No les alcanza con influir en Comodoro Py

El Gobierno ya no se conforma con influir en los tribunales locales. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, envió una carta a miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para criticar a uno de sus integrantes: el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. El contenido del texto no trascendió, pero se infiere de la respuesta del jurista argentino. El macrismo lo “acusa” de ser opositor al gobierno y por lo tanto parcial. Pero como Zaffaroni no puede intervenir en casos de Argentina, sugiere que influye en el resto de los miembros del tribunal internacional. El magistrado señala en su réplica que su único compromiso es “con el derecho y con los Derechos Humanos” y que considera un insulto la sugerencia de que podría dirigir la actuación de los otros jueces (ver página 12) . “Nada lo autoriza a tomarse la atribución de sospechar de todos nosotros, porque no soy un inmoral ni mis distinguidos colegas a los que también les falta el respeto”. En su carta, Zaffaroni deja en claro además que en uso de su libertad de expresión se considera en efecto opositor, aunque sin vínculo con ningún partido político, y que piensa que este es el peor gobierno de los últimos 35 años.      

 “No puedo en este momento de regresión protagonizado por la administración de la que usted forma parte, dejar de ser opositor y ejercer toda la resistencia pacífica y no violenta que pueda”, aseguró Zaffaroni en su carta a Avruj, de la que da a entender haberse enterado a partir de que la misiva circulara entre los jueces de la Corte IDH. 

  Zaffaroni sostiene que el escrito de Avruj enviado a sus compañeros de la Corte Interamericana confirma “el grosero debilitamiento del Estado de Derecho en nuestro país y de sus pulsiones de intolerancia al pluralismo democrático” con la pretensión de prohibirme “expresar libremente mi opinión como opositor”. Recordó, además, que no está afiliado a ningún partido político ni realiza política partidista. “Mi único compromiso es con el derecho y con los Derechos Humanos”, sostiene Zaffaroni y resalta que “en ningún momento he puesto en duda la legitimidad electoral del actual gobierno, pero eso no me inhabilita para reprocharle el creciente deterioro del Estado de Derecho”. En ese sentido, el ex supremo aseguró que sus juicios contra “el peor Gobierno que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia hace treinta y cuatro años”, se fundan “en hechos concretos”. En ese punto, Zaffaroni enumeró 32 acciones de los dos años de Cambiemos que fundamentan su posición crítica. Entre otras cosas mencionó 

“el uso de prisiones preventivas para encarcelar a dirigentes opositores, la detención de Milagro Sala, la persecución sobre jueces, sindicalistas y trabajadores; y los operativos represivos en los que murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 

  El especialista en derecho penal recordó también el intento de la Casa Rosada de nombrar a dos ministros de la Corte Suprema “en comisión” por vía de decreto, el impulso de los “juicios políticos a los jueces que no responden a las instrucciones del Ejecutivo”, el traslado de jueces de distintos tribunales por decreto del Ejecutivo, y recordó las manifestaciones públicas del Ejecutivo sobre “que desea jueces propios” y  la  coacción a la (ex) Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Zaffaroni también alertó sobre las acusaciones públicas contra los abogados laboralistas, a los que Macri tildó de “mafiosos” y el avance contra los jueces de la Cámara del Trabajo “por el contenido de sus sentencias favorables a trabajadores”, además de “estigmatizar y desacreditar públicamente a todo el sindicalismo argentino”.

  El magistrado denunció las acciones para “disfrazar con diversas prendas a los opositores detenidos con excusa de seguridad y mostrarlos de este modo a los medios masivos” y el peligro de “sentar como jurisprudencia de Cámara Federal la presunción de que todo ex-funcionario puede interferir investigaciones en su contra”. En el mismo tono, recordó la lista de “650 personas como los molestos al gobierno, a quienes habría que mandar en un ‘cohete a la luna’” o las decisiones que llevan a “acallar la voz de periodistas críticos de los medios de comunicación”.

El ex juez de la Corte dedicó dos párrafos especiales para ratificar su posición ante el caso de Santiago Maldonado, uno de los puntos que Avruj habría criticado en su misiva a la Corte IDH. “Parece usted plegarse, secretario, a la idea de que éste paseaba por el borde de un río y de repente se zambulló voluntariamente en las aguas frías con ropa de abrigo, en tanto que los medios monopólicos que encubren los excesos de la actual administración difundían la falsa noticia de que se hallaba en Entre Ríos o en Chile”, le señaló. Tanto para el caso de Maldonado como el de Nahuel -”con un disparo en ‘legítima defensa’ por la espalda y de abajo hacia arriba, mientras la ministra de Seguridad se atiene estrictamente a la versión de quienes dispararon-, entre otros, Zaffaroni alertó las “reiteradas ocasiones de represión en forma irracional” llevadas adelante por el Gobierno. 

 El avance de Avruj en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da luego de que ese tribunal, en una resolución sin antecedentes, ordenara al estado argentino que “adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”. 

 Milagro Sala fue arrestada luego de encabezar una protesta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y una vez que hasta los aliados del gobierno reconocieron la ilegalidad de esa detención, la administración provincial comenzó a abrir una causa tras otra en su contra. Esta situación hizo que Naciones Unidas considerara su detención como arbitraria y que la Comisión Interamericana de derechos Humanos reclamara que saliera de la prisión para resguardar su integridad física y psíquica. El gobierno jujeño resolvió, en un principio, enviarla a una casa convertida en prisión. pero luego revirtió la medida y la devolvió al penal Alto Comedero. Con este escenario, la Comisión decidió denunciar el caso ante la Corte Interamericana, un tribunal cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la política oficial, en vez de cumplir con la resolución, es alegar la supuesta influencia de Zaffaroni y organismos de derechos humanos argentinos en el tribunal internacional y enviar una carta a otros jueces para criticar al magistrado argentino.