Una trabajadora denunció al Secretario de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe por abuso sexual simple. La presentación se hizo en la Comisaría de la Mujer de la ciudad capital de la provincia, a mediados de diciembre, y la causa avanza, aunque la feria judicial de enero profundiza el hermetismo. 

Esta semana, el miércoles 22 de enero, el Ministerio recibió un oficio relacionado con la denuncia. "El área legal está evaluando los pasos a seguir para garantizar una respuesta adecuada y acorde a las disposiciones legales", fue la respuesta oficial de la cartera sanitaria santafesina, a cargo de la médica Silvia Ciancio. Al pedido de entrevista con la ministra, la respuesta fue: "no estamos coordinando entrevistas por este tema". 

La situación de abuso sexual y de poder fue publicada -hasta ahora, únicamente- por la página web feminista Periódicas de la ciudad de Santa Fe. La denuncia de la trabajadora de planta permanente por abuso sexual simple se refiere a un hecho que ocurrió hace más de tres meses, en la oficina laboral donde tanto el funcionario como ella realizan sus tareas, en Juan de Garay y 1º de mayo, en la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia. 

El funcionario señalado es Marcelo Dellaporta y fue director del hospital de Esperanza durante diez años. Además fue concejal, siempre dentro de los partidos que hoy integran el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

Según el relato de la denunciante, el abuso sucedió en horas de la mañana, cuando la trabajadora y el funcionario estaban solos. El hombre acorraló a la joven en una zona de la oficina y la abusó sexualmente. Luego de que ocurriera el hecho la joven pidió una licencia médica que al día de hoy continúa. 

A pesar del conocimiento de la situación por gran parte de los trabajadores y funcionarios del Ministerio, hasta la llegada del oficio judicial no se habían tomado cartas en el asunto. 

El secretario denunciado no fue suspendido ni desplazado de su cargo, pero dejó de asistir al lugar de trabajo. También dejó de publicar en sus redes sociales: el último posteo en Instagram data del 6 de diciembre, y es un afectuoso saludo al gobernador Maximiliano Pullaro por su cumpleaños. 

Entre las múltiples actividades del funcionario, de una segunda línea inmediata con la ministra, se destacan las frecuentes reuniones con el senador departamental por la Unión Cívica Radical Felipe Michlig, senador provincial del departamento San Cristóbal, presidente del comité provincial de la UCR y uno de los hombres fuertes del armado político de Pullaro. 

El funcionario tiene hasta ahora a su cargo "la articulación de lo asistencial de todos los hospitales y los centros de salud de la provincia con las autoridades políticas de cada localidad". Y sigue al frente de esas tareas de manera remota, ya que sigue dando órdenes a quienes trabajan con él. 

A mediados de diciembre, la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la investigación está a cargo del fiscal Roberto Olcese de la Oficina de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las12 intentó comunicarse con Olcese y con la titular de la Oficina, Jorgelina Moser Ferro, pero no obtuvo respuestas. 

En paralelo a la investigación judicial, la gravedad de la denuncia pone el foco en la actuación institucional del Ministerio de Salud. "Desde el inicio de esta situación, se han tomado medidas de acompañamiento conforme a protocolos establecidos", se limitaron a informar desde los canales oficiales de comunicación del Ministerio.

Al mismo tiempo, dijeron que "el Ministerio está a total disposición para colaborar con la investigación y el esclarecimiento de la denuncia, poniendo a disposición de la Justicia toda la información que se requiera. El compromiso con la transparencia, el respeto por el proceso judicial y el acompañamiento integral es absoluto".

Este diario se contactó también con el abogado de la denunciante, Ricardo Calvo Arrázola, quien se excusó de brindar información hasta febrero, ya que está trabajando para constituirse como querellante y así tener intervención formal dentro del proceso penal. Hasta el final de la feria judicial, no tendrá posibilidad de hacerlo. 

Mientras tanto, las autoridades de Salud provincial deberán responder el oficio judicial y tomar las decisiones que honren el "compromiso con el acompañamiento integral".