No tenemos tregua. Desde el año pasado venimos reclamando por la falta de concreción de algunas compras, falta de tratamientos, cambios compulsivos de tratamientos para VIH particularmente, pero también las demoras que hubo para concretar compras para tratamientos de Tuberculosis y reactivos para diagnósticos. Sumado a esto, en octubre salimos a denunciar que el gobierno nacional presentó un proyecto de ley que recorta un 76% el presupuesto para la prevención y el tratamiento de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual para este año.
No solamente redujeron el presupuesto sino también la planificación de metas, es decir, la cantidad de tratamientos, de reactivos de prevención y preservativos. En el caso de tuberculosis la meta en el 2023 era de 13 mil personas, teniendo en cuenta que el número de diagnosticados por año era un promedio de entre 11 mil y 12 mil. En el 2024 aumentó a 15 mil personas y en lugar de subir la meta planificaron comprar casi un 20 por ciento menos de tratamiento. Esto indica que tienen una idea clara de desfinanciar y desmantelar la política pública para esta enfermedad.
Con respecto a la hepatitis también redujeron la meta de la cantidad de personas a las que habían llegado, aún cuando tenemos aumentos de casos. Volvieron a prorrogar el presupuesto del 2023 que se planificó en 2022, que es el que va a seguir vigente en 2025 y que, además, lo pueden manejar discrecionalmente. Las hepatitis tienen históricamente un subregistro enorme. Se estima que solamente el 30 por ciento de las personas que tienen hepatitis B o C conocen su diagnóstico con lo cual, habría un 70% de personas con hepatitis B o C que no lo saben.
Este aumento está relacionado con la falta de prevención y de políticas públicas. En el 2024 no hubo ninguna campaña, las coordinaciones justamente se encargan de planificar acciones, políticas públicas, campañas de prevención, realizan estimaciones y estudios sobre cuáles son las poblaciones con mayor vulnerabilidad a determinadas patologías. En función de eso se arman estrategias de trabajo, analizan quienes no pueden acceder a los tratamientos y se bajan directrices para que en los hospitales, por ejemplo, se entregue la medicación a diario y se acompañe si es posible con alguna vianda o alimento porque llegan muchas personas.
Durante el 2024 muchas de estas acciones fueron imposibles de concretar. La propia ley de respuesta integral al VIH, Tuberculosis y Hepatitis plantea que tienen que haber campañas todos los años a nivel masivo, considerando el resto de las infecciones de transmisión sexual. No solo no hubo campañas, tampoco nos han contestado, ni han convocado la Comisión, ni siquiera compraron preservativos.
En el caso de tuberculosis, lo que está pasando es que además de la tuberculosis que comúnmente conocemos y que responde a los esquemas iniciales de tratamiento, tenemos las tuberculosis más complicadas o resistentes y multirresistente a las distintas drogas que necesitan tratamientos especiales. Son medicamentos de precio elevado que nuestro país debe comprar a farmacéuticas multinacionales y en este momento con la baja del contrato de la coordinadora de tuberculosis, nos quedamos sin médico en el equipo de tuberculosis de la nación. Ella es la que autorizaba justamente los tratamientos de complejidad para tuberculosis compleja, resistente y multirresistente.
Desde fines de diciembre ese lugar está vacío y ya hay al menos 10 personas esperando la autorización para recibir ese tratamiento a una tuberculosis multirresistente que no solamente complica su salud, sino que, además la transmisión que se está dando es justamente una transmisión de una tuberculosis multirresistente. Eso provoca que otras personas contraigan tuberculosis multirresistente y deberá hacerse una inversión mayor en medicamentos más caros.
Las personas diagnosticadas con tuberculosis durante el primer mes y a veces, también, durante el segundo mes, no pueden continuar con sus tareas habituales. Justamente por una cuestión de prevención, no pueden concurrir a los ámbitos laborales. Es una enfermedad que está muy ligada a la pobreza y las situaciones de hacinamiento donde viven muchas personas en ambientes muy reducidos, provoca mayor transmisión y dificultad para poder conseguir el mango diario para comer, por eso esta situación tiene un costo muy grave.
Desde el gobierno nacional vienen mencionando que las provincias se responsabilicen de la respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis. Cada provincia ya se hace cargo mediante sus efectores públicos de salud brindando atención a las personas que tienen estas patologías, pero históricamente las compras de los tratamientos y de los insumos para prevención y de los reactivos para los test son una potestad del Estado nacional y está bien, que así lo sea. Descentralizar esa compra sería aberrante, primero porque las provincias no tienen la misma capacidad presupuestaria pero, además, en la lógica que plantea este gobierno que quiere reducir los costos y el déficit, descentralizar las compras significaría que las provincias van a pagar más caro porque compran menos cantidad de tratamiento. Independientemente de esta cuestión de lógica, la ley dice que el Estado nacional debe dar respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis y debe ser parte del presupuesto nacional, es decir, que el gobierno está queriendo incumplir la ley, al igual que el año pasado.
Con la ley logramos que se creara una Comisión Nacional que es interministerial y además está integrada por organizaciones académicas, científicas, de la sociedad civil y redes comunitarias de personas con VIH, hepatitis y tuberculosis. Esa comisión, que tiene como objetivo fundamental trabajar por una respuesta integral con políticas públicas y monitoreo, tiene una experticia en estas enfermedades y debe funcionar cuatro veces al año. En el 2024 solo logramos que funcione una vez.
Está claro que la idea es desmantelar la respuesta a nuestra salud pública y desfinanciarla. Están planificando un genocidio porque empujan a las personas a la muerte, sin tratamiento, sin medicación y también con más riesgo de contagio. Están planificando un país para pocos, para quienes tienen acceso a una medicina prepaga o una obra social, esas personas serán las únicas que podrán acceder a tratamientos, a diagnóstico e insumos de prevención necesarios.
*Psicólogue e integrante de Fundación GEP.
