El gobierno festejó más el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos que los datos de inflación de diciembre. Presentó el 2,7 como un triunfo, pero no pudo ocultar preocupación. Pasó un año de ajuste brutal pero la inflación núcleo fue de 3,5 mensual y la inflación real, si se ponderaran realmente la electricidad, los alquileres, las expensas, las prepagas, internet, el gas, la nafta, el transporte, sería más alta aún porque los precios de varios de esos rubros triplicaron o más a la inflación.

A pesar de que la inflación anual tampoco incluyó el 26 por ciento que provocó la devaluación de Luis Caputo apenas asumieron en diciembre del 2023, el gobierno logró transmitir a una parte de la sociedad que ha logrado bajar la inflación. En realidad, logró bajar los niveles horrorosos que provocó aquella devaluación, pero se quedó en los niveles que tenía el gobierno anterior, que eran muy altos.

En gran parte esa disminución de la inflación del 26 al 2,7 por ciento es el principal factor para explicar el bajo nivel de conflictividad en comparación con el ajuste salvaje que aplicó. Ambos factores, inflación y conflictividad relativamente baja, favorecieron al gobierno, que aprovechó ese impulso para arremeter contra el PRO y absorber dirigentes y base electoral. Algo parecido hizo Carlos Menem para terminar con lo que quedaba del Partido Militar que lo había precedido como expresión política hegemónica del modelo neoliberal.

Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero en el Conurbano, anunció que abandonaba el PRO para incorporarse al oficialismo. Y lo mismo hizo el intendente de 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires, un dirigente que participaba en las listas del GEN, de Margarita Stolbizer. La Libertad Avanza busca desplazar a los demás referentes del ex frente de derecha Juntos por el Cambio, para ocupar ese lugar en forma excluyente. Mauricio Macri quedó acorralado entre una alianza desfavorable y la extinción.

El gobierno aprovecha el viento a favor, pero índices como el derrumbe del consumo empiezan a delinear las consecuencias inflamables que está convocando. La caída del consumo en diciembre en los supermercados fue del 20 por ciento comparado con el mismo mes del 2023, que ya fue malísimo tras la drástica devaluación. Comparada con el mes de noviembre la caída fue del 14 por ciento. Pero estas cifras encierran un universo heterogéneo, porque hubo sectores minoritarios con alto consumo y otros que se mantuvieron. O sea que aquellos que debieron disminuir sus compras, lo hicieron bastante más que los de esos índices.

La caída del consumo implicó cierre de comercios y de fábricas chicas, medianas y grandes y también despidos. Ese fenómeno estuvo representado por la caída del 18 por ciento en el consumo de energía en diciembre. No se trata del consumo familiar que incide poco en esa cifra, sino que la caída se constató en la industria.

La recaudación acompañó esa baja pero no es algo que le importe a un gobierno que canceló la obra pública y despidió médicos, psicólogos, enfermeros y otros trabajadores de direcciones especializadas en la atención de la tuberculosis o el VIH, y al punto de paralizar hospitales especializados como el Bonaparte en adicciones, el Sommer, en lepra, o el Instituto Nacional de Cáncer.

Los apagones en el Conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, que dejaron sin luz a miles de personas no se entienden cuando el consumo de energía disminuyó con relación a eneros anteriores. El gobierno dolarizó las tarifas eléctricas y subió el precio 270 por ciento a lo largo del año, lo que es más del doble que la inflación. Con altas ganancias en dólares y caída del consumo, las empresas no invirtieron un solo peso para mejorar el servicio. Y el gobierno justificó los apagones hablando de picos de consumo que las mediciones dicen que no existieron. Es fácil: las familias que no tuvieron para irse de vacaciones no van a “prender todos los aires acondicionados al mismo tiempo”, como aseguró un funcionario. Solamente los ricos pueden afrontar las tarifas para pagar ese consumo.

Los despidos también se produjeron en el área de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige el señor Alberto Baños. Si despiden nueve o diez trabajadores es un conflicto por ajuste. Pero si despiden 1400, el conflicto es contra la parálisis y el cierre. No se trata de ajustes sino del intento de eliminar esas áreas del gobierno nacional. Es una decisión política que tiene connotaciones en la salud de la población y en la base moral de los argentinos.

En el único rubro donde el gobierno invirtió ha sido en la represión. Javier Milei se ufana porque pudo hacer el “mayor ajuste de la historia” sin que se produjera una reacción popular del mismo volumen que el ajuste. Pero es consciente que ha generado una sociedad plena de tensiones, de injusticias y de una enorme desigualdad. Si no fuera consciente no se preocuparía tanto por organizar la represión.

Además de la represión sobredimensionada en las calles a manifestaciones pacíficas de protesta, el gobierno organizó cuadrillas de patotas digitales para atacar a sus críticos. Pero en la semana se produjo el ataque material a un dirigente gremial relacionado con el conflicto de los trabajadores de derechos humanos. Cuatro hombres incendiaron durante la madrugada del miércoles el automóvil del dirigente de ATE-Capital, Rubén López, integrante de la junta interna de ATE en el Ministerio de Justicia.

El festejo del gobierno se asienta en un hilo delgado que depende mucho de la suerte del dólar. Si se suelta, dispararía la inflación y se caería una parte del sustento al oficialismo. Los precios aumentan a pesar de la caída del consumo y el cese de emisión.

Por eso festejó tanto el triunfo de Trump que, de hecho, aceitó la disposición del FMI para otorgarle un préstamo de once mil millones de dólares, no para obras, sino para aguantar la divisa estadounidense hasta que empiecen a llegar los diez o quince mil millones de dólares que se esperan por la explotación de Vaca Muerta, un regalo que le dejaron los gobiernos kirchneristas.

Si este año se produce el crecimiento de cinco puntos del PBI que pronosticó el FMI gracias a las exportaciones de petróleo y gas, crecerá la fortuna de los millonarios. Pero sin políticas distributivas se profundizará la desigualdad. La sociedad que exalta el individualismo y la violencia contra los disidentes es poco sostenible en el tiempo. A las grandes empresas transnacionales parece no importarles mientras se les garantice su ganancias.

Pero en política esas tensiones llevadas a un punto extremo tienen consecuencias. Es difícil predecir de qué manera se expresará el descontento, una vez que caigan las ilusiones de un sector importante que respalda al gobierno y que ha perdido en este año pero al que han convencido de que se trata de un sacrificio necesario que será recompensado.

Además de sectores populares empobrecidos, esta sociedad acumuló tensiones con la pequeña y mediana empresa y con los productores y exportadores de granos cuyo negocio se arruinó con el dólar barato. Es una configuración altamente inflamable, aunque es difícil definir cómo y cuándo esos intereses confluirán en una propuesta alternativa.