La jueza María Edith Rodríguez, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, rechazó los recursos de las defensas del exjuez Claudio Parisi, el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete.
De esta manera la magistrada confirmó la prisión preventiva impuesta por el juez de Garantías de Orán, Raúl López.
En esta causa el exmagistrado Claudio Parisi está siendo investigado acusado de haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel "Oreja" Martínez en la causa en la que estaba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.
También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado Ortega Serrano, el empleado Manuel Alderete, y el exsecretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Correa, que cumple arresto domiciliario por razones de salud. Según la imputación, estos hombres actuaron como intermediarios para que Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.
César Martínez fue asesinado a balazos el 12 de noviembre de 2023 en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. El Ministerio Público Fiscal de Salta recordó ayer que posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía con el objetivo de identificar a los autores del crimen. Esta negativa fue uno de los motivos de la destitución en diciembre de 2024.
César Martínez era hermano del ahora ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, quien está cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el exjuez Parisi y el abogado Ortega Serrano.
En la confirmación de la prisión preventiva de Parisi, Ortega Serrano y Alderete el Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente reunió suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso a los imputados con el pago de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que estaban a cargo del entonces juez.
Asimismo, Impugnación destacó la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.
La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por la fiscal Mariana Torres y los fiscales Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.
