El proyecto de ficha limpia incurre al parecer en una confesión de parte. Cuando se exige que el fallo condenatorio “no sea en año electoral”, para evitar así “fallos advenedizos”, están reconociendo tácitamente que el Poder Judicial argentino es permeable a las influencias políticas. Es una aceptación tácita demasiado grave en un proyecto de ley. Es que un poder del Estado reconozca por escrito que otro poder del Estado (el judicial) no funciona como debería: con independencia e imparcialidad.

Se quieren evitar “fallos advenedizos” en año electoral, pero nada le costaría al poder judicial emitir fallos meses (incluso días) antes de un “año electoral”, produciendo exactamente el mismo efecto político que la norma dice querer evitar: manipular procesos. En rigor, el problema (¡que la propia norma reconoce!) es otro muy distinto: que el poder judicial argentino (¡hasta el proyecto lo asume!) puede emitir “fallos advenedizos”: es grave que un proyecto legislativo parta de esa “asunción” como si esto fuera normal: no lo es. Que el propio congreso reconozca que el poder judicial argentino funciona de esta manera tan fallada y poco creíble. Poco imparcial. No es una cuestión de calendario. Es una cuestión de diseño institucional. Es un problema que ha padecido y padece toda la región (Lula, Correa, Castillo, Arévalo, Petro, entre otros). No es nuevo ni es un problema solo de la justicia argentina. Pero la propia norma incurre en una petición de principio expresa. Asume que el propio poder judicial no funciona siempre como debería hacerlo. ¿Por qué en los otros años -no “electorales”- funcionaria mejor? El efecto -si el poder judicial tiene esa falla en su base que la propia ley reconoce- es exactamente el mismo. El problema es entonces otro, muy diferente. Y la norma no hace nada por subsanarlo. Lo reconoce. 

Para decirlo en términos coloquiales, si hay “lawfare”, hay “lawfare” siempre, no solo en “año electoral”. Los procesos son extensos y se conducen muchas veces con objetivos políticos. La norma debería orientarse no a proscribir candidatos del peronismo (el país tiene una larga y penosa historia en este sentido, mientras el ex presidente Macri tiene decenas de sociedades offshore sin declarar, al igual que el jefe de la DGI, que designó y subió el sueldo a su esposa), sino en depurar un poder judicial corrompido y sin legitimidad. Argentina necesita una reforma judicial, una ficha limpia judicial, no un poder judicial donde prima el nepotismo, (amigos, parientes, hijos de jueces y fiscales) que solo encarcela gente pobre y sin derechos. 

Hay causas muy sensibles (para el poder económico) paralizadas hace años. Los jueces miran para otro lado. Esto también es hacer “política”. El poder judicial no es imparcial. El congreso debería afrontar ese problema tan estructural en toda su dimensión institucional, en lugar de seguir profundizando la selectividad punitiva y la persecución política. Argentina necesita un debate constitucional de fondo, para repensar la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que hoy no funciona.