La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a pegar el faltazo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a evadir las preguntas sobre la responsabilidad de las fuerzas federales en el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, durante la represión a la comunidad mapuche de Villa Mascardi, en Bariloche. Los diputados opositores aprobaron que la comisión se constituya en Bariloche para respaldar la mesa de diálogo impulsada por el obispo de la ciudad y reclamaron “una solución pacífica” al conflicto por las tierras. Los bloques del Frente para la Victoria (FpV-PJ), el Frente Renovador, el Movimiento Evita, Libres del Sur y el FIT solicitaron a las autoridades de la Cámara la prórroga de sesiones ordinarias para insistir en la interpelación de Bullrich y del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en este caso por la desaparición del submarino ARA San Juan. Ayer fracasó por falta de quórum la sesión especial para reclamar el juicio político a la ministra de Seguridad.

La convocatoria de la presidenta de la comisión, Victoria Donda (LdS),reunió a diputados opositores de diferentes bancadas, también al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, organismos como el CELS, Amnistía Internacional, la Comisión Provincial de la Memoria y Memoria, Verdad y Justicia. Los ausentes fueron la ministra y los diputados oficialistas. 

“No parece que haya sido un enfrentamiento, fue más un fusilamiento por la espalda”, relató ante los diputados Ramón Chiocconi, el médico y rescatista de montaña que atendió a los heridos tras la represión de Prefectura.  

También expuso Natalia Araya, integrante de la APDH de Bariloche y abogada de la familia Nahuel y de la comunidad Lafken Winkul Mapu –a la que desligó de cualquier vínculo con la supuesta RAM—. “Fue una cacería”, dijo Araya y contó que, de acuerdo con los relatos de los mapuches, “no hubo voz de alto”, “comenzaron los disparos con balas de plomo”; los heridos “nunca recibieron atención de quienes dispararon”; y luego fueron detenidos los dos mapuches (Lautaro González y Fausto Jones Huala) que llevaron a Nahuel hasta la ruta para buscar atención médica.

Los diputados apuraron la votación de la resolución para sesionar en Bariloche y cumplir con todas las formalidades para evitar que el presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, impida (como sucedió con la causa de Santiago Maldonado en Esquel) que la comisión sesione allí.

Pérez Esquivel clamó a los diputados la necesidad de “unirse en la diversidad” como “escudo frente a la violencia” que desata “la política de un gobierno que no es de diálogo sino de represión”. “Del autoritarismo del Gobierno a la dictadura hay un paso”, advirtió el Premio Nobel. 

El CELS y Amnistía pidieron precisiones sobre el operativo en Villa Mascardi y la existencia de protocolos ocultos de sumar a las fuerzas federales en los conflictos de ocupaciones territoriales. La Comisión Provincial por la Memoria alertó sobre la “escalada represiva”. 

Por la mañana se frustró la sesión especial pedida por el FpV-PJ para avanzar con el pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, de la que también participaron el ME, el FIT y LdS. Las críticas afloraron en las manifestaciones en minoría. “Estoy convencida de que ya no se trata de una persona incompetente, sino de una persona macabra”, dijo la rionegrina María Emilia Soria sobre la ministra y agregó: “Tenemos que lamentar una segunda muerte a manos de la ministra Bullrich, a manos del Ejecutivo y Mauricio Macri”.

“El Gobierno se construye un enemigo interno. No hay antecedentes de la RAM, no hay elementos, no hay dirigentes, no hay nombres, no hay armas”, dijo Remo Carlotto (ME). Graciela Cousinet (LdS) expresó su “preocupación” por “la escalada de violencia en el país”, donde “se ha vuelto a usar la palabra subversivo”. “Lo que dijo Bullrich respecto a que las fuerzas de seguridad no tengan impedimento legal para llevar adelante la represión es muy grave: están pidiendo vía libre para reprimir”, sostuvo Pablo López (FIT-PO), quien reclamó que la ministra sea apartada del cargo.