Más de 500 intendentes de todo el país sumaron su rechazo a la avanzada del ministro de Economía, Luis Caputo, que decidió ir a fondo con la disposición que prohíbe sumar tasas municipales a las boletas de servicios públicos. Los jefes y jefas comunales reunidos en la Federación Argentina de Municipios (FAM) que presiden Fernando Espinoza entienden que se trata de una maniobra para desfinanciar a los gobiernos locales y obligarlos a sumarse a las políticas de ajuste que aplica y pregona el gobierno de Javier Milei.

“La notificación y expresiones de Luis Caputo son carentes de contenido republicano y sentido federal”, dicen en un comunicado en el que se dicen “asombrados” por el “profundo desconocimiento de la Constitución Nacional que evidencian esas afirmaciones”.

Los intendentes aseguran que el ministro de Economía “no debería desconocer que es un principio básico constitucional garantizar el funcionamiento autónomo del régimen municipal (art. 5 y 123 de nuestra Constitución) y que los municipios constituyen la célula básica de la sociedad de convivencia democrática en un sistema republicano y federal”. “Del mismo modo, el ministro tiene a su disposición todos los elementos que le brinda su cargo para saber que la totalidad de los Municipios argentinos cuentan, en conjunto, con no más del insuficiente 5 por ciento de los recursos públicos totales y que con ese monto ejercen importantísimas funciones en procura del bienestar de sus vecinos, asumiendo cada vez más responsabilidades por las crecientes demandas ciudadanas que llegan siempre al primer escalón de la democracia, que eso son los gobiernos locales”.

Buenos Aires/12 dio cuenta de una reunión que el subsecretario legal del ministerio, el armador bonaerense por la Séptima sección Alejandro Speroni, había tenido con decenas de abogados y concejales bonaerenses pertenecientes a la agrupación de profesionales de La Libertad Avanza "La Púrpura" para avanzar en medidas legales.

Según él mismo expuso, en ese encuentro se trató “el diseño estratégico inminente, de naturaleza litigiosa, en orden a confrontar con provincias y municipios por su desbocada e ilegítima ‘imaginación impositiva’ derivada de la creación de tasas municipales que encubren, en realidad, verdaderos impuestos internos coparticipables”.

“Tal vez el hecho de que el ministro Caputo ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de las finanzas, alejado de la economía real, y la circunstancia de su pertenencia a un gobierno que, con la excusa de estabilizar la macroeconomía destroza la microeconomía, potencien su imposibilidad de entender cómo es la dinámica económica de una comuna y cómo se financian todas y cada una de las necesidades de la sociedad”, lanzan los intendentes reunidos en la FAM y agregan que “resulta francamente asombroso que el Ministro pase por alto que los Municipios tienen un marco jurídico de creación y sostenimiento de sus recursos”.

En el plano más desafiante, piden que Caputo “demuestre, con datos concretos, la incidencia real de las tasas municipales en los costos de productos esenciales como el pan, la leche, la carne, los medicamentos de los jubilados, el transporte público y que influyeron los tarifazos de luz, agua, gas y combustibles”.

Confiados en la razón de su postura lo acusan de “faltar a la verdad, desviando la atención con fake news económicas”.

La mirada de los intendentes

Como se viene manifestando desde los gobiernos locales, los intendentes entienden que “eliminar las potestades tributarias municipales, como pretende Caputo, implica lisa y llanamente condenar a las vecinas y vecinos de cada ciudad a un deterioro significativo en los servicios esenciales y áreas fundamentales para el bienestar de la comunidad”.

Allí, el documento enumera detalladamente el impacto que se generaría combinando el recorte nacional con la imposibilidad de los municipios para generar sus propios recursos:

• Educación: sin los recursos necesarios, no sólo las escuelas públicas sufrirían recortes que limitarían el acceso a una formación adecuada para las futuras generaciones, sino también los centros universitarios, que quedarían desfinanciados, dificultando el acceso a la educación superior.

• Seguridad: la falta de fondos impactaría directamente en inversiones clave como la adquisición y mantenimiento de patrulleros, cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, paradas seguras, puntos seguros, centros de monitoreo y lectoras de patentes videovigiladas. Esto limitaría la capacidad de los rápida ante emergencias y mantener la tranquilidad de las vecinas y vecinos.

• La asistencia social: Los comedores, esenciales para niñas, niños y jóvenes golpeados por el ajuste nacional, quedarían desfinanciados, agravando la situación de familias vulnerables. Además, la asistencia a jubilados, incluidos los medicamentos que ya les fueron recortados, sufriría un grave deterioro. Hoy los gobiernos locales y provinciales estamos suplantando al gobierno nacional en su responsabilidad de que no le falta un medicamento a ningún jubilado.

• Salud: la falta de recursos afectaría el funcionamiento de los centros de atención primaria, la provisión de insumos médicos esenciales y el acceso a programas de prevención y promoción de la salud.

• Producción local: los Municipios perderían la capacidad de apoyar a emprendedores, PyMEs, comerciantes y pequeños productores, capacitaciones, cursos y ferias. Además, se limitarían inversiones clave en Escuelas de Oficios e infraestructura, como Parques Industriales y caminos rurales, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico local. Esto aumentaría la desocupación, la desigualdad y frenaría el crecimiento sostenible de las comunidades.

• Obra pública: la pavimentación y el mantenimiento de los espacios públicos se paralizarían, dejando a las ciudades en un estado de abandono.

• Ambiente: afectaría la implementación de políticas ambientales clave, como la gestión de residuos, el reciclaje, y la protección de los espacios verdes y la biodiversidad.

Peronistas, radicales y vecinalistas afirman en el documento publicado a finales de esta semana que seguirán apostando a “un proyecto de país que incluya en lugar de expulsar, que contenga en lugar de abandonar, que genere en lugar de achicar y volver a achicar, que se apoye en el trabajo y la productividad y no en la especulación de unos pocos, que priorice la educación como un derecho real, que privilegie la salud universal y que establezca reglas que permitan igualar oportunidades para que todas y todos tengan la posibilidad de una vida mejor”.

Las críticas al modelo de Javier Milei y Luis Caputo

Más allá de los detalles sobre el impacto de la medida que la Casa Rosada quiere imponer respecto a las tasas, el comunicado de la FAM se guarda un momento para enfocar sus críticas sobre el modelo económico impulsado por las principales cabezas del gobierno libertario y cuestionan “las políticas macroeconómicas que promueven una injusta distribución de recursos”.

“Nos alarma que la riqueza de las argentinas y argentinos se dilapide en la bicicleta financiera, en el “carry trade” y en el endeudamiento que se fuga alegremente hacia paraísos fiscales en el extranjero, hechos concretos que benefician a la casta, a la especulación financiera, a las corporaciones y la corrupción de la evasión los sectores más poderosos de la economía”, dicen, pegando por debajo del cinturón del relato oficial.

Por esa razón, bregan por un volantazo que deje de lado lo hecho hasta ahora y apuntale un modelo de gestión que apunte a aumentar las jubilaciones y los salarios para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, cerrar la apertura indiscriminada de importaciones, priorizando y protegiendo las economías regionales, defender la industria nacional, impulsando políticas que favorezcan su crecimiento y competitividad, y combatir la desigualdad en los precios de los alimentos, ya que resulta inadmisible que productos básicos como fideos, harina y leche sean más caros en Argentina que en Europa.

“Usted ha decidido sostener un modelo basado en tarifazos, aumentos desmedidos de precios y un férreo control de los salarios, lo que ha llevado al peor año de la historia argentina en términos de pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores y la clase media. Este modelo sólo ha profundizado el empobrecimiento del pueblo argentino. No engañe a la opinión pública. No son las tasas municipales las responsables del actual nivel de vida de nuestro pueblo. El único culpable es usted y su nefasta política económica con la cual los únicos beneficiados fueron las multinacionales”, cierra el documento que firmaron medio millar de intendentes e intendentas de todo el país.