El gobierno nacional inició un proceso de privatización de rutas nacionales con el llamado a licitación del corredor vial 18 que atraviesa las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, que representan una traza clave para el comercio con el Mercosur. Dentro de ese combo se incluye la ruta 174 que une a Rosario con Victoria a través del puente interprovincial. “Se trata de una ruta trascendental con un valor estratégico enorme, por ser el vínculo terrestre con Brasil, que es nuestro principal socio comercial”, advirtió Diego Giuliano, diputado nacional y exministro de Transporte nacional. En tanto, desde el gobierno provincial insistieron en la necesidad de reparar las rutas nacionales en la provincia y advirtieron que la vía privada demandaría mucho más tiempo. “En el corto plazo es urgente que realicen tareas de mantenimiento que no están haciendo”, apuntó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Por su parte, el diputado nacional Germán Martínez consideró que al gobierno solo le interesan las rutas “como una unidad de negocios”, mientras que el legislador provincial, Carlos Del Frade, planteó que la privatización responde más a intereses extranjeros que locales.

La licitación de la Red Federal de Concesiones se oficializó este miércoles por medio del decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial. En el plazo de un año se licitarán más de 700 kilómetros que abarca los tramos de la ruta 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), parte de la ruta 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), un tramo de la ruta 135 (de Colón a General Artigas), la ruta A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), la ruta 117 (de Paso de los Libres al límite internacional entre Argentina y Brasil), y la ruta 174 que una a las localidades de Rosario y Victoria por medio del puente Nuestra Señora del Rosario. Parte del corredor vial 18 está cargo de la sociedad anónima Caminos del Río Uruguay (Crusa) cuya concesión finaliza en abril de este año.

Se trata de una traza estratégica para el país que integra no solo la región del Litoral, sino que además conecta a tres de los cuatro países que forman parte del Mercosur por vía terrestre. Pero eso es solo la primera parte de un plan privatizador mucho más grande. En total se prevén licitar 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional y concentran el 80% del tránsito. En el decreto se argumenta la decisión en el marco de una “reorganización administrativa” planteada en la Ley de Bases (27.742) que propicia “la reducción del sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto, equilibrar las cuentas públicas, y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional”.

En diálogo con Rosario/12, Giuliano manifestó su preocupación por la medida, remarcando la importancia del corredor que se busca licitar. “Se trata de una ruta trascendental con un valor estratégico enorme, por ser el vínculo terrestre con Brasil, que es nuestro principal socio comercial”, expresó y agregó: “La privatización absoluta y total puede ser perjudicial si no tiene un control adecuado, si no tiene un análisis de las tarifas y si no se estudian los costos para la producción. Creo que el vencimiento de la concesión vigente era una muy buena oportunidad para analizar los aspectos estratégicos de nuestra relación terrestre con el principal cliente que tiene la Argentina”.

En ese sentido, el exministro de Transporte recordó que la mayoría de los países de la región tienen sistemas de participación mixtos en donde se habilitan concesiones, pero con una fuerte intervención estatal. “El Estado no se puede retirar de algo que tiene un valor estratégico tan grande. Acá el gobierno propone directamente desentenderse de esos corredores y no se advierten bien los mecanismos de seguimiento y de control. Es una desregulación total”, cuestionó. “Si el Estado se retira queda exclusivamente en manos de las empresas privadas y su lógica, que es la de la ganancia. En el caso de los corredores como el del Mercosur hay un interés mucho más grande, que es el de las economías regionales y el intercambio con los países vecinos”, añadió.

La mirada de Provincia

En el decreto también se especifica que las concesiones estarán regidas por el régimen de obra pública por peaje, en donde las empresas adjudicatarias tendrán a su cargo la construcción, administración, ampliación, conservación y prestación de servicios en los tramos licitados. Pero también se permitirá la incorporación de “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales” para la realización de las obras. El proceso de licitación y el desarrollo de las concesiones estarán a cargo del Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte.

Desde el gobierno provincial señalaron que al momento hay poca información sobre el tema. “El gobierno nacional nunca abrió el proyecto a la provincia de Santa Fe ni consultó. Creemos que si la postura del presidente es no poner un peso en las rutas, no hay otra que no sea a través del sector privado. Lo cual, no es tan sencillo, es muy complejo”, evaluó Enrico, en diálogo con Rosario/12. “La verdad que se manejan solos sin ningún tipo de consultas y sin coordinación con los gobiernos provinciales”, agregó.

En ese sentido, el funcionario manifestó su preocupación por la lentitud de ese proceso: “El decreto es solamente la habilitación de la concesión. Después vialidad nacional tiene que hacer la publicación de los pliegos que lleva tiempo, luego se abre a las consultas de las empresas, que también lleva tiempo de averiguación. Después el proceso de apertura de sobres, el análisis, la adjudicación, y van sumando meses y meses. Con lo cual estamos hablando de una solución a mediano o largo plazo. Pero en el corto plazo es urgente que se realicen tareas de mantenimiento que no están haciendo. Lo cual es sumamente peligroso”.

Más críticas

Para Germán Martínez, el decreto del gobierno demuestra que al gobierno nacional “no le interesa tener un sistema vial interconectado” para la articulación de los argentinos y el transporte. “Para Javier Milei las rutas nacionales son solamente un motivo para hacer negocio”, evaluó el diputado nacional en declaraciones a Rosario/12. “En un año de gobierno no hizo nada por la red vial en la provincia de Santa Fe. Volver a concebir las rutas nacionales como un negocio factible de ser privatizado me remonta a lo peor de los noventa y a este intento fracasado durante el gobierno de Mauricio Macri con los famosos proyectos, públicos privados”, cuestionó.

En ese marco, el dirigente del peronismo consideró que las advertencias sobre los perjuicios que traería la aprobación de la Ley de Bases comienzan a materializarse. “Todo el tiempo dijimos que iba a ser sumamente perjudicial para la Argentina, pero específicamente para la provincia de Santa Fe. Eso está ocurriendo con la falta de mantenimiento de la red vial en su paso por Santa Fe y los procesos de privatización que se están poniendo en marcha con la delegación de facultades que otorgó esta ley”, expresó y agregó: “Al gobierno no le interesan las rutas nacionales. Solo les interesan como una unidad de negocios sujeta a ser privatizadas”.

 

Por su parte, el diputado Carlos Del Frade consideró que la privatización de los corredores viales, lejos de significar un alejamiento del Estado sobre el tema, representa un involucramiento en favor de los sectores privados. “Para mí tiene un olor a corrupción muy fuerte”, sostuvo. Asimismo, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía planteó que la decisión del gobierno impide pensar en una estrategia regional entre los países de la región. “Da la sensación que la privatización busca favorecer a una planificación que tiene más que ver con los intereses de las multinacionales estadounidenses, que con los intereses de los argentinos. Es un Estado al servicio de un proyecto extranjero para la Argentina”, apuntó.