La exfiscal federal, exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia y actual rectora de la Universidad Nacional de las Madres, Cristina Caamaño, apuntó contra la Ley Antimafias –que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados– y aseguró que, de sancionarse, sería una normativa inconstitucional. Entrevistada por la 750, Caamaño se hizo eco del comunicado de la Asociación Americana de Juristas y afirmó que “este proyecto vulnera principios constitucionales”.

De hecho, esta normativa tiene sus pilares en la ley antimafias italiana, en la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) de Estados Unidos y en la lucha contra las maras en El Salvador.

Pero, para Caamaño, la situación en Argentina es diferente y no justifica esta decisión: “No define a quién está investigando. Porque habla de organización criminal, pero no de qué delitos estamos hablando”.

“Entonces esto puede ser usado para cualquier cosa. En cuando se pone a investigar un hecho, pasa a llamarse ‘zona de investigación especial’. teniendo en cuenta que en este país no hay mafias”, puntualizó.

Sobre este punto, que difiere del caso de Estados Unidos, Italia y El Salvador, añadió: “Acá el modelo es Estados Unidos y nosotros tenemos un índice de homicidios más bajo. Acá se apunta a un grupo de delincuentes que son mínimos”.

“Pensamos, ¿a quién está dirigido esto? Porque el lugar donde se va a investigar. Si hay mafia en la zona de Palermo, deja de tener sus jueces y fiscales porque pasa a ser una zona de investigación especial”, explicó.

Tras lo que sumó: “En muchos casos al principio lo hacen sin orden judicial. Te pueden allanar, te pueden detener. Me parece que es un proyecto muy peligroso para la libertad y que vulnera la Constitución Nacional”.

“Yo no podría haber hecho jamás un allanamiento sin una orden judicial. Y si sale esta ley, que ya tiene media sanción en diputados, sí se podría detener a una persona solo con la autorización fiscal”, explicó.

Por eso, terminó denunciando: “Primero por 48 horas y hasta 15 días. Y se puede prorrogar, acá sí, por orden judicial. Me parece que es muy peligroso. Es el modelo Bukele. Y nos lleva a un Estado totalitario”.