Desde Rosario

Organizaciones sociales y ambientales advirtieron ayer que el proyecto de modificación de la ordenanza que prohibió el uso del glifosato, que fue ingresado en la última sesión –no exenta de escándalo–, habilita la aplicación de productos aún más tóxicas. “Consideramos lamentable que bajo el conocido lema `si no te gustan mis principios, tengo otros’, los concejales hayan dado marcha atrás a la loable decisión de proteger la salud y el ambiente de la población rosarina, cediendo a las presiones del lobby sojero”, señalaron los ambientalistas en un comunicado. Por su parte, el concejal Carlos Cardozo (PRO), impulsor de la modificación que tratarán el martes Comisión de Ecología, se excusó: “en cierta forma estábamos desinformados, nos apresuramos” en la sanción de la ordenanza que había prohibido el uso del agrotóxico, dijo.

A través de un comunicado titulado “Vergüenza en el Concejo de Rosario”, diez grupos ambientalistas señalaron que los concejales del Frente Progresista (Verónica Irízar, Enrique Estévez, Carlos Comi, Sebastián Chale, Aldo Pedro Poy, Martín Rosúa, Daniela León), del Pro (Alejandro Roselló, Agustina Bouza, Renata Ghilotti, Gabriel Chumpitaz, Carlos Cardozo) y sus aliados (Diego Giuliano, Carlos Cossia, Jorge Boasso) consumaron “un mamarracho jurídico administrativo con el objetivo de echar por tierra la ordenanza votada unánimemente el 16 de noviembre, la cual prohíbe el uso del herbicida cancerígeno glifosato”. 

Según las organizaciones, el cuestionado proyecto de modificación “elimina la prohibición del herbicida glifosato para habilitar la aplicación de productos más tóxicos aún (clase A, B y C) a través de un protocolo que aún no existe, violando así los principios de no regresión de las normas y el ordenamiento público ambiental”. 

La iniciativa, agregaron las organizaciones, “alude a la implementación de `buenas prácticas en el manejo de herbicidas’, las cuales son imposibles de implementar, ya que con venenos no existen buenas prácticas, como se demuestra en los estudios científicos realizados por las Universidades Públicas argentinas y de diferentes países del mundo”. Frente a esta serie de irregularidades, el conjunto de organizaciones firmantes –Taller Ecologista, Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, Cátedra de Salud Socioambiental, Instituto de Salud Socioambiental, STS, Propuesta Sur, Rosario es un Pueblo Fumigado, Movimiento Universitario por la Agroecología, Multisectorial Paren de Fumigarnos– repudió “la manipulación del sistema democrático, el avasallamiento de las instituciones, que genera en manos de estos personajes la decadencia de la política”. 

En ese marco, hicieron “un llamado al poder político para que anule el reciente proyecto de modificación y deje firme la ordenanza aprobada por unanimidad; también convocamos a la ciudadanía a que se manifieste en favor de la vida, por la salud y el ambiente”. 

Cardozo defendió la iniciativa que pretende dar marcha atrás con la ordenanza aprobada el 16 de noviembre. “Sinceramente caímos en la cuenta que no habíamos hecho nada absolutamente positivo para a la ciudad, estábamos dando una señal muy nociva para toda la cadena agroindustrial”, señaló luego de presentar el nuevo proyecto de ordenanza. Verónica Irízar (PS), por su parte, planteó que a la iniciativa “le faltó debate, no se escucharon a otros actores en el tema”.

El proyecto del lobby sojero ingresó al Concejo el jueves, luego de que representantes del agronegocio (desde Aapresid hasta la Bolsa de Comercio) creciera fuertemente en las últimas semanas.