Mientras se registra en el país un femicidio cada 33 horas, el Gobierno se resiste a garantizar políticas contra la violencia de género a pesar de que la Justicia le ordenó que no desmantele los distintos programas de prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para sobrevivientes y familiares. El Ejecutivo apeló la decisión. Paradójicamente, luego de un año en el que se desenten