El ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) organismo encargado de inventariar los glaciares del país, el científico mendocino Ricardo Villalba, defendió la tarea realizada por la institución luego de que el juez federal Sebastián Casanello lo procesara en la causa que investiga la violación a la ley de Glaciares, a raíz de los derrames de la minera Barrick Gold en San Juan.
Villalba, quien fuera el primer director por concurso del Ianigla, cargo que ocupó desde 2005 hasta 2015, explicó su actuación al frente de la entidad y dio su versión a Páginai12, tras ser acusado por el juez de favorecer la actividad minera.
“La situación es extraña, las causas por los derrames se cierran, la empresa no aparece como responsable y van a terminar culpando a un instituto del Conicet, el Ianigla, cuya función es llevar adelante el Inventario Nacional de Glaciares (ING) que sirve de base a la ley de protección, para que se sepa qué áreas hay que proteger. (El instituto) no tiene función policial y no controla qué empresa o cómo afecta la actividad industrial la zona de glaciares, para eso están las autoridades de aplicación (de la ley)”, dijo el ex directivo.
El científico, doctor en Geociencias de la University of Colorado y actual Investigador Superior del Conicet, sostuvo que la acusación contra el organismo y en particular contra su persona –está procesado y embargado– porque, según el juez, se podrían haber evitado los derrames si la institución hubiera cumplido con la ley, no condice con la tarea que realizó el Ianigla primero para que se aprobara la ley, y, luego, para preservar los recursos hídricos del país con el inventario que realizaron.
El eje que sostiene la acusación de Casanello es la decisión del Ianigla de inventariar las geoformas del ambiente glacial y periglacial que fueran mayores a una hectárea de dimensión, dejando fuera las de menor extensión como algunas de las que hay en Veladero.
Según Villalba, la ley pedía que en 60 días se elaborara el cronograma de ejecución del inventario y “a los fines del inventario y no de la ley, se determinó inventariar cuerpos de hielo a partir de una hectárea. No fue una definición caprichosa, estuvo basada en estándares internacionales. Suiza mide superficies a partir de diez hectáreas, Francia a partir de cinco, igual que Canadá. Nosotros adoptamos como medida mínima una hectárea”.
De acuerdo con Villalba, la medida adoptada también respondía a la imposibilidad de ir al detalle, cuando había que mapear 4000 kilómetros y trabajar con imágenes satelitales que no permiten tanta precisión por debajo de la hectárea. “Las recomendaciones de Naciones Unidas y expertos mundiales dicen que no es errada la medida elegida”, sostuvo Villalba, y detalló que “para estudiar una zona particular existen otras herramientas de la misma ley que permiten un mayor detalle”.
Por otra parte, el investigador remarcó que “no veo por qué se busca el problema de la hectárea, cuando se relevaron en la zona 30 cuerpos de hielo con una superficie de 4 kilómetros cuadrados, 4000 hectáreas. El inventario revela la existencia de glaciares en Veladero y Pascua Lama, y eso elemento suficiente para tomar la decisión acerca de si la actividad minera puede o no continuar. Decisión que compete a los órganos de aplicación de la ley y no al Ianigla”.
Villalba recordó que “en 2006 (la ley aún no existía) el Ianigla había hecho un estudio de impacto ambiental con sectores menores a una hectárea, y los derrames ocurrieron igual porque son producto de la falta de aplicación de otras medidas. En Mendoza, con más glaciares que en San Juan, no hay derrame porque la provincia prohíbe el uso de cianuro. Nada dice que lo que no está en el Inventario no tiene que ser protegido porque todo cuerpo de hielo tiene que ser protegido”. El científico, además, aseguró que “no hay otra institución en Argentina que haya hecho tanto para la protección y el conocimiento de glaciares”.
