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La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, adelantó ayer en la red social X su decisión de cesantear a más de cien docentes salteños por dejar de dar clases durante un período superior a 130 días durante el año 2023 y sin justificación alguna. La medida se oficializó el Boletín Oficial de Salta.
La ministra precisó que la decisión se tomó tras concluir el sumario administrativo iniciado en enero de 2024, a poco de que asumiera en este cargo.
Fiore afirmó que el grupo de docentes cesanteados generó un daño a las arcas provinciales por una suma superior a los "250.000.000 pesos". Luego calificó la decisión ministerial como "un acto de justicia para los más de treinta mil docentes que, con su esfuerzo y dedicación, trabajan diariamente por la educación de los salteños". Recordó también que esos docentes que fueron dados de baja en sus funciones no pudieron demostrar en el sumario administrativo ninguna causa válida que justifique "el abandono de las aulas".
Sergio Heredia, abogado del grupo de educadores cesanteados, precisó a Salta/12 que "el decreto (20) debe ser notificado a cada docente", y que por ese motivo, "quedan recursos administrativos que presentar en contra" del documento administrativo.
"Todo lo que dijo la ministra es falso", aseveró el letrado. "Tampoco es serio que la ministra anuncie la decisión de las cesantías por un twit", cuestionó. Centró su crítica en el posteo de la funcionaria porque adelantó parte del contenido del decreto N° 20, horas antes de que fuera publicado en el Boletín Oficial. "La carpa no se levanta", anticipó Heredia, quien estuvo anoche en la carpa que mantiene ese grupo docente en la plaza 9 de Julio desde mediados de 2023. "Van a tener que sacar a los y las docentes por la fuerza pública", aseveró.
Por otro lado, Heredia negó las acusaciones de la ministra de Educación en relación al costo que tuvo que enfrentar la provincia por continuar pagando el sueldo de esos educadores que no asistieron a sus lugares de trabajo en 2023. "El sumario administrativo nunca tuvo por objeto demostrar si hubo un daño patromonial al erario público", explicó. Mencionó que en ese proceso "declararon 80 directores de escuela y explicaron ante el tribunal que esos docentes siempre presentaron justificativos". "Fiore miente cuando dice que los docentes cobraban sin ir a trabajar. Presentamos pruebas en el proceso del sumario que a los docentes sí les descontaron los días no trabajados", afirmó el defensor.
"A los educadores los echaron no por ladrones, sino por reclamar ser
mejor pagos, y por mantener un petitorio que fue totalmente válido y todavía sigue
vigente", recordó luego ya en relación a una serie de reclamos por mejoras salariales y de condiciones laborales que ese sector de docentes provinciales presentó ante el gobierno de Salta, durante el conflicto de mediados de 2023. Finalmente, remarcó que sus defendidos mantienen desde 2023 una pelea desigual contra el poder político salteño porque el decreto que oficializó hoy las cesantías "es un instrumento para amedrentar a la docencia a manifestarse y defender sus derechos".
En X la ministra recibió mensajes de respaldo y críticos. Entre estas últimos algunos le recordaron que "las escuelas se siguen cayendo a pedazos y la inflación nos come el sueldo de miseria que pagan".
Y si bien la decisión ministerial se dió a conocer ayer, circuló desde finales de 2024 la versión de que el gobierno de Salta declararía cesantes a los y las docentes que mantuvieron la protesta desde mediados de 2023 en la plaza central de la capital salteña. "Es hora de que reorganicemos la docencia provincial con los métodos de asamblea plural, equitativa y democrática", escribió Tribuna Docente en su cuenta en Facebook hace un mes, el 15 de diciembre de 2024. "Frenemos los intentos de cesantía de los 126 compañeros y defendamos el presupuesto de la escuela pública", instó ese colectivo.
El reclamo del grupo de educadores ahora cesanteados, mayoritariamente con cargos en distintos niveles en escuelas públicas del departamento Capital, comenzó cuando un sector de delegados buscó como interlocutor al vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, para negociar mejoras en sus salarios. El grupo docente cesanteado desde hoy por el decreto 20/2025 cuestionó el procedimiento de esos representantes departamentales, dirigidos por Ramón Bazán, de General Guemes. Por ese motivo decidieron continuar su lucha con una carpa blanca y también mediante un amparo que presentaron en la justicia salteña contra los procedimientos del Poder Ejecutivo salteño, recurso que fue rechazado por la Corte de Justicia de Salta.
