En junio de 2024 el gobierno nacional logró aprobar un texto de Ley Basas y Principios que solamente contenía ocho empresas conformando el listado de las “sujetas a privatización”. Cabe recordar que el capítulo 2 de la Ley Bases que originalmente el Gobierno llevó al Congreso incluía unas 41 empresas pero la ambición del oficialismo cosechó varios rechazos.
Finalmente, en la versión reducida de la Ley que ingresó al Congreso a mitad de año, quedaron incluídas solamente ocho empresas. Las más destacadas entre las que fueron excluídas del proyecto legislativo son YPF, Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Sistema Nacional de Medios Públicos.
Las empresas públicas incluidas en la Ley Bases para privatización son Intercargo SAU –que presta los servicios de rampa y de transporte de pasajeros en los aeropuertos-, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina - opera las tres centrales nucleares de Argentina- y Yacimientos Carboniferos de Río Turbio (YCRT) –productora de energía termoeléctrica-.
Por otro lado, figuran como sujetas a privatización o concesión las siguientes: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. –a quién el Gobierno benefició a lo largo de 2024 con los aumentos de tarifas-, Belgrano Cargas y Logística S.A. –que fue emblema de crecimiento en gobiernos pasados-, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) –que está en la mira por ser fuertemente deficitaria- y Corredores Viales S.A. –que administra las principales autovías y rutas en 13 provincias de la Argentina-.
