El diputado provincial Fabián Palo Oliver advirtió ayer que "se aproxima el vencimiento del plazo legal para el tratamiento de la nueva denuncia contra el fiscal de Reconquista Aldo Gerosa, objetado por beneficiar a ofensores sexuales. “Nos preocupa la demora en el tratamiento de la denuncia contra Gerosa, que interpusimos en marzo del año pasado ante la Comisión de Acuerdos, porque este fiscal ya fue suspendido en sus funciones por 10 meses a partir de su actuación en el denominado Caso Galaz" dijo Oliver. 

"En el caso de esta nueva denuncia -agregó- podemos observar cómo Gerosa repite lo que es una matriz en su conducta para los casos de abuso sexual, revictimizando a las mujeres abusadas y utilizando la mecánica del juicio abreviado para evitar llegar a un juicio oral y, siempre, en beneficio del abusador”.

Por último, advirtió: “Si se agota el plazo previsto en la ley para el tratamiento de esta denuncia, estaremos claramente ante la evidente falta de voluntad política de apartar al fiscal y la consolidación de un esquema de impunidad, lo cual sería muy preocupante para la calidad institucional de la provincia”.

Para Palo Oliver, Gerosa encarna un rol clave ejecutando "un dispositivo de impunidad que trata de manera lacerante a las víctimas, que posterga audiencias, que solicita favores a cambio de actuaciones, que cajonea legajos, que desecha pruebas, que ofrece cobertura a los acusados con omisiones al cumplimiento de sus obligaciones y que, sobre todo, postergó la satisfacción de la justicia que mínimamente exige una mujer víctima de un abuso sexual". Para el denunciante es un fiscal "que acusa a las mujeres denunciantes y que protege a los violadores. Un fiscal que humilla a las mujeres víctimas de ataques sexuales que terminan pidiendo clemencia y firman acuerdos que benefician a sus crueles victimarios bajo el sórdido control de su mejor defensor, el doctor Gerosa".

El 30 de diciembre de 2024, el diputado provincial había elevado una nota a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, a los efectos de que se le informe sobre el tratamiento efectuado a la denuncia elevada el 21 de marzo de 2024 contra Gerosa.

Esta es la segunda oportunidad en la que el legislador requiere información por parte de la mencionada Comisión, ya que el 4 de noviembre de 2024 había realizado un pedido similar. Diez días después de presentado el pedido, llegó la respuesta por parte de la vicepresidenta de la Comisión, diputada Lionella Cattalini, quien se limitó a expresar que dicha denuncia se encontraba “en los términos y plazos establecidos por la ley provincial 13013 y sus modificatorias”.

La normativa vigente en la materia dispone que “el procedimiento no podrá extenderse por un plazo mayor a doce (12) meses contados desde su inicio hasta la decisión de la Legislatura sobre el fondo del asunto, en cuyo caso caducará de pleno derecho, no pudiendo iniciarse nuevamente un procedimiento por el mismo hecho. Al efecto de lo dispuesto en el presente párrafo, se entiende como inicio del procedimiento el del momento de formulación de la denuncia”. En otras palabras, caducaría el 21 de marzo de 2025.

Luego de poner de relieve el “secretismo” de la Comisión, Palo Oliver afirmó que si la Comisión de Acuerdo tiene la voluntad de avanzar con el proceso y evitar que caduque, “deberá extremar los esfuerzos para que sea tratada en sesiones extraordinarias”.

En 2023, la Legislatura santafesina había encontrado a Gerosa responsable de haber revictimizado a una joven que sufrió graves y reiterados abusos sexuales en su infancia por parte de un familiar. El acusado había sido Marcelo Galaz, quien fuera detenido en la mañana de 16 de julio de 2021 en su despacho de la Municipalidad de Avellaneda,  donde se desempeñaba como secretario privado del entonces intendente municipal, Dionisio Scarpin. Un juicio abreviado le evitó entonces una condena que rondaba los siete años de cárcel.

Con ese antecedente, el diputado Oliver volvió a denunciar a Gerosa en marzo de 2024 por su actuación en el caso de una menor abusada por Roque Paye, la pareja de la madre de una niña. Otra vez, la figura del abreviado dejó al acusado fuera de la cárcel. "Ya no se trata de un caso. Estamos ante un funcionario atroz desde el punto de vista que se lo juzgue. Una vergüenza para la justicia santafesina", había dicho entonces el legislador.

En su escrito, el denunciante sostenía que en el año 2015, "la madre de la víctima, señora María Eugenia Noguera, formula la denuncia que su pareja Roque Paye abusó de su hija, desde mediados el año 2014. El legislador sostuvo entonces que "el caso en cuestión, demuestra claramente un patrón de conducta por parte del doctor Gerosa idéntico al desplegado en la causa Galaz”. Y señala que resulta impostergable "la avocación del Poder Legislativo en este caso por tal motivo se solicita a esa Comisión de Acuerdos que formule el correspondiente pedido".

La petición de Palo Oliver se funda en "el antecedente reciente ya juzgado. En segundo término, por la gravedad del presente caso que deja en claro que estamos en presencia de un dispositivo de impunidad de alcance regional que posterga el derecho a la justicia de mujeres víctimas de abusos sexuales".

En la denuncia se asegura que Gerosa "ha transformado al procedimiento abreviado en un mecanismo de impunidad apalancado por actores de la política del norte provincial. Es la amenaza más grande para cualquier víctima, como así también para el servicio de justicia provincial", acusó Oliver.