El 11 de julio de 2024, seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) llegaron al penal de Ezeiza. Ingresaron con sus celulares y estuvieron largo rato compartiendo un diálogo amigable con quienes secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron, arrojaron personas adormecidas a las aguas y se apropiaron de sus hijos durante los años de la dictadura. Del encuentro se quisieron llevar, además de algunas ideas para ayudarlos a salir de las cárceles, un recuerdo: para ello, posaron todos juntos –con excepción de una de las legisladoras– en una foto de familia. El retrato significó la confirmación, para los organismos de derechos humanos, de que había un plan de impunidad en marcha. Seis meses después, no hubo respuesta institucional: ni un tirón de orejas para los legisladores que se acercaron a los criminales de lesa humanidad. Lo que sí hubo, medio año después, fueron decisiones judiciales que favorecen a los represores y la determinación del gobierno de Javier Milei de desmontar las políticas de derechos humanos.

El cónclave con Alfredo Astiz y compañía arrojó luz sobre muchas cuestiones que estaban en penumbras. En primer lugar, que había un núcleo activo bregando por la impunidad de los perpetradores de los delitos más aberrantes. A partir de los chats que reveló la diputada Lourdes Arrieta, una de las arrepentidas de la excursión, se supo que este núcleo estaba conformado por el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean, el excamarista Eduardo Riggi, entre otros.

La visita a Ezeiza no fue la primera. En marzo, tal como contó este diario, dos de los integrantes de la comitiva, Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, habían estado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, justo una semana después de que Luis Petri enviara a dos de sus funcionarios a reunirse con los detenidos. Los chats mostraron contactos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez.

Cuando estalló el escándalo, el SPF incurrió en varios bloopers a la hora siquiera de explicar quiénes habían ingresado al complejo. Llegó incluso a informarle al juez Adrián Grünberg que había entrado una diputada que nunca llegó a subirse a la combi que salió desde Congreso.

Esas irregularidades –denunciadas por otro juez, Daniel Obligado– dieron inicio a una causa penal que tramita en Lomas de Zamora. Arrieta se sumó y apuntó contra sus colegas libertarios. El fiscal ciñó la cuestión al rol del SPF, pero no se registraron grandes avances. Todo indica que al expediente no le espera una larga vida.

“Que uno de los actos más antidemocráticos del 2024 aún no haya tenido respuestas institucionales y por parte de la Justicia indica que hay un desinterés por parte de algunos funcionarios, tanto legislativos como del Poder Judicial que pinta toda una época”, dice Pablo Llonto, que actúa como abogado querellante en la causa sobre la visita.

“La responsabilidad mayor es de los diputados y diputadas del PRO, de un sector de la Unión Cívica Radical, y de otros sectores que apoyan a Milei que se llenaron la boca con el respeto a la Constitución, la democracia y los derechos humanos, pero a la hora de defenderla se ocultan bajo la mesa. A nivel judicial, estamos esperando que las indagatorias por los delitos cometidos al permitir esa visita lleguen en las próximas semanas, y que en esas indagatorias aparezcan las responsabilidades penales de los diputados de Milei que gestaron esos abrazos con los mayores asesinos de la Argentina”, remarca Llonto.

El Poder Judicial viene dando algunas señales que preocupan. “La visita anticipó la postura de la coalicion gobernante ante el genocidio. El repudio no alcanzó pero fue un freno temporal”, evalúa Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Hoy asistimos al desguace de toda política pública en materia de memoria, verdad y justicia y comienzan a aparecer los frutos del lobby pro-genocidas en el ámbito judicial. Es un escenario difícil de revertir hasta que no se construya una alternativa popular a este gobierno fascista y negacionista”, añade.

En la semana, Olea y Saint Jean –los abogados que participaban de los grupos de WhatsApp con los diputados– se anotaron una victoria. La sala de feria de la Casación Federal le dio la libertad condicional al represor Diego Chemes, condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como Vesubio. Los mismos letrados estuvieron detrás de un hábeas corpus colectivo que permitiera salir de las cárceles a los represores y, a mediados de diciembre, celebraron otro fallo: la Cámara Federal ordenó investigar la bomba contra el edificio de Coordinación Federal, colocada en julio de 1976. La resolución parece ir en línea con el deseo de la vicepresidenta Victoria Villarruel de “meter presos” a todos los militantes de los años ‘70.

Silencios

Villarruel nunca habló de la visita a Ezeiza, pese a que ella solía frecuentar a los represores presos. Milei buscó despegarse al decir que la libertad de los criminales de la dictadura no formaba parte de su agenda, sino de la de su vice, con quien está abiertamente enfrentado. Ella no reaccionó. Ni siquiera lo hizo cuando apareció un chat de Guillermo Montenegro, uno de los visitantes y su exmano derecha, que decía que había recorrido penales con ella. Página/12 pidió información al gobierno nacional, pero éste respondió que no era un asunto de interés público.

En el Congreso, el tema se fue cayendo de agenda paulatinamente. “Es evidente que hay una complicidad del gobierno y su socio Juntos por el Cambio para no avanzar en el pedido de expulsión que hicimos desde los organismos. No se pudo avanzar siquiera con una sanción menor”, se lamenta Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S Capital. “Quedó claro que hay un plan de impunidad para liberar a los genocidas. Hay fotos y proyectos que lo atestiguan. Hubo una respuesta positiva de un sector social, pero no una institucional”, completa.

“A seis meses del picnic en Ezeiza que no haya respuestas muestra cuál es la orientación de este gobierno y representa una interpelación a actores políticos –diputados y senadores– que se vieron impotentes o renunciaron a tomar alguna medida”, opina Graciela Daleo, sobreviviente del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

“La estrategia en favor de los genocidas tiene varias estaciones: impunidad, lavarles la cara, que obtengan la prisión domiciliaria como mínimo y que sean reivindicados como máximo”, explica Daleo, socióloga e integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Todo este proceso se da conjuntamente con la liquidación de las políticas públicas de derechos humanos y las instituciones que las sostuvieron”, dice.

Continuidades

El año arrancó con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti cerrado. A pocos metros dentro del mismo predio de la exESMA, policías controlaban los ingresos a la Secretaría de Derechos Humanos. Más de 250 personas fueron despedidas en una sangría que podría prolongarse durante los próximos meses.

“Si uno se pone a analizar la cronología que terminó con los despidos en la Secretaría, se podría decir que todo esto fue parte de un plan de impunidad. La visita a Ezeiza funcionó como un termómetro de que estas cosas iban a poder hacerlas sin demasiada oposición”, sostiene Mabel Careaga, referente de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Su madre, Esther Careaga, fue una de las víctimas de Astiz, anfitrión de los diputados.

Para Careaga, la democracia no mostró anticuerpos para defenderse a sí misma. “Estos personajes que reivindican el terrorismo de Estado lo hacen desde el Congreso, que es la institución democrática por excelencia. Los diputados y las diputadas no han hecho lo suficiente para separarlos, proteger la democracia y evitar el avance de la destrucción de las políticas públicas de derechos humanos. No pueden desentenderse de esto quienes forman parte de la fuerza política que hizo de la memoria, la verdad y la justicia una política de Estado”.

Si bien los proyectos que llegaron a manos de los diputados oficialistas no prosperaron, el gobierno dio señales que fueron del agrado de quienes reclaman impunidad. Un mes después de la visita, Milei desmanteló la unidad especial de investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante la dictadura.

“Nadie, absolutamente nadie, hubiese imaginado que, desde el retorno a la democracia hasta este evento, posar con los peores criminales de la historia de nuestro país no iba a tener ningún tipo de costo político”, opina Guillermo Pérez Roisinblit, que nació en la ESMA y restituyó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo. “Hoy por hoy, el blanco preferido del Ministerio de Justicia son las Abuelas. Atacan a las Abuelas, buscan denostar a Estela (de Carlotto) porque lo único que no pueden justificar es lo que hicieron con nosotros –el robo de bebés, la apropiación y el cambio de identidad”, agrega.

“A seis meses de la visita, lo que queda en evidencia son las consecuencias de no haber legislado a tiempo contra el negacionismo”, aporta la legisladora Victoria Montenegro, otra de las nietas encontradas por las Abuelas. “No solo los diputados que fueron a Ezeiza, que reivindican la dictadura cívico-militar, continúan en la misma lógica, sino que se agrava más porque hay una definición del Ejecutivo nacional con los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el ataque a la Conadi o a los sitios de memoria. Tenemos que unir las partes y poder construir una estrategia que pueda enfrentar las acciones de odio y la disolución de las políticas de derechos humanos. También tenemos que prepararnos para cuando nos toque revertir esta situación en cuanto a leyes que impidan retrocesos tan violentos como los que estamos viviendo”.