Los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo volvieron a la carga con un nuevo hábeas corpus. Ahora dicen que se los priva de su derecho a la libertad de conciencia, religión y culto porque las autoridades penitenciarias no los dejan colocar una plaqueta con los nombres de sus compañeros de armas que pasaron por esa prisión y que murieron. Por el momento, no tuvieron eco en los tribunales, pero el tema podría debatirse en los próximos días en la Cámara Federal de Casación Penal.

Entre noviembre y diciembre, los presos por crímenes de lesa humanidad estuvieron entretenidos con un hábeas corpus que habían presentado diez organizaciones que se definen como de “memoria completa” en el que denunciaban que se habían agravado sus condiciones de detención en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Con la ayuda de la Cámara del Crimen, los represores tuvieron su show en el séptimo piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, pero finalmente la acción se terminó diluyendo en distintas jurisdicciones.

El 30 de diciembre, un grupo de los detenidos en Campo de Mayo presentó un nuevo hábeas corpus ante la justicia federal de San Martín. Decían que no podían profesar libremente su fe en la Unidad 34, lo que representaría, a su entender, un agravamiento ilegítimo de la forma y de las condiciones de detención. “Somos adultos mayores, personas vulnerables y presos de excepción por la particularidad de tratamiento al que estamos sometidos por parte de la justicia argentina”, escribieron en su presentación.

Según los represores, hay un conflicto que evidencia esa discriminación. Ellos quieren colocar una placa en memoria de sus camaradas muertos mientras estaban en prisión. Quieren que la plaqueta –de material sintético símil “muro de piedra”-- se instale en el interior de la capilla de la Unidad 34. Aparentemente en 2023, o sea durante el gobierno de Alberto Fernández, habían conseguido autorización para la instalación, pero después el director de la U34 ordenó su remoción.

Para ellos, no poder avanzar con ese ritual de memorialización afecta su dignidad. “Tenemos la ferviente convicción (de) que debemos dejar firme en algún lugar de dicho predio el recuerdo de los difíciles momentos de encierro compartido con ellos”. En redes sociales, los Muertos Vivos –como se autodenomina un sector de los presos de Campo de Mayo– dijeron que la nómina incluía 61 nombres.

En su presentación, manifestaron que la colocación de la plaqueta sería una medida de “acción positiva para los adultos mayores” y que no tendría costo alguno para el Estado argentino, posiblemente temerosos de que la gestión de Javier Milei les responda que “no hay plata”.

En las últimas semanas, los represores activaron este reclamo. Según consignaron en el hábeas corpus, se lo habrían comunicado a las autoridades de la U34 en reuniones que mantuvieron el 4 de octubre y el 7 de noviembre, y les habrían enviado cinco notas entre el 6 de noviembre y el 2 de diciembre. “Solo recibimos silencio a nuestras demandas”, se quejaron.

La acción de hábeas corpus está encabezada por Carlos “Indio” Castillo (condenado por crímenes de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata), Gonzalo “Chispa” Sánchez (represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada y que fue extraditado desde Brasil durante la pandemia), Mario Sandoval (exintegrante de la Policía Federal Argentina, PFA, condenado a quince años de prisión por el secuestro de Hernán Abriata, quien fue llevado a la ESMA), Esteban Sanguinetti (exintegrante de la PFA), Eduardo “Curro” Ramos (represor que actuó en Santa Fe) y Ernesto Etchart (represor de Bahía Blanca).

Hay dos curiosidades entre los firmantes del hábeas corpus. En primer lugar, que lo rubrica Gabriel Kesler, detenido en agosto pasado. Hasta entonces, en sus redes sociales, Kesler se pronunciaba como un militante de causas populares. La justicia de Santa Fe lo procesó por una serie de caídas que se produjeron en noviembre de 1974. Para su procesamiento fue fundamental un documento que se halló en casa de un militar brasileño en el que un integrante de los servicios –Kesler– se jactaba de haber provocado 147 caídas de integrantes del PRT-ERP.

Otro de los firmantes es Rubén Escobar, exintegrante de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) procesado por crímenes en los centros clandestinos conocidos como Automotores Orletti y la base Pomar. Escobar recién ingresó hacia finales de noviembre a la U34 después de que le informaran al Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que deberá juzgarlo en los próximos meses, que su familia ya no quería fungir como fiadora. En su caso, el SPF informó una serie de facilidades que gozan los alojados en Campo de Mayo, que van desde prácticas de tenis hasta talleres de filosofía, pasando por cursos de stretching (estiramiento).

Pese a que los represores se quejan por verse afectados en su práctica religiosa, el hábeas corpus no registra la firma de Christian Federico Von Wernich, el excapellán de la policía bonaerense condenado a prisión perpetua. No es la primera vez que los criminales de lesa humanidad dicen que se sienten abandonados en su fe. En agosto pasado, despotricaron porque las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) habían recibido a los organismos de derechos humanos después de que saltara a la luz el rol del cura Javier Olivera Ravasi en la organización del grupo de amigos de los represores que terminó con la visita de seis diputados al penal de Ezeiza. En ese momento, no lograron una contestación de las autoridades eclesiásticas.

Tampoco consiguieron la atención de las autoridades judiciales por el momento. La presentación inicial recayó en el juzgado de Alicia Vence, la magistrada que tramita las investigaciones por crímenes cometidos en Campo de Mayo. El mismo 30 de diciembre, Vence rechazó la presentación in limine, es decir, sin tratarla. Lo que, sí, la jueza le recomendó al director de la U34 es que arbitre los medios necesarios para que los internos de esa dependencia reciban una “adecuada compañía espiritual”.

Ese mismo día, la Cámara Federal de San Martín convalidó la decisión de Vence en un fallo firmado por los camaristas Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán. Los represores apelaron por sí mismos y después la defensa oficial fundó su recurso.

El miércoles de la semana pasada, la Cámara de San Martín –esta vez integrada por Fernández y Salas– les habilitó a los represores un recurso para llevar su reclamo a la Cámara Federal de Casación Penal. Les dijeron que en un plazo de ocho días debían fundar su petición ante el máximo tribunal penal del país.

Durante la feria, la Casación les dio buenas noticias a dos represores. Por un lado, le otorgó la excarcelación a Diego Chemes, condenado por crímenes perpetrados en el campo de concentración conocido como Vesubio. Por otro lado, le abrió la puerta para la prisión domiciliaria a Gerardo Arráez, exintegrante de la PFA que actuó en los centros clandestinos conocidos como El Banco y El Olimpo y uno de los que recibió la visita de los diputados libertarios el año pasado.