El ataque del Gobierno de Javier Milei a los Derechos Humanos se ha intensificado en la última semana tras la confirmación de una nueva ola de despidos y la consiguiente respuesta por parte de todas las organizaciones gremiales que se oponen a este desmantelamiento.

En este contexto, la 750 hizo una entrevista especial con dos trabajadores de la secretaría de Derechos Humanos, Paula Donadío, quien también es delegada de ATE Capital; y Alejandro Jasinski, trabajador despedido que se desempeñaba en Programa Verdad y Justicia con su expertiz de historiador.

Donadío tradujo el ajuste en números: denunció que fueron más de 200 despidos en todas las áreas de la secretaría, algo que pone en riesgo la continuidad de decenas de políticas que se llevan a cabo. Pero, además, dijo que en las próximas horas el número podría subir por la suspensión de contratos.

“Si seguimos perdiendo trabajadores de la forma en la que lo estamos haciendo y con el poco mantenimiento que hay en los edificios, sí, podemos decir que está en riesgo el Archivo Nacional y los espacios de memoria”, dijo.

Y añadió: “Más de la mitad de las áreas de la secretaría que no tuvieron una dirección. Estamos viendo un desmantelamiento total de las políticas de la secretaría. El secretario dice que reestructuran y yo no veo que los trabajos no sea fácilmente reemplazables”.

Por su lado, Jasinski contó sobre su caso en particular: “Con el plan de retiros voluntarios ya arrancó un día a día de oficina donde todos estaban debatiendo qué hacer y cómo rechazarlo, pero sin saber si había otra solución”.

Porque, dijo, “no había información concreta con qué iba a pasar con los que no adherían a un retiro que era voluntario”, que, aclaró, “no tenía nada de voluntario”.

“Fue un día a día muy agotador. Hablando con la familia. Yo tengo una hija, una relación, una casa, una vida que mantener. Esa pérdida de equipo, de día a día, se siente”, se lamentó.

En tanto, sobre el futuro de la secretaría, concluyó: “Se pierde mucha experiencia de investigación, de conocer los informes, de saber dónde buscar. La Justicia, cuando haga pedidos, va a tener menos equipo”.

Y añadió: “Va a tener menos asistencia a víctimas y menos investigación. Y el Estado pierde el rol de autocrítica que tiene la secretaría. Me parece que ahí es donde apunta la gestión actual, a desmantelar la política pública y ese rol que puede tener el Estado”.