"No entienden nada". "Están del lado de los delincuentes". Así se refirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, al pronunciarse sobre el informe referido a la represión a la protesta social difundido a finales del año pasado. La ONG documentó que hubo más de 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y represión contra niños y niñas en la decena y media de manifestaciones que relevaron y concluyó que la aplicación del "Protocolo Antipiquetes" implicó "serios retrocesos en el derecho a la protesta". Ante el ataque, AI replicó: "entendemos que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos". Y recordó el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso, en el que se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante cuando lo había hecho un policía.
El 19 de diciembre Amnistía Internacional Argentina (AI) publicó un exhaustivo documento con el título Disenso en riesgo, en el cual puso en evidencia que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, al menos 15 protestas en la Ciudad de Buenos Aires fueron reprimidas de manera excesiva e ilegítima por las fuerzas de seguridad contra personas que ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, restringiendo el ejercicio de la libertad de expresión". La ONG destacó que la respuesta estatal a las expresiones callejeras contra las políticas de ajuste oficiales "se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva".
En detalle, AI contó que fueron 1155 las personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves. Además, 33 personas recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión, como padeció el abogado del Ceprodh Matías Aufieri. De ese grupo, 50 periodistas y trabajadores de prensa fueron heridos mientras cubrían las manifestaciones, y más de 70 manifestantes fueron detenidos --la mayoría de ellos en cárceles de máxima seguridad-- y procesados por participar en las protestas.
"En un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le dieran un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza, hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes", afirmó Bullrich en declaraciones radiales. También afirmó que AI está siendo influenciada por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad. "¿Por qué no le preguntan ahora a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros? Que le pregunten también a los mismos piqueteros, que eran llevados y le sacaban una parte de la plata de sus salarios. ¿Por qué no les preguntan a ellos? En vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo", apuntó la ministra de Seguridad.
A su criterio, AI "es pura ideología, una ideología de proteger siempre a los victimarios, y a los 46 millones de argentinos, que son víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie". Bullrich ironizó: "Pero, tranquilos, Amnistía, que nosotros los protegemos".
"Violan los derechos humanos"
Ante la acusación de que no entienden nada, Amnistía Internacional Argentina respondió: "Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua". La ONG agregó: "Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia".
A modo de lección para la eterna funcionaria devenida espada libertaria, señaló que denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo.
AI remarcó que sus reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas y pedidos de acceso a la información pública. "Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”, apuntó la ONG.
Sus activistas y directivos están acostumbrados a recibir cuestionamientos de las diversas administraciones de todo el mundo. "Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el Protocolo Antipiquetes, todo está documentado en el criticado informe y en un sitio web”, completó AI. En su bio en X la ONG avisa que están "donde los derechos no están”, y enuncia que tiene más de 22 mil socios en la Argentina.
La ministra de Seguridad completó ayer su tour de prensa con una entrevista en la que cuestionó al ex jefe de Gabinete Marcos Peña por haberle criticado a ella el uso de la Gendarmería y las balas de goma para reprimir la protesta social.
