Once cámaras industriales metalúrgicas elaboraron un duro informe en el que cuestionan el peso de los impuestos sobre la producción, en un llamado al Gobierno para tomar medidas que permitan “nivelar la cancha” con la competencia extranjera. Esto, en un contexto de “regulaciones cambiarias altas” y “restricción al comercio baja”, según afirman en el documento, es decir, un dólar artificialmente barato y la eliminación de normativas que regulaban mejor las importaciones.

“Los productos metalúrgicos en Argentina soportan en promedio una carga impositiva del 32 por ciento sobre el precio en puerta de fábrica (sin IVA), más del doble que Brasil y México”, dos países cercanos con los que existe competencia en el mercado. 

Los sectores que elaboraron el documento titulado “Una agenda común para crear más inversión y empleo en Argentina. Eliminar impuestos distorsivos para competir en una cancha nivelada” son fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, tubos y perfiles, construcciones livianas de acero, línea blanca, electro y gasodomésticos, autopartes y envases de acero, principalmente.

Esas industrias junto con la automotriz, nuclean más de 17.000 empresas, en su mayoría pymes, aclaran. Las pymes no pueden competir con tan elevada carga tributaria, y mucho menos en un contexto económico recesivo y de desregulación de las importaciones, aunque esto aparece soslayado en el documento. 

El peso de los impuestos en puerta de fábrica de una sembradora es del 33 por ciento del precio final (sin IVA), mientras en Brasil representa el 15 por ciento y en México un 19. Pero ejemplos abundan en el documento citado: el 33 por ciento del precio en puerta de un acoplado son impuestos contra 21 y 16 por ciento en Brasil y México, el 29 por ciento en el caso de un lavarropa son impuestos versus 15 y 14 por ciento en Brasil y México respectivamente, y en un silo el 34 por ciento son impuestos contra 15 y 19 por ciento en Brasil y México.

La metalurgia se presenta como competitiva dentro de la fábrica, pero cargando una mochila “externa” de impuestos “distorsivos” que desacomodan la ecuación. Un tercio de los impuestos que paga el sector son distorsivos, “es decir que se acumulan en la cadena de valor (débitos y créditos, Ingresos brutos, tasas municipales, sellos/otros)” y no se encuentran en otros países del mundo. Esto deja la cancha desnivelada en un sector de la actividad que integra el complejo industrial más importante de la economía nacional.

“El sector metalúrgico es un socio estratégico de cuatro grandes sectores que traccionarán el crecimiento de Argentina: el petróleo y el gas, la energía renovable, la forestoindustria y la minería. La metalurgia podría sumar 7.400 millones de dólares por año a la economía y miles de empleos en la próxima década como aliado de esos sectores”, aseguran.

Actualmente explica el 5,6 por ciento del PBI, exporta 11.500 millones de dólares por año y genera nada menos que 350.000 empleos directos (que dan cuenta del 30 por ciento del empleo industrial). Es, además, uno de los complejos más federales, con presencia en todo el territorio nacional.

Algunas de las cámaras firmantes de este documento son Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), la Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (Cairaa) y la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma).

La competitividad efectiva

“Argentina se encuentra en las peores posiciones en los ranking mundiales de competitividad. Esto se explica principalmente por 5 factores: la inestabilidad macroeconómica, la carga impositiva, el costo laboral no salarial, la falta de financiamiento al sector privado y los costos logísticos. Trabajar primero en estos factores es clave para una secuencia de integración inteligente al mundo”, sostienen en el documento.

Los países que lideran el ranking de competitividad internacional son Singapur, Taiwán y Estados Unidos, los cuales –según aseguran las cámaras metalúrgicas- “están intensificando su estrategia de política industrial con incentivos y financiamiento al sector privado local e incorporando medidas de defensa comercial (dumpings, salvaguardas) de las cuales un 40 por ciento están relacionadas con actividades metalúrgicas, principalmente contra el comercio desleal de China”. 

Se trata de segmentos muy puntuales semi-conductores, vehículos eléctricos y baterías, pero también la protección llega a metales básicos y productos de acero y aluminio que preocupan al entramado local.

En tanto, respecto del primer condicionante de la competitividad argentina, los industriales sostienen: “Una macroeconomía ordenada es la base para devolverle competitividad a las empresas. Pero la macro es solo el principio. Se necesitan políticas micro, como el reciente anuncio de un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para Pymes”. Sin embargo, cabe aclarar, que este proyecto de ley ni siquiera tiene fecha de tratamiento en el Congreso. Argentina va a contramano del mundo en materia de política industrial.

Además de la estabilidad macro y la baja de impuestos, otros factores son necesarios para “nivelar la cancha”. Por ejemplo los altos costos laborales, que estiman en un 67 por ciento de la masa salarial total, en un país como Argentina que tiene “una litigiosidad que es 10 a 20 veces superior a la de otros países del mundo pese a que los índices de siniestralidad son similares: en Argentina se hacen 110 juicios laborales cada 10.000 empleados, versus 9,5 en España y 5,8 en Chile”.

Los costos no laborales también son elevados, advierten los metalúrgicos: una magra disponibilidad de financiamiento y elevados costos logísticos. El crédito al sector privado en Argentina representa apenas el 12 por ciento del PBI versus 195 por ciento en países como Estados Unidos, China y Japón. Los costos financieros son altos debido a la incidencia de la inflación. En cuanto al desempeño logístico, medido por el Banco Mundial en 2023, Argentina se ubica en el puesto 72 entre 138 países, con baja eficiencia en los servicios portuarios, transporte ferroviario limitado e infraestructura de rutas deficiente.

Así, los industriales enumeran una serie de factores que perjudican la competitividad efectiva: es decir la derivada no solamente de la política cambiaria. Al respecto son críticos de este modelo económico, sostienen que tiene “regulaciones cambiarias altas” y “restricción al comercio baja”.

La política industrial es casi inexistente en el Gobierno de Javier Milei y los industriales lo saben, por eso apuntan a modificar entonces la cuestión impositiva, sobre la que el Gobierno mostró más interés.