La asociación civil “Amigos del Humedal Laguna Melincué” rechazó la propuesta oficial de trasladar la Alcaidía de esa localidad del Departamento General López a un terreno de 11 hectáreas declarado Sitio Ramsar, tras la aprobación del presupuesto 2025 de Santa Fe que prevé partidas para construir un penal en ese distrito del sur provincial. “Nosotros entendemos que la política tiene que resolverle los problemas a la gente, y acá nos van a traer un problema”, dijo a Rosario/12 Juliana Cagrandi, integrante de la asociación. “Nosotros no nos oponemos al traslado de la Alcaidía, nos oponemos al lugar y a las 11 hectáreas que se quieren utilizar”, completó su presidenta, Alicia Fernández.

La comuna de Melincué tiene 2.500 habitantes. Su principal actividad es el turismo, derivación de su conocida laguna y del más joven casino, instalado en 2007. La vieja Alcaidía del pueblo posee unos 160 detenidos. Desde hace ocho años existen proyectos para trasladarla del casco urbano hacia las afueras, lo que motivó en 2016 una audiencia pública para discutir el tema. Y que se expusiera el rechazo a esa idea, atento a que la localidad está situada sobre un humedal y fue declarada Sitio Ramar el 24 de julio de 2008.

La localidad, aunque es pequeña, es la cabecera del Departamento General López. Sin embargo, la mayor parte de los servicios e instituciones estatales están radicados en Venado Tuerto y Firmat, las ciudades más relevantes en cantidad de habitantes.

“El planteo (para instalar una cárcel) es que Melincué es cabecera del departamento, eso decían las autoridades en la audiencia. Yo utilicé los mismos argumentos, para explicar que cuando se decidió la construcción del hospital regional se hizo en Venado Tuerto, el juzgado federal se hizo en Venado Tuerto, igual que Gendarmería y la Policía Federal, y cuando se incrementaron juzgados, todo eso pasa a Venado. Agrandan Venado Tuerto o Firmat en desmedro de Melincué”, dijo Cagrandi. Y agregó que “cuando tienen que cerrar alguna dependencia lo hacen en Melincué, ahora casi no tenemos delegación de la API”.

Fernández completó el razonamiento: “Es entendible, porque son localidades numersosas, de 80 mil habitantes y nosotros somos 2.500. Nuestro desarrollo pasa por otro lado, Melincué tiene la historia, además de ser cadena de fortines se han descubiertos restos óseos de 7 mil años, el enterramiento de un niño hace 5 mil años”, contó, para agregar: “Tenemos una laguna enorme y lo nuestro no pasa por comercio, fábricas, industria y número de gente. Nosotros damos servicio turístico, naturaleza, tranquilidad y seguridad. Es lógico que las reparticiones estén en Venado Tuerto, no nos quejamos de eso, pero que dejen seguir desarrollándonos por el camino en el que venimos”.

Lo que los miembros de la asociación entienden que aparece como una paradoja no es que los servicios y organismo estatales estén radicados en las ciudades más grandes, sino que les quieran instalar una cárcel cuyos presos, además, son en su mayoría de esas localidades más grandes.

Fernández puntualizó que en la Alcaidía de Melincué “debe haber uno o dos (procesados) que son de Firmat, los demás procesados son de Venado Tuerto, y eso implica que los familiares tengan que viajar, y también los movimientos que tiene que hacer la Justicia que los tiene que llevar a declarar a Venado”.

La asociación Amigos del Humedal Laguna Melincué plantea que la Alcaidía no puede trasladarse donde en algún momento pensó el Estado santafesino, que es un terreno de 11 hectáreas, ubicado a unos 1.500 metros de la última casa de un barrio de la localidad. “¿Hacerlo en un Sitio Ramsar, donde hay pendiente hacia la laguna, que es un bañado? Van a terminar contaminando todo”, sostuvo Alicia Fernández.

Juliana Cagrandi agregó que construir un nuevo penal “en 11 hectáreas termina siendo lo que es (la cárcel de) Piñero, sin duda”. Ese es otro temor que alberga parte de la comunidad. Que el mini penal planeado por el Gobierno, para el cual existen partidas en el Presupuesto 2025 aprobado por la Legislastura, termine convirtiéndose más adelante en una prisión de mayores dimensiones, desdibujando el perfil turístico y tranquilo de Melincué. 

El Departamento General López no tiene cárceles. La senadora provincial es Leticia Di Gregorio, quien reemplaza a Lisandro Enrico, que pidió licencia en la Legislatura para asumir como ministro de Obras Públicas. El jefe político del distrito sigue siendo él. 

Di Gregorio dijo en declaraciones a la prensa que construir una unidad penitenciaria en el departamento “es un deseo tanto de Lisandro, como del gobernador y de Pablo Cococcioni (ministro de Justicia y Seguridad)”. 

“La palabra nos hizo alertar, se tienen deseos para otras cosas, no para hacer una cárcel”, sostuvo Cagrandi en diálogo con este diario. El gobernador Pullaro también habló del tema e hizo una aclaración. “Una de las opciones es construir una cárcel en las afueras de la localidad de Melincué, pero son dos cosas diferentes: la Alcaidía la vamos a mejorar, la vamos a arreglar, y se sigue evaluando en qué lugar del Departamento General López se construye una unidad penitenciaria, porque es necesaria”, diferenció el mandatario.

Como casi ninguna comunidad quiere tener cerca una cárcel, su radicación puede convertirse en un problema no sólo de logística, sino de cálculo político. Venado Tuerto y Firmat tienen padrones de votantes muy superiores a Melincué. Y el ministro de Obras Públicas es, al mismo tiempo, el jefe político de General López.

“La presidenta comunal (Yamila Gallisso) está de acuerdo con el traslado de la Alcaidía, pero no con el lugar”, dijeron desde la asociación, que tiene “propuestas alternativas” tanto para el traslado como para un futura unidad penitenciaria. “En las propuestas que tenemos de terrenos posibles, son muchos más chicos, como es el caso de Rafaela (donde se utilizará media hectárea), y además casi no implicaría gastos para la provincia porque funcionaban escuelas rurales”, dijo Fernández.

La asociación solicitó entrevistas con el gobernador y los ministros, pero no les fueron concedidas. “No nos contestaron. No vienen a dialogar porque no tienen argumentos, los argumentos los tenemos nosotros”, añadió Cagrandi, y recordó que la organización posee alternativas para una prisión sobre la ruta nacional 33 en un sitio ubicado a 10 kilómetros de distancia de la localidad más cercana donde, entienden, no generaría problemas a ninguna comunidad.

En un comunicado, señalaron: “Consideramos que se presenta la oportunidad histórica para que el traslado sea fuera del Sitio Ramsar y más cercano a la sede de la circunscripción judicial Venado Tuerto, donde funcionan el Centro de Justicia Penal, la delegación del Gobierno provincial, el Hospital Regional y dependencias de otros ministerios. Teniendo en cuenta que el 88% de los imputados provienen de Venado Tuerto y Rufino”.