Un estudio realizado por trabajadores del Indec mide la canasta básica por región geográfica y demuestra que el mayor costo de vida se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Otra encuesta, realizada por la consultora Pulso Research, muestra un elevado porcentaje de desconfianza de la población respecto de las mediciones oficiales de ese organismo.
De acuerdo al trabajo de ATE Indec, una familia tipo compuesta por una pareja dos hijos menores, necesita para vivir en el conurbano al menos 1.616.000 pesos mensuales. El monto supera al necesario en el resto de la geografía nacional, inclluyendo también a la patagonia, que tuvo históricamente el costo de vida más alto del país. El informe considera que vivir alli cuesta 1.581.000 pesos por mes.
Desde el punto de vista metodológico, el resto del territorio bonaerense integra, junto con las provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, la denominada región pampeana, donde la misma canasta de bienes y servicios tiene un valor de 1.483.000 pesos. La contracara del AMBA es la región cuyana, compuesta por San Juan, San Luis y Mendoza. Allí el cálculo da 1.400.000 pesos.
"Un trabajador necesitó, en noviembre de 2024, 1.576.285 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja mayor de 30 años con dos hijos en edad escolar. Este valor se compone de 539.289 pesos necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de 1.036.996 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos", concluye el texto, que lleva la firma de la junta interna de ATE Indec.
El desfasaje entre lo que demuestra el estudio que debería ganar mínimamente un trabajador y los salarios mínimo y promedio de la economía argentina, ubicados en 286 mil y 650 mil pesos respectivamente, explica la dramática caída del consumo.
Esa caída, a su vez, impacta tanto en la mentada baja del índice de inflación, tras su pico en la devaluación de diciembre de 2023, como en la depresión económica, que se manifiesta cotidianamente en despidos y cierres de empresas.
"Las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el Indec para la medición de la pobreza, que en noviembre de 2024 llegó a 1.001.466 pesos para una familia de cuatro integrantes, sino que son las llamadas Canastas de Consumos Mínimos y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el Indec, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. Por tanto, ningún trabajador debería ganar de bolsillo menos que el valor calculado en este ejercicio", advierten.
La Canasta de Consumos Mínimos incluye, además de alimentos y bebidas, algunos otros ítems como gastos escolares, de transporte y vivienda, que la ubican por encima de la canasta alimentaria básica, pero muy restringida respecto de los niveles óptimos de consumo.
El mimso informe da cuenta de cómo el salario del sector público perdió la mitad de su poder adquisitivo en el período comprendido entre diciembre de 2015 y fines de 2024, tendencia que atraviesa los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
"El panorama para los trabajadores estatales es complicado si tenemos en cuenta que el salario de referencia de diciembre del 2015, que era de 10.191 pesos, actualizado a noviembre 2024 debió ser de 1.105.574 pesos y no los insuficientes 554.750 (sin incluir las sumas fijas de 4 mil peso), según la grilla salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) de noviembre del 2024. En el periodo de referencia de este cálculo la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos es de un 49,5 por ciento", agrega el informe.
Desconfianza
La discusión central del Indec últimamente gira en torno a la ponderación que se hace de los distintos rubros de gastos que conforman el IPC. Para ello, se toma como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005, un sondeo a nivel nacional en la que se compararon ingresos y gastos de las familias en todo el país, qué y dónde compraban.
En aquel entonces, merced al esquema de subsidios a los servicios públicos implementado por Néstor Kirchner, las tarifas de servicios públicos tenían una incidencia comparativamente mucho menor que ahora en la economía familiar. Pero eso cambió con Macri y se profundizó a lo largo del último año. La actualización de esa ponderación, para que el IPC se acerque más a la realidad de las familias, es una cuenta pendiente del Indec, que ha generado algún cruce entre su titular, Marco Lavagna, y el gobierno, que no parece apurado en subsanarlo.
Este desfasaje metodológico explica la creciente desconfianza de la sociedad respecto de las mediciones oficiales. De acuerdo a la última encuesta de la consultora Pulso Research, el 48 por ciento descree de las mediciones de inflación del Indec y el 51 descree de las de pobreza.
A diferencia del relato oficial, apalancado en estadísticas proveídas por el Indec, el 50,8 por ciento percibe un aumento reciente de la pobreza contra un 12 que percibe lo contrario, y un 25 observa un aumento de la inflación, contra 24 que la ve bajar.
