Lxs profesionales que brindan atención a diario cuentan que con la creciente desocupación, tanto en el sector estatal como privado, el número de personas que concurren al hospital se duplicó. Son aquellas que se vuelcan al sistema de salud pública porque ya no pueden costear una medicina prepaga o se quedaron sin obra social. Con los recientes 183 despidos, el poco personal que queda no alcanza para sostener las guardias ni las internaciones, aunque la mayoría de lxs profesionales continúan brindando atención a lxs usuarixs por el compromiso ético que tienen con la salud pública.
El miércoles pasado, desde el Ministerio de Capital Humano se emitió un comunicado en el que se anunció la intervención del Hospital, acompañado de información falsa con números y cifras que no tienen correlación con la realidad, alegando que los despidos se dieron porque en el Bonaparte había una “sobredotación” de trabajadores. Frente a esta falacia, desde el hospital respondieron: “Informamos que durante el 2024 sufrimos una disminución del 20 por ciento de trabajadores, debido a los despidos del mes de agosto y a las renuncias por las malas condiciones y la precarización laboral (bajos salarios, contratos de tres meses).
Hoy el Bonaparte tiene comprometidas todas sus áreas: se despidieron 40 psicólogxs, 20 psiquiatras, también a la única odontóloga que había, decenas de enfermerxs, farmacéuticxs y personal no profesional que es vital para el funcionamiento del hospital. Desde la notificación de los despidos, lxs trabajadorxs comenzaron una permanencia activa para cuidar a las personas que se encuentran internadas y las instalaciones, debido a que tanto el director, Christian Baldino y el vicedirector se encuentran con licencia.
Estas bajas se suman a la reducción del 40 por ciento del personal que se dio en el mes de enero. “Lejos de estar sobrecargados de profesionales en el último tiempo, en mi caso por ejemplo, pasé de atender el triple de pacientes que atendía antes. En consultorios externos atiendo a 15 pacientes por día”, asegura una psiquiatra del Bonaparte que se desempeña en el hospital de día y en los consultorios externos, atiende en dos dispositivos distintos debido a la falta de personal.
El director y el subdirector del Hospital Bonaparte se tomaron licencia en octubre cuando hubo despidos y una lucha de los y las trabajadoras del Hospital para evitar el cierre con el que amenazaba el gobierno argumentando y difundiendo números falsos con respecto al funcionamiento del Hospital. Finalmente, luego de cuatro días de protestas y vigilias permanentes, hubo marcha atrás con la intención de cierre, los gremios estatales llegaron a un acuerdo parcial con el Ministerio de Salud para que el Bonaparte permanezca abierto, que la totalidad de los servicios continúen funcionando con normalidad y que no haya ningún trabajador despedido.
La motosierra en la salud pública
El Hospital Nacional Laura Bonaparte es el único centro de atención pública especializado en salud mental del país, donde reciben atención aquellas personas que no tienen una obra social porque trabajan de forma precarizada o quienes no pueden pagar un servicio de medicina prepaga, pero por sobre todas las cosas, es un lugar de contención, acompañamiento y cuidado gratuito y de calidad.
Hoy este espacio que asiste a quienes no cuentan con suficientes recursos económicos, se encuentra nuevamente en riesgo después de que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, decidió despedir a 183 trabajadorxs que se desempeñan en distintos servicios. Estos despidos son parte de lxs 1400 cesanteadxs que cumplen funciones en diversas áreas del Ministerio de Salud y de otros hospitales como el Hospital Nacional Baldomero Sommer y el Instituto Nacional del Cáncer.
El Sommer, ubicado en General Rodríguez, al oeste de la Provincia de Buenos Aires, es un lugar de referencia nacional especializado en líneas de cuidado de la Enfermedad de Hansen (lepra) y ofrece además, servicios de salud para adultxs, especialmente en rehabilitación y cuidados paliativos. En ese nosocomio despidieron a 120 trabajadores, profesionales en su mayoría con más de 10 años de antigüedad en un hospital que, al igual que en el Bonaparte, no sobra nadie.
A los despidos se suman el desmantelamiento y el cierre de políticas públicas como los programas de tuberculosis y hepatitis, lo que pone en peligro la continuidad de los tratamientos, diagnósticos y la atención de las personas con estas patologías y deja sin personal médicx especializadx que autorice tratamientos complejos para personas con tuberculosis multirresistentes que requieren de otra medicación. Estas medidas se dan en el marco del congelamiento del presupuesto para la salud pública que no se actualiza desde el 2023, con salarios sin recomposición, demora y reducción en la compras de medicamentos y un recorte del 76 por ciento del presupuesto destinado a dar respuesta al VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.
