Un fallo judicial puso un freno a la presión de La Libertad Avanza y un sector del PRO que atenta contra las tasas municipales, especialmente con la llamada “tasa vial” que se aplica en varias comunas a los combustibles. Es que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata echó por tierra el reclamo que hizo un diputado provincial libertario, Guillermo Castello, contra la comuna de General Pueyrredón a cargo del intendente PRO Guillermo Montenegro.

El diputado, que es oriundo de esa localidad e ingresó a la Legislatura de la mano de José Luis Espert para dar el salto a las filas libertarias, había tenido éxito en su presentación, dado que el cobro de esa tasa se había declarado como “inconstitucional” por un fallo de primera instancia.

Ahora, el nuevo fallo descartó esos argumentos y permitió retomar el abono de la llamada “Tasa para el Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, que representa una alícuota del 3 por ciento.

En su argumentación, el juez Roberto Mora postuló que “la normativa fiscal municipal impugnada en autos no ‘establece un gravamen sobre los combustibles líquidos’, sino la tasa retributiva de un servicio que beneficia a usuarios de la red vial urbana”.

El fallo recalca que “ciertamente la carga tributaria no ‘se genera’ con el acto de adquisición del combustible, sino con la prestación del servicio que ella retribuye, no obstando a tal afirmación el hecho de que el cobro en discusión se materialice en el mismo acto de expendio cuyo monto conforma la base imponible”.

Para la Justicia, el de Castello fue un planteo “conjetural” y que exhibe una “generalidad” que prescinde de “mínimas referencias” para poder juzgar el reclamo. “Desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general”, agrega el texto. El fallo fue un alivio para varios municipios que, con el primer antecedente, quedaron en riesgo de sufrir el mismo destino.

Al diputado libertario no le cayó en gracia el fallo y tildó de “casta” a la Justicia. “Dice la Cámara local que no hay doble imposición entre la tasa vial que se cobra al cargar combustible y el impuesto nacional que se cobra...al cargar combustible”, marcó. “La Justicia contencioso administrativa es el garante de la recaudación de la casta política”, añadió el legislador.

Milei versus los intendentes

El Gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, inició una cruzada contra las tasas municipales desde hace varios meses, aunque el efecto fue más mediático que práctico. Uno de los primeros intentos de golpe fue contra los intendentes que cobraron la tasa del alumbrado municipal en la misma boleta de la luz que llegaba a los hogares.

Eso puso en jaque a los municipios del área del conurbano bonaerense, dado que allí prestan el servicio las empresas eléctricas bajo regulación nacional -a diferencia del interior bonaerense-, lo que derivó en reclamos y presentaciones judiciales por parte de las y los intendentes.

En el caso de las medidas cautelares que presentaron los intendentes de Pilar, Federico Achaval, y de Moreno, Mariel Fernández, la Justicia les dio lugar, dejando atrás las intenciones del Gobierno nacional. En ese momento, el juez Adrián González Charvay enfatizó que “la Constitución de la Provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que les confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo”, al tiempo que expuso que cambiar el modo de cobro de las tasas -sacándolos de las boletas de servicios públicos- “afectaría el funcionamiento de los distintos servicios municipales, edificios e instituciones que se sustentan con las mismas".

Ahora, casualmente a poco de conocerse el fallo marplatense sobre la tasa vial, el Gobierno libertario volvió a la carga y les reclamó a las provincias que “implementen medidas” para que sus municipios “adecuen las tasas municipales al costo de los servicios prestados”.

No solo eso, sino que la cartera económica solicitó también que se eliminen las que tienen una “coincidencia” con los impuestos nacionales coparticipables, mientras que pidió “intimar” a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con ellos, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Todo esto en un contexto de ajuste. Como informó Buenos Aires/12, el primer año de Gobierno de Javier Milei dejó a las provincias golpeadas dada la caída de las transferencias automáticas en un promedio del 10 por ciento, pero la de Buenos Aires fue la más perjudicada de todas las jurisdicciones, con casi 11 puntos de pérdidas. A ello se suman los recortes en las no automáticas o “discrecionales” que tuvieron su consecuencia en presentaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dio cuenta de que las transferencias que hizo la Nación a las diversas jurisdicciones culminaron el 2024 con una suba real interanual del 1 por ciento, aunque el balance del año expuso la baja real interanual del orden del 10 por ciento.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, criticó duramente al Gobierno libertario al marcar que el año pasado los recursos coparticipados a la Provincia cayeron un 10,8 por ciento, lo que calificó como “una caída brutal e inédita producto de las políticas de ajuste nacionales”.

“Buenos Aires es la provincia más perjudicada por el mal desempeño tributario de la Nación, tanto en términos absolutos como relativos”, sentenció el funcionario de Axel Kicillof.