La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otras personas, por asociación ilícita y lavado de dinero. La resolución corresponde a la causa conocida como Los Sauces y deja firme lo que había resuelto el juez Claudio Bonadio, aunque agrega el delito de dádivas. La sala I del tribunal de alzada sostiene que los empresarios pagaban alquileres de inmuebles a la familia Kirchner a cambio de contratos de obra pública en el caso de Báez, y de beneficios que no precisa cuáles son en el de López. Algo sorprendente es que la Cámara también aceptó que Bonadio se declare incompetente para que la causa se junte con la conocida como Hotesur, a cargo de Julián Ercolini. Varias defensas habían planteado desde un comienzo que se investigaba lo mismo pero la propia Cámara había negado la unificación para que sigan dos causas separadas.
El fallo está firmado por Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero y coloca a la ex presidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita. Antes de la causa Los Sauces, nombre de una empresa de la familia Kirchner que tiene negocios inmobiliarios, existió Hotesur, que es otra firma titular de hoteles como el Alto Calafate. Esta última estuvo inicialmente en manos de Bonadio. Por eso ahora la causa Hotesur la tiene Ercolini. Después de aquel cambio de juez Margarita Stolbizer se presentó con una nueva denuncia, que se dio en llamar Los Sauces, que casualmente le tocó a Bonadio. La mecánica denunciada era la misma y algunas defensas dijeron que se investigaba lo mismo que en Hotesur, a punto tal que coincidían numerosas medidas de prueba. Aun así la Cámara consintió anteriormente que tramitaran expedientes separados, incluso con el voto de Ballestero, que ahora cambió de opinión: avaló la actuación de Bonadio, pero también su decisión de mandar la causa a Ercolini.
El procesamiento de ayer confirmado por la Cámara está basado en que hubo dos inmuebles (oficinas y vivienda) en el edificio Madero Center de Puerto Madero de la familia Kirchner alquilados a Cristóbal López y varios departamentos en Río Gallegos, a empresas vinculadas a Lázaro Báez, en teoría para uso de sus empleados. Los camaristas, en coincidencia con el juez de primera instancia, dicen que los pagos de alquileres ligados a Báez (por los que también son imputados sus tres hijos) serían retornos de dinero de la obra pública asignada al empresario y manejada por los Kirchner. En el caso del empresario López y su socio Fabián de Sousa, les adjudica el delito de dádivas otorgadas a la ex presidenta a cambio de beneficios que afirma como conocidos y públicos sin detallar de qué se trata. A la senadora, a su vez, le dictó falta de mérito por negociaciones incompatibles, también en hechos vinculados a López.
Ahora el expediente va a ir a parar al juzgado de Ercolini, donde se juntaría con el caso Hotesur, que aún está en etapa de indagatorias que durará hasta el 20 de diciembre.
