La Legislatura porteña aprobó en segunda lectura un proyecto para construir las Torres Catalinas II en un predio de La Boca, pese al fuerte rechazo de los vecinos que proponían un espacio verde abierto a la comunidad. Con los votos del interbloque Vamos Juntos y del Frente Renovador, se aprobó una excepción en el código urbanístico de la Ciudad que permite la construcción, en esa zona, de torres que alcanzan hasta los setenta metros de altura. “La Boca perdió una gran oportunidad para diseñar un espacio público en un barrio con emergencia tanto habitacional como ambiental”, dijo a PáginaI12 el presidente del Observatorio de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.

Para los vecinos de La Boca, las horas estaban contadas. El 8 de septiembre, los legisladores porteños de Vamos Juntos habían aprobado, en primera lectura, una rezonificación de tierras del predio delimitado por las calles Gualeguay, Espósito, Azopardo y las avenidas Brasil e Ingeniero Huergo. La audiencia pública, pautada para noviembre, supuso una nueva ilusión para la comunidad de concretar lo que siempre soñaron: un espacio verde, con actividades sociales y culturales. Pero nada de eso ocurrió. Ya para esta nueva votación, en cambio, el ánimo no era el mismo. “Nos la veníamos venir. Algunos legisladores prefieren hacer los negocios económicos a la tranquilidad de los vecinos”, relató Juan, un residente de Catalinas desde hace 53 años.

El convenio aprobado ayer al mediodía por la Legislatura porteña –con 33 votos positivos y 26 en contra– dispone un acuerdo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad para que se modifique el convenio urbanístico y así, levantar torres con un límite de 75 metros de altura para cada edificio y no más de 30 pisos. La zona en cuestión abarca una parcela del club Darling, un predio de Nación que funcionaba como depósito de combustibles y gran parte de los árboles que daban color a la zona. En el boceto original del Gobierno porteño, la intención de construir nuevas torres también incluía al territorio de los Quinchos, un lugar de y para los vecinos del barrio. Debido a las quejas, el ejecutivo porteño debió dar marcha atrás con el plan original y en el texto aprobado, la zona en cuestión quedó convertida en “urbanización parque”.

“Es sencillo. El Gobierno porteño modifica las leyes para permitir las construcciones, el Gobierno Nacional vende las tierras y el desarrollador las compra para hacer su negocio, haciendo así torres de lujos a las que  no podrán acceder los vecinos”, indicó, en plena sesión, Carlos Tomada, presidente del bloque Frente para la Victoria. “¿Cómo puede ser que a la zona de La Boca que carece de espacios verdes se le quite la posibilidad de un espacio de recreación?”, agregó Laura Marrone, del FIT.

Para el Club Darling, una institución centenaria, este cambio en la normativa urbanística puede significar el fin: en el predio habilitado para construir hay tres canchas de tenis, una de fútbol, un gimnasio y el estacionamiento. “Nos quitan casi un tercio del club y nosotros subsistimos todo a pulmón. Pero no va a quedar así, vamos a hacer una presentación porque se está avasallando la Ley Nacional de Clubes de Barrio, que da protección especial a las entidades deportivas que funcionan sobre terrenos del Estado”, dijo a este diario, Daniel Calabrese, presidente del Darling.

En 2007, la Legislatura porteña sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental en lo referido a vivienda, servicios, espacios verdes y actividades productivas en La Boca. “Este emprendimiento inmobiliario permite una construcción en un terreno de 150.000 metros cuadrados. Es decir, más que toda la urbanización que tiene el barrio de Catalinas desde su fundación”, estableció Baldiviezo y preguntó “¿Qué pasará cuando no alcance la red de cloacas, se saturen las instalaciones de luz, o haya una congestión en la red de transporte?”.

Informe: Jeremías Batagelj.