La tensión va en aumento en el molino Bajo Hondo, propiedad del Grupo Bahía Energía, que conduce el empresario Juan Carlos Bojanich, en la localidad de Cerri, cerca de Bahía Blanca. "En noviembre tuvimos una reunión con los directivos de la empresa, en la que nos dijeron que la cosa venía mal y tenían que empezar con diez suspensiones", relata el secretario general de la regional bahiense de la Unión Obrera Molinera Argenitna (UOMA), Julio Vidal. "Quedamos en seguir hablando, fuimos al congreso nacional del sindicato en diciembre y, cuando volvimos, ya no eran diez suspensiones sino diez despidos. Después vino el anuncio verbal del cierre y los telegramas que llegaron a las casas de los compañeros justo el 24 de diciembre a la tarde", cuenta el sindicalista a Buenos Aires/12.
Según describe, el argumento es que "no dan los números". El transporte al molino de Cerri encarece demasiado y, como la ecuación está muy fina, así pierden plata. El de Cerri es alquilado y es el segundo molino del grupo Bahía Energía, que tienen uno propio en la zona de El Triángulo, que sigue operando normalmente.
En los últimos días, intervino la conducción nacional de la UOMA, que encabeza Rubén Saibén Lafuente. Los sindicalistas se reunieron con las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial, que tras analizar el caso dictó la conciliación obligatoria hasta el mes de marzo. Sin embargo, la empresa dispensó de trabajar a los involucrados, al no asignarle tareas y ordenarles que no concurran, medida violatoria de la conciliación, que forzó una nueva intervención de los funcionarios a las órdenes de Walter Correa.
"Es cierto que la demanda estas semanas bajó respecto de fin de año, pero eso es habitual, porque nuestra actividad tiene un pico antes de la fiestas", reflexiona Vidal, que advierte que en los últimos meses del año la industria demanda más harina para hacer el pan dulce, pero que, hasta ahora, la meseta del verano nunca fue motivo de despidos ni mucho menos de cierres.
El molino de Cerri, distante apenas quince kilómetros del casco urbano de Bahía Blanca, emplea a 35 trabajadores en total. Los sueldos parten de 1,2 millones de pesos mensuales y aumentan según la antigüedad, jerarquía y calificación.
La mayoría de los empleados tienen trayectorias que van de los ocho a los diecisiete años en la empresa. Por eso Vidal entiende que se trata de una maniobra de los dueños, cuyo objetivo es evitar el pago de las indemnizaciones.
"A los que despidieron, les inventaron causas para no pagarles y la mayoría son trabajadores ejemplares, que en más de quince años no tuvieron un apercibimiento", cuentan desde el sindicato que ya encabezó el reclamo ante la Justicia y el ministerio provincial.
Todos están pendientes de lo que ocurra con esta primera tanda porque, según entienden, si el Grupo Bahía Energía puede eludir sus responsabilidades ante los despidos, es probable que nadie cobre indemnización.
El clima de época
En el sindicato explican que anunciar un cierre que nunca ocurrirá es una manera de hacer pasar una tanda de despidos, si no como una buena noticia, al menos como un mal menor, que a la vez permite disciplinar a los trabajadores que continúan en sus puestos. Se trata de una manera cada vez más habitual de las empresas de anticiparse y abortar reclamos futuros por salario o condiciones laborales.
Desde el área jurídica del sindicato, en primer lugar, descreen de la decisión de cierre manifestada por los directivos, porque el momento de la actividad no es tan malo, y porque hasta ahora no presentaron un solo documento que pueda hacer pensar que el destino anunciado resulta inevitable.
Más bien sospechan que se trata de una maniobra para seguir operando pero con menos trabajadores, para maximizar la rentabilidad. También saben que la situación sirve para "disciplinar" a quienes se queden en la empresa. En esa dirección también parece conspirar el clima de época y algunos antecedentes como Medamax en La Matanza o Dánica en Lavallol.
En algunos casos, las empresas efectivamente cierran y reabren con una nueva razón social, con empleados contratados bajo el paraguas de la nueva legislación, cuyo objetivo es bajar el famoso "costo laboral".
El Grupo Bahía Energía, cuyo director es el nicoleño Juan Carlos Bojanich, se encuentra diversificado. Posee varias plantas de biodiesel, que vende a YPF, tiene varios campos propios, y posiciones en la industria de los juegos de azar, que en conjunto representan unos tres mil puestos de trabajo. Sólo las plantas de biodiesel están valuadas en 250 millones de dólares.
"El grupo tiene recursos para pagar las indemnizaciones, si no es el molino será otra empresa", afirman. El principio jurídico que invocan es que, si no fueron socios en las ganancias, tampoco tienen por qué serlo en las pérdidas.
Bojanich es medianamente conocido en Bahía, pero cultor de un perfil muy bajo fuera de la ciudad donde hace base. Tiene 68 años, es contador público y su primer negocio fue una cadena de panaderías que todavía conserva. Con ellas, hace más de treinta años, fue proveedor de la vecina base naval de Puerto Belgrano.
“El 90% de nuestros proyectos son producto de la constante reinversión. Somos emprendedores natos e inversores compulsivos”, se definió en una entrevista con la revista Forbes, en una de sus pocas apariciones públicas, allá por 2020.
La UOMA, por su parte, integra la Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria Alimentaria (CASIA), junto con UATRE, Atilra, Panaderos, Pasteleros, Fideeros y Uthgra, entre otros. Saibén Lafuente integra la comisión directiva de ese organismo, en calidad de Secretario de Acción Social.