Crece la tensión en Coronel Suárez, ya que la empresa Dass, subsidiaria de Adidas, se mantiene firme en la decisión de cerrar la planta, dejando a unas de 360 personas en la calle, por lo que la audiencia de hoy con funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial, encabezada por el propio Walter Correa, y representantes sindicales culminó con un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 20.

A pesar de los intentos por parte del ministerio de modificar la decisión, en una reunión que los presentes califican como "complicada", los representantes de Dass insisten con el cierre definitivo y tampoco ofrecieron reubicar a los trabajadores en otras plantas del mismo grupo. Ante la pregunta de los funcionarios acerca de si necesitaban ayuda o tenían problemas financieros, la respuesta fue negativa.

En los últimos días, también fueron notificados de su despido los seis empleados del outlet comercial, que funcionaba contiguo a la fábrica, pero a través de otra razón social. Allí se comercializaban calzados deportivos y productos textiles de las marcas Fila y Umbro, cuya licencia en Argentina explota Dass.

Fuentes sindicales consultadas resaltaron que en el acta de la audiencia, firmada por la empresa, figura el compromiso de pagar indemnizaciones completas, según el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, y no al 50 por ciento, como lo establece el artículo 247 de la misma ley, "por motivos de fuerza mayor". 

Según cálculos extraoficiales, la empresa erogaría entre 6 y 8 millones de dólares en concepto de indemnizaciones, ya que la mayoría de los trabajadores tiene muchos años de antigüedad. 

El enojo es porque esa misma espalda financiera o aún menos, podría utilizarse por goteo para sostener la fábrica, a la espera de un cambio de rumbo macroeconómico, que haga la operación más rentable.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el mismo grupo Dass intentó despedir trabajadores en su planta de El Dorado, Misiones, donde ahora concentrará su actividad, pero una firme intervención conjunta, del sindicato y las autoridades de entonces, lo impidió.   

Otro punto es el destino de las máquinas, ya que se trata de una actividad intensiva en capital y tecnología. El sindicato evalúa cómo impedir que la empresa se lleve las máquinas para montar la fábrica en otro país, donde las condiciones competitivas y cambiarias sean más favorables. Una parte del parque tecnológico fue renovado hace apenas un año.

En diciembre, la fábrica terminó ocho mil pares de calzado y había otros 24 mil por terminar de ensamblar. El destino tanto de los bienes terminados como de los insumos suele ser factor de disputa en estas situaciones, porque es uno de los pocos elementos a los que pueden recurrir los trabajadores para garantizarse, al menos, el cobro de la indemnización. 

En ese sentido, una de las facultades del ministerio es la de dictar una medida de no innovar, que impide el movimiento, tanto de la producción como de las máquinas, hasta tanto se alcance una solución aceptada por todas las partes. En esos casos, la presencia de los trabajadores y el apoyo del sindicato es un elemento clave.  

La fábrica, que abrió en la década del setenta bajo el nombre de Gatic, primer licenciatario de Adidas en el país, es el principal empleador privado del distrito. Desde entonces, cambió de manos cuatro veces y sobrevivió a las sucesivas crisis y cambios de rumbo del país desde entonces.

Antecedentes

"Nuestra interpretación es que la empresa se agarra de la decisión del gobierno de liberar las importaciones, y como no hay regulación, lo que estaba haciendo en Suárez lo importarán. Este grupo tiene una empresa en El Dorado, y se comentó que una parte de la producción la llevará ahí, aunque en una cantidad mucho menor", sostuvo anteriormente el titular de Uticra, Agustín Amicone.

El anuncio de Dass es la reedición de lo que el sector sufrió entre 2018 y 2019, cuando el gobierno nacional que encabezó Mauricio Macri implementó las mismas políticas que ahora. Entonces cerraron fábricas y hubo despidos en Las Flores y Chivilcoy. Paquetá dejó a 600 personas en la calle y la misma Dass se deshizo de 180 trabajadores en Misiones.

Algunas de esas empresas volvieron a abrir, con menos trabajadores y otras composiciones societarias, en plena pandemia. Paquetá, por ejemplo, se convirtió en Bicontinentar, una empresa que todavía opera a pesar de las dificultades, merced a un proceso de repatriación de capitales. Ante la apertura de importaciones, sus clientes dejaron de encargarle trabajo y se vio obligada a lanzar marcas propias para no bajar la persiana.

Siguiendo el eje de la ruta 5, en el Parque Industrial de Santa Rosa, provincia de La Pampa, la empresa Calzar, del grupo Alpargatas, cerró en 2018, despidiendo a 130 trabajadores. 

Gracias a una rápida intervención de la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, las máquinas permanecieron allí y en 2022 reabrió a cargo de la pampeana Grupo Living y la bonaerense Calzatex. Aunque ambas empresas atraviesan hoy dificultades por la recesión generalizada, no hay perspectivas de cierre a la vista.

Como señaló un empresario del sector a Buenos Aires/12 recientemente, "esa es la diferencia entre un grupo argentino y otro extranjero. Para ellos da igual dónde fabriquen, mientra puedan vender, pero para nosotros está en juego la subsistencia, la vida". Por eso el silencio de la UIA, ante este escenario cada vez más generalizado, hace mucho ruido.

A partir de 2022, quienes habían protagonizado esa experiencia de cierre y reapertura al mando de sus empresas, se organizaron para impulsar la sanción de una ley de promoción de esa industria, que los blindara frente a una nueva ola aperturista, como efectivamente está ocurriendo.

Ese proyecto, con la firma de la diputada camporista Constanza Alonso, establecia un plan de trabajo a cinco años, para que la industria desarrollara localmente los componentes intermedios que aún importa y pasara de demandar dólares para insumos a generarlos a través de exportaciones genuinas.

obtuvo media sanción de diputados y dictamen favorable de comisión en senadores en 2023. Pero la inminencia del balotaje impidió que se tratara en el recinto, dejando un sabor amargo tanto al sindicato Uticra, como la Cámara de la Industria del Calzado, que preside Alberto Sellaro.