El Gobierno de Axel Kicillof prorrogó por vez número once la Resolución 246 del año 2018, que regula el uso de fitosanitarios, popularmente conocidos como agroquímicos, en los campos de la provincia de Buenos Aires. 

La intención de la administración bonaerense y de los sectores que nuclean a los productores rurales es poder avanzar con una nueva ley para dejar afuera cualquier tipo de complicación. La oposición también respalda la idea.

La prórroga de la Resolución por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario que conduce Javier Rodriguez tiene que ver con “no apresurarse” en las decisiones, para poder “dar pasos ciertos sobre evidencia científica”, tal consignaron a este medio.

Así, a lo largo de los últimos cinco años, desde la cartera llevaron adelante una serie de medidas en relación a los químicos que se usan en los cultivos, como el aumento de la Receta Agronómica Obligatoria (RAO), que hasta se cuadruplicó, al tiempo que se puso en marcha una plataforma para expedirla de manera digital y agilizar el trámite.

A la vez, se creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), desde el que se relevó durante más de dos años toda la producción científica que había alrededor de los fitosanitarios y, en función de los resultados, se dieron a conocer una serie de propuestas que fueron comunicadas a los productores a través de las mesas regionales.

Desde la cartera agraria destacaron, además, que se propició desde allí que todas las adecuaciones de la normativa que quieran hacer los municipios las realicen en diálogo con ellos, para poder homogeneizar los criterios de forma regional.

En tanto, desde el año 2021 funciona en la Provincia el programa de Buenas Prácticas Agrícolas, que tiene como objetivo que los productores y las productoras de cultivos extensivos puedan realizar un manejo productivo que mejore y conserve los suelos.

Para poder participar del programa, es condición realizar la presentación de un análisis de suelos y el diseño de un Plan de Manejo Trienal, a partir de los conocimientos del establecimiento, que contemple requisitos como rotación de cultivos o contener un plan de trabajo tendiente a la reducción paulatina en el uso de agroquímicos.

A ello se agrega el proyecto de georreferenciación de agroquímicos, con los objetivos de representar gráficamente las restricciones determinadas en la normativa vigente, además de fiscalizar las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal y así contribuir al sistema de información pública en materia de uso y aplicación de agroquímicos.

La mirada en la provincia

“Nos parece bien que se dé un debate que sin duda será transversal”, señalaron desde la cartera ante la consulta de este medio sobre la discusión de un proyecto de ley al respecto. En septiembre de 2024, la diputada provincial de Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó una iniciativa que tuvo el respaldo de la Mesa de Enlace bonaerense, pero también de sectores del oficialismo en la Legislatura.

“La ausencia de legislación al respecto tal como sucede actualmente, genera una disparidad de ordenanzas que entorpecen el trabajo del productor. La prórroga que determinó el Poder Ejecutivo no hace más que exponer la necesidad de discutir una ley que determine la aplicación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires”, marcó la legisladora y productora rural.

Vale marcar que, de los 135 municipios, 93 cuentan con ordenanza que regula la aplicación de los fitosanitarios. A más del 75 por ciento de ellos se les presentó el proyecto de georreferenciación del OTA y 105 ya están incorporados al Observatorio.

En diálogo con Buenos Aires/12, el secretario de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Ginestet, marcó que en la Provincia “hay una ley muy vieja, del año ‘91, que hay que adecuarla a la actualidad y unificar criterios porque cada municipio hizo su norma y eso trae mucha complicación”.

“En el interior ocurre que quizás tenés un campo que está entre dos municipios, con dos ordenanzas diferentes. El Gobierno nos expresó la voluntad de avanzar y ojalá se dé un debate de mente abierta, que apunte a solucionar esto y no nos quedemos en pequeñeces”, enfatizó el dirigente rural de Henderson.

En coincidencia con las expresiones vertidas desde el Ministerio, Ginestet sostuvo que el tema “hay que abordarlo desde lo técnico, acá hay mucha ciencia, mucha investigación y mucha tecnología que no debe caer en la reducción de ‘aplicaciones sí o aplicaciones no’”.

“Es necesaria una ley que dé certezas porque ante lo fácil los municipios definen un límite de aplicación, pero si el productor hace las cosas mal, a un metro o diez es lo mismo, lo importante es hacer las cosas bien", destacó.

A su vez, advirtió que "la tecnología nos permite hacer mejores aplicaciones, hay avances impresionantes que permiten hacer aplicaciones específicas donde hay malezas". Es importante para que todos estemos tranquilos, tanto productores como la ciudadanía, que es lógico que puedan tener temores”, aseguró.