Un nuevo hecho de policía-ladrón o el popular poliladrón sacude a la provincia de Santa Fe. En las últimas horas, una investigación judicial reveló una grave trama de corrupción policial: integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario robaron cocaína de un allanamiento y la vendieron en la ciudad de Santa Fe a través de sus familiares.

Si bien la noticia trascendió recientemente, la causa se inició en agosto de 2024 y los primeros allanamientos se concretaron en octubre. Allí, el juez de la causa ordenó la prisión preventiva de los policías. 

Tras la detención, se realizó el análisis del contenido de los peritajes de los teléfonos celulares secuestrados de los acusados, y se detectaron maniobras de comercialización de estupefacientes a través de familiares a U$S 7.500 el kilo. 

En la audiencia del pasado 8 de enero se pudo determinar que se trataría de aproximadamente entre 12 y 15 kilos de cocaína de máxima pureza, que eran vendidos en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario (en esta última se procedió a la detención de una de las investigadas en su lugar de trabajo). Asimismo, ello derivó en la detención de tres personas. 

Sobre los policías que ya se encuentran detenidos se les imputó el comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada, mientras que para las restantes personas el comercio de material estupefaciente agravado por la participación de tres o más personas. 

La investigación es llevada a cabo por los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García-Andrés Montefeltro-Virginia Sosa (fiscales coadyuvantes), quienes en la última audiencia solicitaron la formalización de los cargos contra los tres nuevos detenidos y la fijación de prisión preventiva por el plazo de 119 días. 

Asimismo, pidieron la ampliación del plazo de prisión preventiva de los policías ya detenidos por 83 días (vencimiento actual febrero/2025). Además, se solicitó autorización para la realización de medidas de prueba (peritajes, etc.) y que se declare el caso como Procedimiento Complejo. 

En tal sentido, el juez de la causa, Vera Barros, resolvió tener por formalizada y ampliada la investigación, ordenar la prisión preventiva de los nuevos detenidos por 90 días y no hizo lugar a la prórroga de la prisión preventiva de los policías (está vigente la última prórroga). Además, el magistrado autorizó las medidas de prueba y declaró el caso como Procedimiento Complejo.

Cómo se vendía la droga

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el personal policial involucrado tuvo drogas en su poder, que obtuvieron de un allanamiento ilegal, realizado en la calle Forest, donde intervinieron como funcionarios policiales. Luego, se habrían dividido el material entre los que participaron del procedimiento, al igual que las ganancias. Los oficiales se habrían quedado con al menos tres paquetes de un kilo cada uno, el cual iban a intentar vende entre 7.000 y 7.500 dólares. 

Luego, trasladaron parte de esa droga desde Rosario hacia Santa Fe. Más precisamente a los domicilios donde residía la familia política del agente Toledo, el lugar donde fraccionaron un parte de esa droga y luego la vendieron. Específicamente intervinieron en la maniobra: Miriam Alejandra Gallegos (quien también intervino en el traslado) y los hermanos de ésta Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos (que intervinieron en el fraccionamiento y venta); y una persona de nombre Maca, amiga de Miriam Alejandra Gallegos, también en la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades sostienen que de esa venta de droga obtuvieron un rédito económico de millones de pesos.