que no derivó a las provincias.

Por eso, en el dictamen firmado por el espacio en relación a la de ley de Presupuesto 2025 se propuso la distribución de esos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Pero el Presupuesto nacional no se trató en el Congreso.

"El Congreso aún está a tiempo de aprobar una ley de presupuesto verdaderamente federal y con justicia social", dijo Martínez. El texto presentado por el peronismo pide que se distribuya el saldo acumulado al 31 de diciembre de 2024 dentro de los primeros 90 días del año 2025.

A lo largo del año, el Gobierno de Axel Kicillof realizó una serie de denuncias públicas y judiciales al señalar que la administración de Javier Milei “robó” a los bonaerenses 7,8 billones de pesos, un cuarto del Presupuesto proyectado para 2025.

Vale aclarar que la administración bonaerense no comulga con el término de “aportes discrecionales”, dado que está rodeado de un velo negativo o, al menos, de sospechas sobre la intencionalidad política de los mismos. Con todo, el Gobierno provincial argumentó que es esta jurisdicción la que alberga al 38 por ciento de los ciudadanos argentinos y en ella se concentra el 44 por ciento de la pobreza del país.

A lo largo del año pasado, el Gobierno bonaerense acudió al máximo tribunal de Justicia para reclamar por cinco puntos, a saber: la discontinuación de las transferencias de ANSES; el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), el de Transporte Interior, el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el de Bosques Nativos.

El que hizo que el Gobierno bonaerense estallara y decidiera recurrir a la corte fue el Fofofi, que había sido adjudicado por el expresidente Alberto Fernández en 2020, cuando en la Provincia se había desatado un fuerte conflicto con la Policía en plena pandemia de coronavirus. El mismo se destinó a la compra de patrulleros y equipamiento policial, además de utilizarlo para el pago de salarios. 

Axel Kicillof remarcó en los albores del año pasado que la gestión libertaria justificó la decisión de eliminar ese Fondo a partir de poner en vigencia el DNU 70. Por eso el gobernador apuntó los dardos contra la discrecionalidad de una medida que “tiene entre sus efectos quitarles fondos de manera intempestiva a las provincias”, por lo que agregó que “a partir de las medidas de Milei están en juego la unidad nacional y la Constitución argentina”.

En una de las últimas exposiciones públicas sobre el tema, se marcó que las deudas directas del Gobierno nacional con la Provincia es de 2,09 billones; mientras que el monto de los saldos de obras públicas comprometidas por la administración nacional es de 5,3 billones de pesos; y la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales llegó a los 371.163 millones de pesos, a octubre de este año.

Entre los recortes denunciados por la Provincia, se encuentran otros que tienen que ver con programas de diversas áreas como salud, desarrollo y educación; como así también de saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional en la Provincia como 180 obras de ejecución directa de Nación y convenios por unas 670 construcciones conjuntas; 6578 casas del ya extinto plan Procrear y otras 9752 proyectadas en el programa Casa Propia + Reconstruir, entre otros.