Norma tenía 13 años cuando fue violada por su padre, en Ecuador. Producto de esa violación quedó embaraza y, luego, fue forzada a llevar a término ese embarazo por las dificultades que tuvo para acceder al aborto legal. Para el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado ecuatoriano vulneró el derecho de la niña a vivir con dignidad y a no sufrir torturas y malos tratos.
El grupo de 18 juristas publicó una decisión (no vinculante) sobre este caso y dos similares ocurridos en Nicaragua, también fallados en favor de las víctimas, y señaló que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos "es un acto que equivale a tortura", en palabras de la miembro del comité Hélène Tigroudja.
El comité investigó a petición de la defensa de la víctima el caso de Norma (su nombre real fue ocultado para proteger su identidad), después de que no fuera adecuadamente investigado en Ecuador.
La niña quedó embarazada por el incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades.
En Ecuador el acceso al aborto terapéutico "es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal", denunció el Comité, indicando que debido a ella Norma tuvo que dar a luz y, "mal informada sobre las opciones de adopción" se vio obligada a criarlo "en la pobreza y sin acceso a la educación".
El hecho de que el perpetrador de estos abusos no haya tenido que responder ante la justicia es "una omisión del Estado Parte en relación con su obligación de protección en el caso de niñas víctimas de violencia", indicó la decisión del Comité, también extensiva a los casos nicaragüenses.
El Comité que preside la experta paraguaya Tania María Abdo concluyó que tanto Ecuador como Nicaragua violaron el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por ambos gobiernos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
"Las tres niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza", subrayó Tigroudja.
El Comité destacó la absoluta necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas educación de salud sexual y reproductiva necesaria para identificar la violencia relacionada y los embarazos, y garantizar que todas las niñas víctimas de estos abusos tengan acceso efectivo a los servicios de aborto.
