El 9 de enero, el gobierno de Javier Milei, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y la justicia federal, desalojaron a la comunidad Pailako de su territorio recuperado en el actual Parque Nacional Los Alerces. El juez de Esquel Guido Otranto, conocido por su animadversión manifiesta contra la familia de Santiago Maldonado, fue quien intimó a la comunidad mapuche a abandonar las tierras que habían recuperado en 2020 y en las que vivían históricamente desde antes de la creación de Parques Nacionales.

Para evitar la violencia de la represión, que ya la conocen las comunidades desde hace más de 500 años, decidieron retirarse antes del desalojo: “Ya sabemos que los muertos siempre los ponemos nosotres”, dice a Las12 Moira Millán, integrante de la red de solidaridad con la Lof Pailako.

“Las niñeces no pueden entender todavía por qué no pueden retornar a su hogar, al lugar que las vio nacer, donde crecieron, en el que conformaron la relación con el entorno. En la lógica de esas niñeces es muy difícil lograr entender el avasallamiento, el odio, la política de Estado que no les quiere por ser mapuche entonces el desarraigo lo viven con dolor, con tristeza y con falta de entendimiento”, explica Millán.

Además, señala que ese dolor recae sobre todo en las madres, las ñuke, que deben contener a les niñes y que tienen que comenzar de nuevo, sin recursos económicos, en una situación de extrema vulnerabilidad para generar un ambiente lo más amable y parecido al lugar del que han sido arrebatades.

“Estamos activando mucho, con mucha tristeza por todo lo que ha ido sucediendo con el desalojo, con el dolor en los humanos pero también en los animales que han sufrido un montón. Lo que ahora está sucediendo es ver cómo nos organizamos para dar visibilidad a lo que están haciendo, cómo nos unimos todas las comunidades y la sociedad civil a fin de que se pueda dar lugar a la conformación de un marco legal más democrático, más plurinacional que respete el derecho de las comunidades originarias y el retorno a sus lugares, teniendo en cuento que Argentina adhiere al convenio de biodiversidad”, detalla Millán.


Si bien las familias habían decidido retirarse, desde las Fuerzas de Seguridad llegaron más de 30 camionetas y un colectivo lleno de Policías Federales, así como patrullas de Gendarmería y la seguridad de Parques Nacionales. El show contó con la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen. Lo que denuncian las comunidades es que con la anulación de la prórroga de la Ley 26.160 hay más de 250 comunidades que pueden ser desalojados de sus tierras. 

Y es que con la Ley Bases y la entrada en vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, cada centímetro de tierra es mercancía para el gran capital. Por eso, dicen desde las comunidades, el fantasma del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) es necesario para construir el relato de que los mapuche son terroristas y hay que combatirlos.

5 siglos igual

El miércoles 8 de enero, organizaciones de pueblos originarios, de derechos humanos y de la sociedad civil, llevaron adelante un reclamo frente a la Casa Central de Parques Nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Los y las presentes entregaron en Mesa de Entrada un petitorio para que la comunidad pueda volver a sus tierras y para que se abra un diálogo intercultural. 

“En el petitorio explicamos que las comunidades tienen derecho a vivir en esas tierras ya que vivían allí antes de que se crearan los Parques Nacionales”, explica en diálogo con Las12 la abogada Paula Alvarado Mamani, integrante de la comunidad Kolla. Además, cuenta Paula, pidieron ser recibides por alguna autoridad pero nadie les atendió. 

Al salir a almorzar, los vocales Nahuel Celerier y María Victoria Haure fueron consultados por los medios de comunicación que estaban en el lugar y dijeron que estaban de acuerdo con la sentencia realizada por la Justicia que ordenó el desalojo. 

“La nueva administración de Parques Nacionales niega el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por el Estado argentino y niega la Constitución Nacional que incorpora en el artículo 75 el respeto por el derecho de los pueblos originarios a regresar a nuestro territorio”, detalla Alvarado Mamani.

Desde el SERPAJ, en agosto del 2024 enviaron notas al gobernador de Chubut y al juez  Otranto, en las que les pedían que “posibiliten canales de diálogo para evitar injusticias y situaciones violentas”, dado que lo que está en juego son los derechos identitarios que están reconocidos constitucional y convencionalmente. 

También se ponen en riesgo los derechos de los niños y niñas que conforman la comunidad. En las cartas se remarcó que “el derecho de posesión y propiedad de los territorios comunitarios de los Pueblos Indígenas, se encuentran protegidos constitucional (art. 75 inc. 17 CN) y convencionalmente, más aún luego del fallo de la Corte IDH en el caso de Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación LakaHonhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”.

“Creemos que es lamentable que no se hayan considerado los diversos pedidos de diálogo y de resolución pacífica del conflicto, pero lo ocurrido el día miércoles 8 en la puerta de la Administración de Parques Nacionales es una muestra de la falta de voluntad política, intencionada, de resolver conflicto con escucha y de manera pacífica. A su vez, esta conducta de los funcionarios públicos da cuenta del nivel de colonialidad con la que conciben el ejercicio del poder, y esta circunstancia acarrea indefectiblemente las políticas discriminatorias y xenófobas con las que se maneja este gobierno, que son replicadas por el gobernador de Chubut”, dice Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia.

Además, la APDH de Esquel-Trevelin hizo un pedido al juez Otranto para asistir como veedores del desalojo con el objetivo de garantizar que se respetaran los derechos de la comunidad, pero el juez les negó esa petición aduciendo que la organización de Derechos Humanos no formaba parte del expediente pero sí permitió que estuviera el gobernador que tampoco era parte del expediente y el diputado nacional por Chubut César Treffinger, que estuvo en la foto con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero tampoco formaba parte.

Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma se viene bregando por el diálogo social y por respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se recomienda a los Estados un diálogo que procure que los pueblos no sean negados ni invisibilizados, así como también se pide que el Estado debe proveerles tierras aptas y suficientes para su desarrollo. 

“Repudiamos la violencia a la que está sometido el pueblo mapuche preexistente, al que se lo caracteriza como enemigo interno. Las leyes que se han ganado han sido por la participación de los pueblos. No somos enemigos, somos quienes resguardamos la tierra y el territorio para todos y para todas. En Argentina se está invisibilizando a los pueblos originarios, lo que está pasando es un claro retroceso para los derechos humanos y los derechos preexistentes de los pueblos, por lo tanto vemos como una responsabilidad de la Central sostener ese convenio para que la Argentina no pierda los estándares de esos derechos humanos ganados”, explican desde la Central de Trabajadores y Trabajadoras. 

Y agregan que “los pueblos entienden a la tierra no como propiedad privada sino como un territorio comunitario donde las comunidades se desarrollan y las niñeces necesitan esa relación con la tierra y con el territorio”.