A esta altura del año pasado, cabía preguntarse cómo se iba a sostener esta fase del modelo de acumulación financiera cuando con todo desparpajo y sin apelar a ningún camuflaje discursivo el electo presidente anunciaba la destrucción del Estado y la desregulación total de la economía o “la liberación de las fuerzas productivas”, según Martínez de Hoz.

Hemos sido testigos en este año que la instrumentación de las reformas llevadas a cabo y el consecuente inédito ajuste fiscal han contado con el auxilio imprescindible de la represión de la protesta social sin importar que los afectados fueran mujeres y niñas; profesores, investigadores o estudiantes universitarios; o, jubiladas y jubilados.

Tal como lo han expresado Dardot, Laval y otros, no hay prescindencia del Estado en el enfoque del neoliberalismo clásico de Von Misses y Hayeck. Todo lo contrario, se necesita de un Estado fuerte, inmune a las pretensiones regulacionistas que pudiesen surgir de decisiones democráticas para que los mercados puedan funcionar de manera óptima y de esta manera alcanzar el “bienestar de la gente de bien”.

Es por esto que las figuras centrales del neoliberalismo de los setenta apoyaron entusiastamente el gobierno dictatorial de Pinochet y especialmente su Constitución de 1980, que preservaba el funcionamiento de los mercados de decisiones políticas surgidas del juego democrático.

La versión criolla del neoliberalismo en el marco del capitalismo global recupera clásicas tradiciones de la derecha neofascista nacional y las anuda con el autoritarismo y la violencia en las redes, y en la materialidad de la vida cotidiana, de los seguidores del presidente. Esto es lo que ha logrado consolidarse en este año de gestión libertaria y en este marco, al menos, resulta imprescindible insistir con algunas precisiones.

Sobre el topo

No son todas las instituciones del Estado lo que ha venido a destruir el presidente y sus adláteres, son las organizaciones estatales con atribuciones de regulación del funcionamiento de los mercados y aquellas que, dificultosa y tibiamente en los últimos años, buscaban algún tipo de distribución del ingreso en nuestro país.

Adicionalmente, son sus víctimas preferidas el amplio y desarrollado sistema de ciencia y técnica nacional y la educación pública en todos sus niveles. Las funciones represivas y judiciales del Estado no han sido reducidas ni ajustadas y seguramente no lo serán en el futuro. Como se ha dicho, resultan claves para la aplicación de este experimento, que en fuerte tensión con el funcionamiento pleno del sistema democrático, pretende recrear la Argentina de 1910: extractivismo primario como forma de inserción al capitalismo global; bajos salarios y desreguladas condiciones laborales; seguridad social privatizada; educación pública desmantelada que contribuye a la ignorancia generalizada; todo esto sostenido por el aparato represivo persiguiendo y judicializando a quienes intenten oponerse a este modelo excluyente.

Apatía

Aunque podamos elaborar un intento interpretativo del modelo libertario que parece consolidarse en las vísperas de su primer año de gobierno. Aunque podamos comprender que el desentendimiento de vastos sectores de la sociedad con la suerte de instituciones estatales de ciencia y tecnología puede tener que ver con algunas deficiencias de éstas en la transferencia de los conocimientos producidos en políticas públicas concretas. Aunque podamos también entender que en muchos otros casos buena parte de la ciudadanía estaba irritada con la burocracia y el clientelismo presente en algunas instancias estatales y tiende a aprobar, o al menos mostrarse indiferente, frente al ajuste y desguace de organismos estatales.

No deja de ser una desagradable sorpresa la apatía general, que podría leerse como un acompañamiento tácito, con el inhumano ajuste que está sufriendo el sector de los trabajadores pasivos de este país. No me sorprende que el ajuste en los medicamentos que entregaba el PAMI pretenda sostenerse en el supuesto derroche que algunos jubilados/as hacían de los fármacos que se les entregaban, no sorprende porque es una canallesca versión del repertorio de estigmatización moralizante de los sectores populares, pariente del “se embarazan para cobrar el plan” y “se lo gastan en cerveza y droga”.

Indigna hasta el estupor el silencio casi generalizado de buena parte de la sociedad que ha sido convencida por la fábula neoliberal de la posibilidad de la existencia de una sociedad sin regulaciones o instancias estatales y que ahora, en una suerte de revival de los noventa, ofrenda a sus viejos en el altar de la reducción del gasto público.

Un altar donde los jubilados y jubiladas se suman a las personas con discapacidad, los enfermos de HIV, los docentes y científicos, los empleados de diferentes organismos estatales, etc, como tributos al tótem del déficit cero. Todos menos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, que deberán estar disponibles para las acciones represivas que aparezcan en el horizonte.

Hay plata

Una última reflexión que podría aparecer como una herejía en este contexto de régimen de verdad que ha instalado la racionalidad neoliberal y que se anima a disputar un tabú clave del neoliberalismo.

Si bien es atendible que aumentar el gasto público apelando a emisión monetaria tiene indudables efectos inflacionarios, es imprescindible disputar el eslogan “no hay plata”. Si la hay, está hiperconcentrada en pocas manos. Este país presenta como contracara de más de un 50% de pobreza una concentración de la riqueza inédita sostenida, además de en los mecanismos evasores de los capitales que participan de la valorización financiera, en un sistema impositivo regresivo que ha incrementado su regresividad con el gobierno libertario.

Se pueden y deben aumentar los recursos públicos apelando a las ganancias extraordinarias de las fracciones dominantes del bloque capitalista que desde 1976 han incrementado la porción del excedente social que se apropian. Obtener mayor cantidad de recursos a partir de una reforma impositiva progresiva que redistribuya los excedentes que se apropian los sectores concentrados no implica eludir la discusión de tender a un funcionamiento más eficiente y eficaz de las políticas públicas.

Pero resulta vital cambiar el eje de la discusión impuesto autoritariamente por el gobierno respecto al ajuste del gasto público por uno que muestre las rentas y ganancias extraordinarias que obtienen los sectores concentrados al mismo tiempo que las grandes mayorías no cesan de empobrecerse. No hay otro camino posible para la política y la democracia.

*Sociólogo, Docente/Investigador UNCuyo.