“No a la reforma laboral, peleen por sus derechos”, con esas palabras Milagro Sala ingresó a la primera audiencia del juicio en su contra, conocido como la “causa de las bombachas”, en donde se la acusa de supuestas amenazas a una oficial de policía cuando reclamaba que liberaran a una joven que había ido a la comisaría para denunciar que le habían robado ropa. En la causa intervinieron dos abogados allegados a Gerardo Morales y hasta el propio hijo del gobernador, Gastón Morales. La dirigente de la Tupac Amaru sostuvo que no espera Justicia: “Hoy vengo por una sentencia”, aclaró Sala apenas ingresó a la sala.
“No se dejen llevar por Gerardo Morales, peleen por sus derechos. Tengan dignidad. Hoy vengo por una sentencia, directamente. Defiendan el país. Patria sí, colonia no. Basta de matar a los hermanos mapuches. Las elecciones acá en Jujuy son una payasada”, lanzó Milagro mientras ingresaba en la sala, acompañada por agentes del servicio penitenciario, y encaró a los periodistas presentes a quienes les pidió “independencia”.
Al inicio de la audiencia, la dirigente social, que sigue presa en el penal de Alto Comedero pese a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, pidió renunciar a sus defensores. “¿Para que van a seguir siendo mis abogados?, ¿para que los sigan sancionando?”, dijo. Luego de un cuarto intermedio, la diputada del Parlasur expresó: “cada uno de los abogados ha sido multado. Por eso teníamos una discusión, porque no quiero que pierdan la matrícula por defenderme. Me dijeron que no les importa que los sancionen, que para ellos ser mis abogados es un desafío”.
Ayer, una testigo que sufrió un ACV hace 13 o 14 años, declaró que no recordaban nada y otro dijo que “se enteró de un incidente ocurrido por comentarios”. La primera en declarar fue la comisario Angela Cabero, quien denunció que Sala la “amenazó” para que liberara a una detenida. La joven que estaba presa en la comisaría, por la que pedía Sala, había denunciado a su vez que otra mujer estaba vendiendo ropa –entre otras cosas sus bombachas– que le habían robado de su casa. La joven quedó detenida y Sala llamó para reclamar que la liberaran, ya que la víctima del delito seguía en la comisaría mientras la persona que había sido encontrada con la ropa denunciada como robada había sido liberada. Es ahí donde se produjo la supuesta amenaza. Según la policía, Sala dijo que iba a volar la comisaría.
Apenas iniciado el interrogatorio, el fiscal Darío Osinaga lanzó a la policía: “¿usted recuerda el 13 de octubre de 2014 haber recibido una llamada telefónica en la cual se la amenaza?”. La defensa se opuso por tratarse de una pregunta sugestiva. “Esto tiene que ver con las reglas básicas de un interrogatorio a un testigo, para lo cual es una pregunta inapropiada”, explicó. Entonces el presidente del tribunal pidió al fiscal que reformule la pregunta. “¿Usted fue amenazada?”, preguntó. Sin el llamado de atención de los jueces al funcionario del Ministerio Público de la Acusación, continuó la declaración de la comisario.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta planteó que la fiscalía se basa en una “herramienta ilegal” prohibida para las declaraciones testimoniales, como es hacer valer un testimonio hecho en dependencia policial sin presencia de ninguna autoridad judicial. “La única testigo presentada por el fiscal dice no recordar nada de lo declarado. Lo que claramente no hay es ninguna prueba de existencia del hecho”, sostuvo en declaraciones a La García. A la hora de dar su testimonio, Sala aseguró que “esto tiene olor político” en relación a que el primer abogado de Cabero fue Gastón Morales, hijo del gobernador, junto a Luciano Rivas, actual secretario de Gobierno. “Lo que queda claro después de esta primera audiencia, es que esta es una farsa de juicio”, indicaron desde la defensa.
