Unas 5 de cada 100 niñas de América Latina y el Caribe se convirtieron en madres, lo que refleja el desamparo y violencia a las que fueron sometidas, en una región donde se registra la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo, según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Alrededor del 20 % de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos de los casos se trata de violaciones repetidas. En ese contexto de desprotección y en respuesta a las demandas del Movimiento Son Niñas, No Madres, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los estados de Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo.
"La decisión marca un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global, pues obliga a los Estados a que modifiquen su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, y que las niñas no enfrenten embarazos y maternidades forzadas", subraya el comunicado de Amnistía Internacional, "Ganan las niñas".
El 20 de enero, el CDH emitió tres decisiones históricas que condena a Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, tres niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a la maternidad. Las decisiones emitidas son de cumplimiento obligatorio e instan a los estados demandados a generar medidas de reparación para las víctimas, y medidas de no repetición, para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo.
"Además, abren un camino para hacer extensiva la justicia que obtienen hoy Norma, Susana y Lucía a miles de niñas en todo el mundo, pues la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los más de 170 estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", concluye el informe.
