El Gobierno nacional apeló el fallo que exigía la entrega inmediata de medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas y creó una nueva Dirección. En este marco, la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), María Fernanda Boriotti, advirtió que esta decisión del Ministerio de Salud nacional es consecuencia de su “política de arrasamiento”.

“Con la excusa de las auditorias, dejaron de entregar la medicación de alto costo a pacientes que la venían recibiendo y se bloquearon todos los nuevos expedientes que la necesitaban. Esto tuvo como consecuencia la discontinuidad de tratamientos o no poder comenzarlos en patologías que tienen fechas límites si no se realizan”, explicó la titular de Fesprosa en diálogo con la 750.

“La consecuencia clara de eso fue tener más de 60 fallecidos en el transcurso de 2024, según el relevamiento de asociaciones de pacientes y ONGs. La consecuencia es la vida de personas vulnerables, porque no solo están enfermas, sino que necesitan si o si la asistencia del Estado”, lamentó.

“Lo más cruel de todo esto es que algunos pacientes que fallecieron estaban con la enfermedad controlada, pacientes que tenían buena expectativa de vida y la falta de medicación le hicieron perder la vida”, agregó.

Los argumentos para la apelación del Gobierno

Luego de disolver el 30 de diciembre la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), el organismo encargado de entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras y oncológicas, el Gobierno nacional creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) para que asuma las funciones de la disuelta dirección.

Esta decisión se tomó en el marco de la medida cautelar del 30 de diciembre emitida por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, en la cual obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos que tenían retenidos, so pretexto de estar realizando “auditorías”. Las demoras ocasionadas generaron la muerte de 60 personas durante el año pasado, al verse interrumpidos sus tratamientos.

Lejos de ser una respuesta a los problemas, la creación de la Dinadic los agrava. La apelación al fallo del juez Dos Santos, presentada por el abogado del Ministerio de Salud el día 3 de enero, intenta voltear el fallo de primera instancia a través de dos ejes argumentales.

El primero es que las asociaciones de pacientes no tienen legitimación activa para sostener un amparo. Todos los pacientes que tramitan sus medicamentos en la Dirección tienen la doble vulnerabilidad de ser pobres (no cuentan con ninguna cobertura formal de la seguridad social) y, a la vez, de estar enfermos.

Por lo tanto, los amparos judiciales o los trámites que necesiten de asistencia jurídica se vuelven doblemente gravosos. Es por ello que se organizan en las asociaciones de pacientes, que son las que los representan en este caso.

El segundo eje argumental que presentaron es que el Ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, expresamente contrario a lo que expresan nuestra Constitución y los tratados internacionales. Se autoerige como coordinador operativo y pone en cabeza de las provincias el conjunto de las medidas para garantizar el derecho a la salud.

“Tiene que ser una preocupación de todos esta política de arrasamiento que está llevando a cabo el Ministerio de Salud de la Nación”, cerró Boriotti.