Mientras se registra en el país un femicidio cada 33 horas, el Gobierno se resiste a garantizar políticas contra la violencia de género a pesar de que la Justicia le ordenó que no desmantele los distintos programas de prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia para sobrevivientes y familiares. El Ejecutivo apeló la decisión. Paradójicamente, luego de un año en el que se desentendió de la problemática, ahora muestra apuro y pidió que se habilite la feria --y lo consiguió-- para rechazar la resolución contra el desguace del área de género.

La habilitación de la feria fue ordenada por el juez Enrique Lavie Pico. “Es raro que haya declarado asunto de feria el recurso de apelación del Estado porque no es una cuestión que encuadre en los requisitos de urgencia que fija el Código Procesal, e incluso apartándose del dictamen del Ministerio Público Fiscal que consideraba que no era un asunto de feria”, consideró a Página 12 la abogada tucumana Soledad Deza, directora ejecutiva de Mujeres x Mujeres, una de las organizaciones que presentaron el recurso. “Podríamos pensar que hay alguien trabajando en enero para dar vuelta esta cautelar y de ahí esta decisión, pero prefiero ser optimista y confiar en que de verdad las políticas públicas de género importan y la urgencia judicial está en confirmar esta decisión que frena el desmantelamiento que viene haciendo en el área el Gobierno”, agregó en diálogo con este diario.

La demanda se inició ante la incertidumbre generada por el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias --el último rastro de institucionalidad para atender el problema de la violencia machista-- y el despido del 85 por ciento de sus trabajadores. El 28 de junio, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación.

Concretamente, las organizaciones demandaron certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias contra mujeres y diversidades; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimación de las ONG para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos. Es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza en el gobierno de Milei.

Declarado el carácter colectivo de la acción, la Justicia resolvió darle traslado al Ministerio de Justicia. En su respuesta, el Estado negó aquello que había anunciado con bombos y platillos por las redes sociales: el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país. La cartera que encabeza el ministro Mariano Cúneo Libarona argumentó que “simplemente, y en uso de sus atribuciones, la actual gestión de gobierno ha procedido a reorganizar la estructura estatal y sus programas y organismos, tal como se ha detallado y surge de las disposiciones y decretos publicados y en vigencia”. Estos argumentos son reiterados en el recurso, “junto con rigorismos y excusas inadmisibles, más informes que no acompañaron en el momento procesal oportuno”, señalaron las ONG.

Las organizaciones respondieron con abundante evidencia. Indicaron que la situación actual es muy diferente a lo que plantea el Ministerio de Justicia en su informe. Tanto los CAJ como varios de los programas que funcionaban en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se encuentran desfinanciados, con baja ejecución presupuestaria y con el menor alcance desde su creación, como viene informando Página 12.

Por encontrarse en juego derechos de niñas, niños y adolescentes, en la causa también participó el Ministerio Público de la Defensa, que dictaminó que “no se advierte de la lectura del informe presentado por el Estado Nacional de qué manera la Administración Pública garantizará los derechos de las niñas y adolescentes involucradas. Es así que persiste un marco de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que el Estado Nacional mantiene actualmente con las niñas y adolescentes afectando sus derechos constitucionales y convencionales a vivir una vida sin violencia”. Además, destacó que recientemente el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo en nuestro país desde fines de 2023, y recomendó al Estado que aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para la infancia, incluyendo presupuesto para personal formado, infraestructuras adecuadas, programas de prevención y atención integral. Por todo ello, solicitó que se haga lugar a la medida de no innovar requerida por las organizaciones.

El 28 de diciembre, las ONG lograron un triunfo parcial: el juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, hizo lugar a la medida cautelar presentada por organizaciones en la que solicitaron al Ministerio de Justicia que se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los CAJ. Además, requerían que se renueven los contratos vencidos al 30 de junio de 2024. Todo ello hasta tanto el Ejecutivo asegure y dé certezas sobre cómo cumplirá las leyes vigentes y compromisos y tratados internacionales en materia de violencias. El magistrado solo hizo lugar a la primera parte del planteo. Es decir, no avaló la renovación de los contratos.

Entonces, el Poder Ejecutivo apeló esta decisión. Con un criterio sumamente cuestionable, el juez Enrique Lavie Pico habilitó la feria judicial y ahora es la Cámara Contencioso Administrativo Federal la que debe decidir: los jueces Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti de la Sala IV, son quienes deben resolver si aceptan o no el recurso.