Francisco Luperi, el ingeniero y esposo de una médica del hospital, declaró por primera vez en el caso sobre las muertes de bebés en Córdoba entre marzo y junio de 2022, en el juicio iniciado por su propia denuncia a la Justicia, en julio de aquel año. El esposo de Virginia Zamora, quien trabaja hace 14 años en el Hospital Neonatal, brindó su testimonio frente al Tribunal y al jurado popular luego de que declararan las madres de los fallecidos y de los sobrevivientes.

Cinco bebés murieron y otros ocho sobrevivieron a las inyecciones de potasio e insulina. Luperi aseguró que hablaba con su pareja sobre este caso cuando ella llegaba a su casa luego de trabajar en el centro de salud, porque ella relataba lo que sucedía cotidianamente. Desde el primer momento ambos notaron las irregularidades y el fuerte aumento de bebés que fallecían o que sufrían problemas de salud.

Luperi finalmente denunció la situación en julio de 2022 en la Fiscalía del Distrito Nº 3, a cargo de Raúl Garzón. Tras la investigación se imputó a Brenda Agüero, la acusada de inyectar potasio e insulina a los recién nacidos. Junto a esta enfermera hay otros 10 funcionarios acusados, como es el caso de Liliana Asís, exdirectora del hospital, y Diego Cardozo, el exministro de Salud cordobés.

Carlos Nayi, el abogado de las familias, le agradeció al denunciante debido a su importancia en el caso: "Es el héroe, la persona que hizo visible la tragedia a partir del 4 de julio, ya que nunca antes se había formulado denuncia policial ni judicial. Es importantísimo”. En la denuncia se incluían datos muy relevantes para la posterior investigación. Allí se señalaron 14 muertes sin explicación. Nayi dijo que la directora del hospital conocía los hechos y los quería ocultar y que en una biopsia sobre un bebé se detectaron altos niveles de potasio, pero que no se podía afirmar si eran por causas naturales, mala praxis u otro motivo.

El mismo Luperi comentó que decidió hacer la denuncia "para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos y si sucedieron los hechos". Afirmó haber hablado con su esposa médica sobre "muertes sin explicación" y aseguró que "a medida que se fueron acumulando los casos lo charlamos cada vez con más preocupación". Según Luperi "forma parte de los deberes de los ciudadanos poner en conocimiento de la Justicia para que se investigue lo que está ocurriendo".

Además, dio información de cómo se decidieron a actuar. “Quizás transcurrieron cuatro, seis u ocho semanas. Ella iba recibiendo información a destiempo. Recuerdo que un día, al volver del hospital, comentó que había más bebés muertos o con lesiones y que no se sabía la causa de eso. Entonces, tomamos la decisión en conjunto de que esta información tenía que ponerse a disposición de la Justicia para que tomara conocimiento. Eran hechos graves que involucraban vidas de recién nacidos”.

Destacó también que fue él quien denunció "para tratar de resguardarla a mi esposa" ya que ella trabajaba en el hospital aunque no fue presionada para que hablara. Además, precisó que desconocían si había una investigación, por lo que decidieron "presentar la información para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos".

Para finalizar su declaración utilizó una frase tajante: "Lo que nosotros sabíamos en concreto es que había muertes, que la situación era grave y que las respuestas no iban a estar ahí. Creímos que la Justicia era el único lugar donde teníamos que asistir".

Luego declaró la anestesióloga Virginia Zamora, esposa de Luperi. Señaló que se enteró de los casos gracias a Viviana Martínez, una instrumentadora quirúrgica del hospital. Martínez le informó en una de sus conversaciones que eran inconfundibles una aplicación de vitamina K con cloruro de potasio debido a que son diferentes las ampollas. Agregó también que el potasio se utiliza en ocasiones puntuales como un paro cardíaco, diarrea o deshidratación porque si no puede producir una arritmia. A Zamora le llamaba la atención que nadie hablara, algo que destacó también en el juicio.

En la jornada de este jueves también tuvo lugar el primer careo del juicio, por el pedido de no denunciar las muertes de los bebés que comentó Damaris Bustamante, madre de Benjamín (el segundo fallecido) y la psicóloga Carola Dunayevich. Bustamante relató que la exdirectora Liliana Asís y el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama se reunieron con ella para pedirle que no denunciara penalmente. Según el relato de la madre, respaldado por su pareja y su hermana, a los directivos los acompañaba Dunayevich.

La psicóloga declaró a pedido de la defensa de Asís y fue relevada del secreto profesional para decir que intervino en la contención de una crisis por la muerte de un hijo, lo que adjetivó como "un evento de los más conmocionantes que puede vivir un ser humano", y aseguró que le dijo a la madre que no recibió el trato adecuado en todos los tramos de su estadía, en el marco de la entrevista. Según Dunayevich esa entrevista duró de 20 a 30 minutos y les comentó lo hablado a Asís y a Escudero Salama, quienes pedirían que la familia presentara por escrito la denuncia por la presunta violencia obstétrica.

La psicóloga aceptó que Damaris estaba angustiada en esa reunión por no saber el motivo del fallecimiento de su hijo, aunque no se refirió a que le pidieran saber el motivo del deceso. Luego negó que le habían entregado clonazepam sin recomendación psiquiátrica, tal como declaró la madre.

Debido a la contradicción entre las distintas versiones Nayi, el abogado de las familias, solicitó el careo, donde Damaris aceptó no recordar si la psicóloga estaba presente cuando le pidieron que no denunciara.