La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) manifestó su preocupación ante la posible eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) que permitiría el ingreso de maquinarias usadas al país. Desde el organismo señalaron que la provincia lidera la producción nacional de maquinaria agrícola y advirtieron que la medida podría tener un impacto “económico, productivo y ambiental” muy fuerte, sobre todo en localidades como Las Parejas, Armstrong y Las Rosas, que lograron un fuerte desarrollo agroindustrial. Por el mismo tema ya hubo advertencias previas al gobierno nacional por parte de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) e incluso de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (Afat), que representa los intereses de las multinacionales radicadas en la Argentina, como John Deere o Jacto. “Sería un proceso regresivo porque la aplicación de estas medidas en un par de años te puede significar la destrucción y el cierre de un montón de pequeñas empresas y su cadena de valor ligada a la maquinaria agrícola”, evaluó Walter Andreozzi, referente de Fisfe.

La preocupación de las distintas entidades industriales y agrarias comenzó a circular luego de las declaraciones del Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que adelantó la posibilidad de eliminar el CIBU, una medida implementada en los noventa que prohíbe la importación de bienes de capital usados. En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que el gobierno estaba trabajando para “revisar el régimen y hacer un esquema mucho más sensato”, manifestándose a favor de flexibilizar el ingreso de maquinaria agrícola usada al país. En ese marco, este martes Fisfe emitió un comunicado acompañando el reclamo de otras entidades sectoriales donde advierte que la medida generaría “un riesgo para la industria nacional y regional”.

“Nuestra provincia lidera la producción nacional de maquinaria agrícola, con más de 200 establecimientos dedicados a la fabricación de máquinas agropecuarias, que generan 5.000 empleos directos, y un clúster de gran desarrollo en el triángulo de Las Parejas, Armstrong y Las Rosas”, señala el escrito. “Además de los riesgos económicos, la maquinaria usada puede introducir riesgos ambientales, a partir de la propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores. Problemas fitosanitarios han llegado a causar pérdidas de más de 11 millones de toneladas que se tradujeron en exportaciones pérdidas que superan los 1.600 millones de dólares”, agrega.

En ese marco, desde Fisfe también advirtieron que permitir la importación de maquinaria usada generaría una competencia desleal: mientras los equipos importados enfrentan un 26,5% de gravámenes, los insumos para fabricar maquinarias nuevas soportan un 47% de carga impositiva. “Esto no solo perjudicaría a los fabricantes, sino que impactaría toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad”, manifestaron en el documento.

Para Walter Andreozzi, que el gobierno avance en una medida de ese estilo “es un sinsentido absoluto” que perjudicaría al país. “Argentina es líder en este tipo de producciones. Hay maquinarias agrícolas fabricadas en el país dando vuelta por todo el mundo”, manifestó en declaraciones a Rosario/12. “Para la zona de Armstrong, Las Rosas y Las Parejas el desarrollo de esas pymes de maquinaria agrícola significó un antes y un después. Sería un proceso regresivo porque la aplicación de estas medidas puede significar la destrucción y el cierre de un montón de pequeñas empresas y su cadena de valor ligada a la maquinaria agrícola”, advirtió.

Desde la entidad aclararon que la medida aún no fue oficializada, pero la preocupación está latente en todas las entidades del sector agroindustrial, donde las declaraciones fueron leídas como parte de una metodología habitual usada por el gobierno. “Van deslizando y anticipando medidas y una mañana te levantás con que en el Boletín Oficial está la resolución publicada”, sostuvo Andreozzi y agregó: “Por eso nos pronunciamos previamente, porque con la medida tomada mucho no se puede hacer. Solo queda la consigna que repite el gobierno, que es adaptarse o morir. Algunas tendrán capacidad de hacerlo, pero muchas van a desaparecer”.

La pregunta que se repite en el sector es por qué el gobierno busca avanzar en una medida de ese tipo. “El trasfondo puede ser que el gobierno entienda que la maquinaria agrícola en Argentina es cara. Y es muy probable que sea más cara que en otros países. Ahí es donde nosotros discutimos el tema del componente fiscal e impositivo, pero en lugar de trabajar para ver el tema de los costos de fabricación dentro del país, lo que hacen es habilitar la importación. Eso va a terminar destruyendo a un sector que tiene un valor económico, social y productivo muy alto”, evaluó. 

Advertencias previas

El comunicado de Fisfe surge en acompañamiento al pedido de Cafma que a finales de diciembre emitió un comunicado dirigido al gobierno nacional, donde señalaban que la simplificación o eliminación del CIBU traería “problemas mayores” para la industria nacional. Además del impacto en términos económicos y productivos, en el escrito alertan sobre las dificultades para ejercer el control sobre el uso de las máquinas y la posibilidad de que haya “sobrefacturación de los bienes usados importados”, además de advertencias relacionadas al plano fitosanitario.

“El ingreso de maquinaria usada impactaría directamente de manera distorsiva si tenemos en cuenta la situación actual del sector industrial local en términos de competitividad, donde el esquema impositivo de nuestro país representa uno de los mayores elementos de incidencia en los precios”, expresa el documento y agrega: “Una apertura abrupta de las importaciones de maquinaria usada impactaría no solo sobre las fábricas de bienes terminales sino, también, sobre toda la cadena de valor nacional, incluyendo proveedores de materias primas, piezas y agropartes de origen local”.

La posibilidad de avanzar en una medida de ese tipo es tan perjudicial para el sector que incluso Afat se pronunció en ese sentido. La asociación representa los intereses de industrias multinacionales vinculadas al agro como John Deere, Jacto, Agco y Agrale, entre otras. Por medio de un comunicado, la entidad señaló que sus empresas socias generan unos 16.700 empleos en todo el país y producen inversiones “para ofrecer equipos cada vez más eficientes y sustentables, y toda esa tecnología y servicio está disponible en el mercado argentino”.

 

“La posible eliminación del CIBU para cosechadoras y tractores, que habilitaría la importación de maquinaria agrícola usada, atentaría contra la necesaria renovación tecnológica mencionada”, indicaron. Y añadieron: “La introducción de este tipo de maquinaria pondría a los fabricantes locales en una situación desfavorable, toda vez que la misma, al no enfrentar las mismas cargas impositivas ni los costos de producción que los bienes nuevos fabricados tienen en el país, contarían con una ventaja competitiva frente a los fabricados localmente”.