El Gobierno anunció el final de la intervención en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tras 180 días de control especial. Mediante el Decreto N° 14/2025, el presidente Javier Milei confirmó a María Julia Cordero como titular del organismo, quien hasta ahora se desempeñaba como interventora. La decisión llega acompañada de un balance de las medidas adoptadas durante el período de reorganización, las cuales generaron tanto avances como cuestionamientos.
La intervención, iniciada en julio de 2024 bajo el Decreto N° 606/2024, se justificó por deficiencias estructurales que ponían en riesgo la Categoría 1 del sistema aeronáutico nacional. Esta clasificación, otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), es clave para la operatividad internacional de la aviación argentina. No obstante, la estrategia gubernamental para abordar estas deficiencias no tuvo transparencia, dejando dudas sobre la efectividad y los resultados concretos obtenidos durante el tiempo que el organismo permaneció intervenido.
La explicación oficial
Según el comunicado oficial, durante la intervención se eliminó el 40% de los cargos jerárquicos, suprimiendo 10 direcciones y 32 departamentos. También se redujeron cerca de 100 contratos, lo que fue presentado como un avance hacia la eficiencia.
Entre las medidas más controvertidas estuvo la subasta de 14 aeronaves en desuso, con un valor aproximado de un millón de dólares, de las cuales tres fueron vendidas recientemente. Estas acciones buscan mejorar la administración de recursos, aunque sindicatos y expertos del sector advierten sobre posibles efectos adversos para la operatividad a largo plazo.
Más dudas que certezas en el futuro de la ANAC
Con su reciente designación, María Julia Cordero enfrenta la responsabilidad de implementar cambios concretos que impulsen resultados positivos. La ANAC atraviesa un periodo de transición, donde mantener altos estándares de seguridad operacional debería ser la prioridad.
Sin embargo, las medidas adoptadas durante la intervención generaron cuestionamientos sobre el futuro del organismo y su capacidad para responder a las demandas del sector aeronáutico.
