La dirección de la empresa estatal Salta Forestal SA anunció que trabaja para solucionar la deuda de titularización de tierras que tienen con alrededor de 110 familias campesinas poseedoras que residen en los lotes fiscales 35 y 36. El directorio también informó que está abocado a la recuperación de 160.000 hectáreas.

Los anuncios surgieron tras conocerse la reapertura de la investigación penal sobre presuntas irregularidades en esta empresa del Estado salteño, denunciadas en 2017 por el ex diputado provincial Claudio del Plá y la ex senadora provincial Gabriela Cerrano, ambos del Partido Obrero.

Desde septiembre de 2024 el directorio de Salta Forestal es presidido por José Ignacio Lupión, médico veterinario, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña, ex candidato a diputado provincial por el PRO y socio de la Inmobiliaria MDay.

El gerente general de Salta Forestal, Guillermo Haddad, ofició de vocero este martes. Destacó la gestión de Lupión y dijo que han comenzado a trabajar en los lineamientos del plan integral del ordenamiento territorial y productivo de las tierras de Salta Forestal, que tiene por objeto, "en primer lugar, poder entregar la titularidad de las tierras a los puesteros de la zona". 

Además, Haddad dijo que este plan se propone la "recuperación de aproximadamente 160.000 hectáreas que no están siendo explotadas en este momento y que pueden generar fuentes de ingreso y mejorar la calidad de vida también, no solamente de los puesteros". Dijo que esas tierras van a permitir "no solamente multiplicar el canon que Salta Forestal percibe anualmente con las empresas concesionadas, sino también, en todo sentido, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la zona". 

Para poder llevar adelante el plan, Haddad indicó que es necesario realizar algunas actividades específicas. En primer lugar mencionó la necesidad de identificar a "los puesteros y habitantes de la zona". 

Salta forestal encargó años atrás una investigación que fue realizada por personal profesional y técnico del Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (GEISA) del INENCO (CONICET/UNSa), la Universidad Nacional de Salta, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) bajo la coordinación del doctor en Ciencias del Medio Ambiente, Lucas Seghezzo. El informe con los resultados se dio a conocer en 2020. 

"Tenemos alrededor de 110 puesteros que viven no solamente ellos, sino también con sus grupos familiares, o sea que esta actividad está bastante avanzada", dijo Haddad.

El gerente indicó que buscarán "la renegociación con las empresas concesionadas" para recuperar las hectáreas que no tienen afectadas a la explotación. "Es necesario mantener una fuerte presencia de la empresa Salta Forestal, del Estado y del gobierno de la provincia en las tierras de propiedad de Salta Forestal a través de la construcción de viviendas que permitan albergar a las personas que están en contacto directo con los habitantes de la zona", dijo.

Asimismo, Hadad señaló que también está en agenda la regularización de la urbanización de los Centros 25 de Junio y La Bomba, que están dentro de Salta Federal. Dijo que la intención "entregar a los habitantes de la zona lotes de aproximadamente 1000 o 1500 metros (cuadrados) que les permitan vivir en dicho  lugar y a su vez poder tener pequeñas explotaciones económicas que le permitan adecuar su nivel de vida".

El gerente también dijo que están trabajando en el desarrollo de un clúster económico para unir o  acercar a los distintos "agentes que intervienen en un proceso productivo". "En este caso se hace hincapié en la producción ovina y caprina" que desarrollan las familias campesinas.

"También es necesario coordinar los recursos del Estado para poder dar contención a todo este plan integral que se está tratando de llevar a cabo, no solamente con los esfuerzos de Salta Forestal sino también con los esfuerzos del Ministerio de Educación por las escuelas que tenemos en la zona de nuestras tierras, con el Ministerio de Salud para poder hacer frente a la atención de la gente y también con la dirección de vialidad que pueda mantener en condiciones los caminos que sean transitables", añadió.

La recaudación en 2024

El gerente de Salta Forestal también dió información sobre la recaudación de la empresa en 2024. 

Por un lado, señaló que llevaron a cabo actividades para "solucionar conflictos" que tuvieron con "algunos concesionarios, conflictos judiciales y extrajudiciales", con los cuales se llegó a "acuerdos sumamente beneficiosos que se desprenden en el ingreso para la provincia de aproximadamente 2.250 millones de pesos". 

Haddad también hizo hincapié en la gestión de auditoría de control que tiene Salta Forestal SA sobre las empresas concesionarias, que le han permitido al Estado "percibir, por lo menos en el año 2024 (...) aproximadamente 4.000 millones de pesos".

Una deuda histórica 

Salta Forestal es propietaria de al menos 316.000 hectáreas en el departamento Anta. La empresa fue creada en 1974, en el gobierno de Miguel Ragone (desaparecido por el terrorismo de Estado el 11 de marzo de 1976), con el objetivo de llevar a cabo un manejo integral de bosques de parte del Estado salteño, pero quedó en manos de privados que apostaron al monocultivo y al desmonte. En 1993, durante el gobierno de Augusto Ulloa (que fuera antes interventor federal de la dictadura militar), se promulgó la Ley Nº 6.727, que declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”.

El exgobernador y actual senador nacional libertario Juan Carlos Romero adjudicó la concesión de las tierras, que tenía y tiene aún a pequeños productores viviendo y produciendo, a la empresa Ecodesarrollo SA constituida por Olmedo Agropecuaria SA y Cervera Agropecuaria SA, hoy Cresud SACIF. 

En 2010 se sancionó la ley 7623, que establece el cobro de los cánones a todas empresas que exploten inmuebles del Estado provincial.

Tras un acuerdo que puso fin a un litigio judicial, la provincia recuperó 81.819 hectáreas en 2017 pero en calidad de cobro de cánones nunca pagados. Además, recuperó otras 30 mil hectáreas. La familia Olmedo, del parlamentario libertario Alfredo Olmedo, vendió sus derechos de concesión a Anta del Plata. En la transacción original la concesión de las tierras fue por 64 años.

En noviembre último el fiscal Daniel Escalante reabrió una causa que se encontraba archivada que había sido iniciada por la denuncia del ex diputado Claudio Del Plá y la ex senadora Gabriela Cerrano (ambos del Partido Obrero) en la que se cuestionaba un acuerdo de la provincia con la empresa Eco Desarrollo.

Del Plá dijo ahora que aún no tuvo novedades de esa causa judicial. Recalcó las deudas de los privados en concepto del canon por la explotación de Salta Forestal. "Tienen que poner sobre la mesa los números objetivos, la ley es taxativa, el informe que yo presenté dice exactamente, tomando los cálculos oficiales, lo que ellos pagaron, cuánto debieron haber pagado y cuánto pagaron y le deben 100 millones de dólares al Estado desde que comenzó a estar en vigencia la ley", sostuvo.

Asimismo, el exlegislador sembró dudas sobre los anuncios del gobierno en cuanto a entregar la titularización de tierras a los campesinos. "El problema de darles la propiedad no es la solución para la mayoría de ellos. Algunos, por ejemplo, no quieren la propiedad porque es un camino para que tengan que vender a corto plazo y (la tierra) se concentre en algún gran terrateniente. Eso es lo que también deben querer hacer con ese otro grupo de 160.000 hectáreas que dicen que quieren recuperar", opinó.