"El gobierno nacional tiene la llave para solucionar este conflicto: o se actualiza la tarifa al costo real o se incrementan los subsidios. Sin una de estas dos soluciones, el sistema va a colapsar y millones de usuarios se verán afectados", afirmó Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), a Buenos Aires/12.

El 2025 no empezó de la mejor manera para las empresas de transporte que prestan servicio entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ya que pusieron el grito en el cielo ante el gobierno nacional debido a la imposibilidad de cumplir con los acuerdos salariales firmados con los choferes de colectivos. 

Primero, las cámaras empresariales enviaron una carta dirigida al secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, donde advirtieron sobre el riesgo inminente de una reducción masiva en la prestación del servicio si no se toman medidas urgentes, que ya se efectivizó en algunas líneas en las últimas horas. Luego tuvieron una reunión con el Ministerio de Trabajo de la Nación que según explicaron solo funcionó para replicar lo expuesto dentro de la carta. Ahora, si bien señalaron que ya hubo depósitos de salarios como un acto “de buena fe”, esperan por la respuesta del secretario de Transporte.

"Los hechos y costumbres preexistentes y las palabras de las propias autoridades que alentaban la necesidad de acordar, obraron de tal manera de considerar absolutamente factible la actualización de los costos salariales y no salariales a partir de noviembre de 2024", señalaron las cámaras en la carta conjunta.

La situación no es nueva. Desde hace meses, las compañías vienen reclamando ajustes en los subsidios y en la estructura de costos para poder afrontar los aumentos salariales pactados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Sin embargo, estos ajustes dependen directamente del compromiso del Ejecutivo nacional para actualizar los fondos destinados al sector, algo que, hasta el momento, no ha ocurrido.

En diálogo con Buenos Aires/12, Celina Velayos, vicepresidenta de la empresa de colectivos Yitos, con más de un siglo de trayectoria en Lomas de Zamora, expresó: “El reclamo que estamos haciendo al gobierno nacional por la cámara de transporte en cuanto a la situación es constante. La mayoría de nosotros, pese a todo y salvo alguna excepción, seguimos trabajando, no es que paramos. La situación está impactando a todas las empresas del AMBA por igual”. La empresa Yitos nuclea a las líneas de colectivos lomenses como la 541, 543, 544, 549, 561 y 562, que recorren las distintas localidades del distrito desde el Cruce de Lomas hasta el Puente La Noria.

En el centro de la discusión también se encuentra un presunto error en la Resolución ST 34/2024, que habría sobreestimado los ingresos proyectados del sistema SUBE, generando una pérdida de aproximadamente 34.000 millones de pesos. A esto se suma una reducción en las compensaciones tarifarias, que en diciembre descendieron de 163.000 millones a 126.000 millones de pesos, profundizando aún más la crisis financiera del sector.

"No existe precedente en el que, habiéndose acordado incrementos salariales, no se hubiera contemplado mediante la resolución inmediata consecuente la actualización de las costas salariales y no salariales", añadió el comunicado firmado por las principales cámaras del transporte: AAETA, CEAP, CEUTUPBA y CTPBA.

El acuerdo alcanzado en octubre de 2024 establecía un sueldo básico de 1.200.000 pesos para los choferes, pero su cumplimiento estaba condicionado a que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte de la Nación aprobaran una nueva estructura de costos. Al no haberse concretado esta actualización, el pago de salarios completos enfrenta un panorama incierto.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue clara respecto a su posición. "Nos encontramos ante un acuerdo salarial que ha sido suscripto y homologado, por tanto debe ser cumplido. Al igual que en circunstancias de beneficios empresarios extraordinarios los trabajadores son ajenos, lo mismo sucede en circunstancias de dificultades de liquidez y/o los vaivenes y la dinámica empresaria en su relación con la autoridad de aplicación y situaciones no tan beneficiosas".

Un sistema en terapia intensiva

El pasado martes 7 de enero, representantes de las cámaras empresariales y del sindicato UTA mantuvieron una audiencia virtual con la Secretaría de Trabajo de la Nación. Si bien en la reunión las cámaras expusieron sus dificultades, el encuentro no arrojó soluciones concretas. Posteriormente, se realizaron depósitos parciales de salarios, aunque los trabajadores confirmaron que estos pagos apenas representaron un aumento de $40.000 respecto al mes anterior.

Con respecto a la demora en la actualización de los fondos, según pudo saber este medio, desde el lado del gobierno bonaerense ya hubo pedidos para que el ministro de Economía, Luis Caputo, ponga la firma y se pueda hacer la liquidación. “Simplemente cuestión de que firme, pero aún no ocurrió”, aseguraron al cierre de esta edición.

A su vez Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), reveló a Buenos Aires/12: “El sector está al borde del colapso. Cada vez que un pasajero sube al colectivo, el costo real del viaje debería ser de 1.400 pesos. Sin embargo, el boleto mínimo cuesta $370, mientras que el Estado compensa con 500 pesos adicionales. Esto deja una brecha de $530 que estamos absorbiendo las empresas”.

Según Noriega, este desfase financiero ha llevado al sector a una situación insostenible, con empresas recurriendo a financiamientos externos y maniobras desesperadas para cubrir los costos operativos.

Nueva audiencia y, ¿último esfuerzo?

Las cámaras empresariales han solicitado reiteradamente una audiencia con Mogetta, pero hasta el momento no han recibido una respuesta clara. Mientras tanto, se fijó una nueva reunión para el 13 de enero en la Secretaría de Trabajo, donde las partes intentarán llegar a un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

Si no hay respuestas concretas, el sector sindical podría convocar a medidas de fuerza. “Nosotros, desde el empresariado, no descartamos una reducción aún mayor en los servicios como medida de contención de gastos", completaron.

El transporte público en el AMBA, uno de los sistemas más grandes y complejos de la región, está en un punto crítico. Las soluciones no pueden demorarse mucho más sin que esto impacte directamente en la vida diaria de millones de personas. La pelota está ahora en la cancha del gobierno nacional, que deberá decidir si prioriza la estabilidad de un servicio esencial o si permite que la situación siga avanzando hacia lo que advirtió Noriega como un “colapso total”.